Castuera recuerda a Belén Cortés poniendo su nombre a una plaza en el primer aniversario de su muerte

El asesinato de Belén Cortés, la educadora de 35 años a quien tres menores quitaron la vida en un piso de cumplimiento de medidas judiciales de Badajoz la noche del 9 de marzo de 2025, conmocionó e indignó a toda España. Pero esos sentimientos se multiplicaron en su pueblo natal, Castuera, donde se había criado y reside su familia.

A punto de cumplirse el primer aniversario del terrible crimen, el ayuntamiento va a poner su nombre a una plaza de la localidad este viernes. Este reconocimiento se aprobó en pleno el pasado enero con el apoyo unánime de la corporación municipal. Ninguno de sus vecinos la ha olvidado, pero con este espacio dedicado a su memoria su recuerdo será eterno.

Los tres menores acusados de su muerte -dos chicos y una adolescente, que tenían 14, 15 y 17 años cuando sucedieron los hechos- fueron enjuiciados y condenados por asesinato, los varones como autores materiales y la joven, como cómplice.

El juicio quedó visto para sentencia el 31 de octubre del año pasado, tras tres días de vista a puerta cerrada, pero la jueza no emitió su fallo hasta el 11 de diciembre. A los dos menores les impuso 6 años de internamiento en régimen cerrado (el máximo castigo que contempla la Ley de Responsabilidad Penal del Menor) y a la adolescente, 5 años.

Además, se condenó a la Junta de Extremadura a indemnizar a la familia por los daños morales con 620.000 euros como responsable civil solidaria y directa.

Cuando se conoció la sentencia, esta última ya había salido en libertad del centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi. Lo había hecho una semana antes -el 3 de diciembre-, tras agotarse el plazo máximo de prórroga de la medida cautelar de internamiento que se decretó cuando los tres fueron detenidos al día siguiente del crimen.

Los varones continuaron internos, donde permanecen a día de hoy, por tener condenas pendientes por otras causas. Este tiempo se les descontará de la condena. Los abogados del chico de 15 años y de la adolescente, José Duarte y Leopoldo Torrado, respectivamente, recurrieron la sentencia ante la Audiencia Provincial de Badajoz. La familia del tercero pidió a su abogado, Antonio Pitera, que no lo hiciera.

Aún no se ha señalado la vista pública para dirimir las apelaciones. Mientras tanto, el fallo no será firme y la chica podrá continuar en su domicilio. Ninguna de las fuentes consultadas por este diario ha precisado cuándo cumplen las condenas por las que los otros dos menores siguen en el Marcelo Nessi y si podrían ser puestos en libertad antes de que haya resolución judicial definitiva.

La jueza dio por probado que la noche sobre las 22.00 horas del 9 de marzo de 2025, uno de los dos menores atacó de forma sorpresiva a la educadora, a la que, junto al otro chico, agredieron de manera coordinada y premeditada, dejándola sin posibilidad de defensa hasta acabar con su vida.

El fallo recoge que, aunque la adolescente no participó en la agresión, sí colaboró con ellos en el registro del piso -se apoderaron de diferentes objetos y pertenencias personales de Belén Cortés, entre ellas las llaves de su coche, en el que huyeron- y en su plan de fuga, lo que la convierte en cooperadora necesaria del delito de asesinato.

La responsabilidad civil se la imputa íntegramente a la Junta no solo en el caso de los dos menores que estaban bajo su tutela efectiva -el chico de 15 años y la chica de 17-, sino también en el de 14 años, porque sus progenitores no tenían capacidad de control sobre su hijo al estar interno en un recurso dependiente de la Administración regional, que es la «única garante de la prevención y control de todos ellos».

Según el fallo, también se da por acreditado que los medios de seguridad de los que estaba dotado el piso de la Urbanización Guadiana, que gestionaba la empresa Cerujovi, eran «insuficientes» para la adecuada protección de los menores y de los profesionales. Solo había educadora para varios usuarios de «altísimo riesgo», sin materiales de seguridad básica ni un plan de intervención y, pese a las sucesivas fugas -los dos menores habían sido retornados a la vivienda solo un día antes del crimen tras varios días de huida- y el deterioro de la convivencia, no se tomaron medidas.

El piso se cerró tras el asesinato y solo entonces fue cuando se reforzó el personal en este tipo de recurso. El asesinato de Belén Cortés hizo que saliesen a la luz pública las precarias condiciones laborales en las que desempeñaban sus funciones ella, sus compañeros y otros muchos profesionales del ámbito de los servicios sociales.

Más cambios

Hubo manifestaciones, protestas en distintas ciudades del país y compromisos de mejora por parte de las administraciones, pero los trabajadores han seguido denunciando que las medidas no son suficientes para evitar que se volvieran a repetir unos hechos tan terribles y urgen más cambios.

Durante el juicio por el crimen de la educadora, sus compañeros volvieron a concentrarse junto a los juzgados para mostrar su apoyo a la familia y para advertir de que esta tragedia «se pudo haber evitado y jamás puede quedar en el olvido».

Medalla de Extremadura

Para rendir homenaje a la vida y trabajo de Belén Cortés, una profesional vocacional y comprometida que siempre fue más allá de su mera responsabilidad laboral, el Grupo de Acción Social y Sindical ha vuelto a solicitar que se le conceda la Medalla de Extremadura a título póstumo. Ya han iniciado una campaña de adhesiones y otra de recogida de firmas en change.org. Los promotores defienden que con la concesión de la máxima distinción de la comunidad autónoma a la educadora no solo se le brindará a ella un reconocimiento justo , necesario y urgente» a ella, sino que también supondría «visibilizar y dignificar» la labor de las personas trabajadoras del sector social, porque Belén simboliza «a todas las personas que cuidan, acompañan y sostienen vidas desde el compromiso y la vocación, muchas veces sin los recursos ni la protección necesarios».