Condenada la empleada de una tienda de muebles de Badajoz por usar datos de un cliente para contratar tarjetas

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a la empleada de una tienda de muebles de la ciudad por utilizar los datos personales y bancarios de un cliente para contratar tarjetas y otros productos financieros para su propio beneficio, con los que generó deudas de alrededor de 9.000 euros al perjudicado.

El tribunal, que ha dictado sentencia de conformidad este jueves tras el acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular y la defensa, le ha impuesto 1 año y 10 meses de prisión y una multa de 9 meses a razón de 3 euros diarios como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con otro de estafa.

En cuanto a la responsabilidad civil, se han reservado las acciones para que las tres entidades con las que contrató los productos financieros la ejercen contra ella en concepto de deudora en un procedimiento independiente a este.

Financió su compra

Los hechos se remontan al año 2021, cuando el denunciante, de unos 65 años, acudió a la tienda de muebles en la que trabajaba la acusada y financió una compra, para lo que tuvo que aportar su DNI, su número de cuenta bancaria y otros documentos para acreditar que tenía ingresos. Aprovechando que tenía en su poder esos datos, la trabajadora contrató de forma online diversos productos financieros y facilitó un teléfono móvil a nombre del cliente, a donde llegaban los SMS de las entidades con la información de las operaciones que se realizaban. En el caso de las tarjetas de crédito físicas, dio otra dirección para que se las remitieran y poder recogerlas.

La procesada realizaba compras que no abonaba, por lo que las deudas llegaban al denunciante, que se enteró de que se habían contratado productos financieros a su nombre sin su consentimiento cuando comenzaron a pasarle reclamaciones para que procediera a los pagos.

En ficheros de morosos

Además de este perjuicio, según ha explicado el abogado de la acusación particular, Julio Zambrano, su representado fue incluido en los ficheros de morosos, "con lo que no podía ni contratar un teléfono móvil".

La fiscalía solicitaba inicialmente 3 años de prisión para la empleada de la tienda de muebles, que la acusación particular elevaba a 4.

Aunque antes del inicio del juicio la acusada ha querido renunciar a su defensa porque no habían contactado previamente para preparar la defensa -la letrada ha asegurado que pese a los múltiples intentos no consiguió localizarla-, lo que hubiera supuesto la suspensión del juicio, el tribunal ha entendido que estaba actuando de "mala fe", por lo que no ha admitido el cambio de abogado. De hecho, a preguntas del presidente de la Sala ha reconocido que aún no tenía otro letrado. "No se pueden suspender los juicios de manera caprichosa", le ha recriminado José Antonio Patrocinio.

La fiscalía y la acusación particular se han opuesto a la suspensión de la vista por este motivo, tras lo que ha habido un receso y las partes han llegado a un acuerdo.

No irá a prisión

La defensa ha solicitado la suspensión de la pena de prisión, que el tribunal, con el beneplácito de las acusaciones pública y particular, ha aceptado al cumplir con los requisitos, por lo que no irá a la cárcel. No obstante, este beneficio ha quedado condicionado a que no delinca en los próximos 3 años, pues, en caso contrario, la medida se revocará e ingresará de inmediato en el centro penitenciario.