Los abogados mutualistas de Badajoz protestan por sus pensiones: "No podemos jubilarnos dignamente"

"Mi padre murió con 82 años trabajando como procurador porque no podía jubilarse", explica Natividad, una de los 30 abogados y procuradores que se han concentrado este viernes frente a la sede del PSOE de Badajoz por motivo de sus jubilaciones. Esta protesta llega porque, según indican, hasta el año 1995 estaban obligados a tributar a la Mutua de la Abogacía. A partir de ese año, el Gobierno de España les ofreció la voluntariedad de pasarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), con la desventaja de perder los años ya cotizados previamente en la mutualidad.

Ahora, estos trabajadores que han continuado como mutualistas se acercan a una jubilación con, según dicen, "pensiones de 400 euros y sin coberturas equiparables a las del sistema público ante enfermedad o incapacidad".

Se sienten desprotegidos

La manifestación ha sido convocada por el Movimiento J2 y la plataforma 'Pasarela al RETA', que exigen al Gobierno de España, en concreto al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, una entrada en el RETA transfiriendo uno por uno cada año cotizado, lo que denominan como la "exigencia 1x1".

"El Gobierno central quiere que compremos cotizaciones con lo que tenemos acumulado en la mutualidad", señala Teresa Tinoco, portavoz del Movimiento J2 en Badajoz. Lo que traducen como si hubiesen "estado fuera del sistema todos estos años". Tinoco sostiene que los abogados mutualistas afectados han tenido que abonar "la asistencia sanitaria, las bajas y los gastos de farmacia por su cuenta" hasta ahora.

Alegan que son más de 100.000 los profesionales a nivel nacional con mutualidades alternativas que alcanzarán la jubilación "desprotegidos y sin garantías". Con respecto al número de pacenses que se ven afectados por esta situación, Tinoco desconoce el número exacto, pero calcula que, "si hay 1000 abogados en Badajoz, mínimo 600 podrían estar afectados".

Una ley estancada

La propuesta de una "pasarela al RETA", presentada como Proposición de Ley por el Grupo Socialista en noviembre de 2024 en el Congreso, se encuentra actualmente paralizada, lo que ha motivado las protestas frente las sedes provinciales del PSOE a lo largo de todo el territorio nacional.