Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

A juicio por embaucar a una persona con discapacidad en Badajoz para estafarle más de 20.000 euros

La fiscalía acusa a dos jóvenes y a la madre de uno de ellos de falsificar su firma para financiar la compra de dos motocicletas y revenderlas para quedarse el dinero

Los tres acusados, este jueves, en la Audiencia Provincial de Badajoz.

Los tres acusados, este jueves, en la Audiencia Provincial de Badajoz. / LA CRÓNICA

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

Dos jóvenes y la madre de uno de ellos se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz por presuntamente embaucar a un hombre con discapacidad psíquica, para obtener sus datos bancarios y financiar la compra de dos motocicletas de alta cilindrada valoradas en más de 20.000 euros, que revendieron a terceros para quedarse con el dinero.

Los hechos por los que serán enjuiciados se remontan al verano de 2019. Según el escrito de la fiscalía, los dos jóvenes, aprovechándose de su relación de amistad con el denunciante y conocedores de que padecía una discapacidad del 47% por esquizofrenia paranoide, se pusieron de acuerdo para engañarlo con el objetivo de que avalara la financiación de una motocicleta. Así, supuestamente lo convencieron para que les entregara la fotocopia de su DNI y un recibo de la nómina de la Junta de Extremadura. Además, vincularon su teléfono al suyo.

Una vez que tuvieron los documentos en su poder, acudieron a un concesionario de Badajoz para comprar dos motocicletas mediante financiación bancaria, pese a saber que carecían de solvencia para afrontar los préstamos. Según el ministerio público, uno de los jóvenes se identificó como el denunciante y el otro, como el sobrino de este último, y ambos actuaron «activamente» en la compra, presentando la documentación y firmando en nombre del perjudicado las dos operaciones «fraudulentas».

Engaño a vendedores y bancos

En un caso, imitaron su firma de manera física en papel y en el otro, la electrónica, para lo que usaron un código, «engañando a los vendedores y bancos». También domiciliaron los pagos de los dos préstamos en la cuenta de la víctima, a sabiendas de que resultarían impagados, como finalmente ocurrió «con el consiguiente perjuicio» para las entidades financieras y el denunciante, a quien los bancos reclamaban unas deudas que realmente no había contraído.

El concesionario entregó a los dos acusados las motocicletas -una Kawasaki valorada en 12.925 euros y una Honda con un precio de 7.602 euros- en agosto de 2019. Ambos, según la fiscalía, se intentaron deshacer de las motos para obtener dinero en efectivo.

En Wallapop

La Kawasaki la pusieron a la venta en Wallapop y se desconoce su paradero, mientras que Honda se transfirió a la tercera acusada, madre de uno de los investigados, que no había intervenido en los hechos anteriores, pero que, «con ánimo de lucro», sí ayudo recibiendo, ocultando y vendiendo la moto a terceros por 3.000 euros. Para ello, su hijo presuntamente habría falsificado de nuevo la firma del perjudicado.

Por estos hechos, el ministerio público atribuye a los dos jóvenes delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con otro continuado de estafa, por los que pide que sean condenados a 5 años de prisión y 12 meses de multa con cuota diaria de 15 euros. Mientras, para la tercera acusada solicita un año y medio de cárcel por un delito de receptación. La fiscalía también reclama la nulidad de los contratos de préstamo.

Más pena de cárcel

La acusación particular, por su parte, imputa a todos los acusados los delitos de usurpación del estado civil, falsedad de documento privado y público y estafa, por lo que eleva las penas y pide 11 años de cárcel. Además, demanda el dinero de los préstamos y 15.000 euros por daños morales.

Las defensas, ejercidas por Cristina León y Sofía Montero -a uno de los acusados se tiene que designar abogado de oficio tras la renuncia del suyo- solicitan la absolución.

Las partes estaban convocadas en la Audiencia de Badajoz este jueves para tratar de alcanzar un acuerdo, que no fue posible, por lo que el juicio se ha fijado para el próximo 11 de marzo de 2026.

Tracking Pixel Contents