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21D Elecciones en Extremadura

Los suplentes 'salvan' un colegio electoral en Badajoz

Ninguno de los presidentes y vocales de las dos mesas del habilitado en la Diputación de Badajoz se han presentado y han tenido que constituirse con los sustitutos

Miembros de una de las mesas electorales del colegio ubicado en la Diputación de Badajoz, todos suplentes.

Miembros de una de las mesas electorales del colegio ubicado en la Diputación de Badajoz, todos suplentes. / S. GARCÍA

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

Los 55 colegios electorales de Badajoz y sus pedanías se han abierto este domingo con puntualidad y sin incidencias reseñables, en algunos casos gracias a los ciudadanos que estaban convocados como suplentes para conformar las 196 mesas, porque los titulares no han aparecido.

El caso más llamativo ha sido el del colegio ubicado en la Diputación de Badajoz, donde ninguno de los presidentes y vocales de las dos mesas que hay han acudido y los suplentes ha tenido que asumir ocupar sus cargos y asumir con resignación que pasarían la jornada detrás de las urnas. "Hay que cumplir", coincidían. Pese al trastorno que para algunos de ellos ha supuesto este cambio de planes, se lo han tomado con humor. "Con el dinero que nos den invitaremos después a la familia", bromeaban.

Algunos ni siquiera habían desayunado, pues pensaban que volverían a casa y que el 21D solo les supondría un pequeño madrugón dominical. Han esperado hasta las 8.30 horas y, a la vista de que los titulares seguían sin llegar, han constituido las mesas y han ocupado sus puestos para que los votantes pudieran depositar sus papeletas a partir de las 9.00 horas.

Sanciones

Los cargos de presidentes y vocales en las mesas electorales son obligatorios, según establece la Ley Electoral. Por eso, si no acuden, los ciudadanos que no cumplan con esta responsabilidad pueden enfrentarse a importantes sanciones, que van desde 3 meses a 1 año de prisión y multas económicas de 6 a 24 meses.

La cuantía de estas últimas varía en función de la capacidad económica de cada infractor. En las elecciones nacionales de julio de 2023, fueron de entre 230 y 2.700 euros.

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