El querellante no comparece en el juicio contra la jueza de Badajoz acusada de prevaricación

El juicio a una magistrada de Badajoz acusada de prevaricación no ha podido quedar visto para sentencia este viernes en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) debido a la incomparecencia del empresario que presentó la querella, que no ha acudido a la vista, pese a estar citado como testigo.

Su abogada ha asegurado que desconocía el paradero de su cliente y el tribunal le ha dado un plazo de 10 días para justificar los motivos de su ausencia. El juicio se retomará el próximo 13 de abril y está previsto que ese día declaren el querellante y la acusada, cuya defensa, en manos de José Duarte, ha solicitado que lo hiciera en último lugar.

«Es una burla más de este señor a la Administración de Justicia española, de la que lleva burlándose desde 2018», ha afirmado el letrado sobre la incomparecencia del denunciante. «Sienta en el banquillo a una magistrada del Reino de España, una de las más trabajadoras, por un retraso y no comparece, después de que ya lo tuvieron que ir a buscar a Dubai por otro juicio», ha añadido Duarte, visiblemente contrariado por la situación.

Como adelantó este diario, la jueza -titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Badajoz y de baja médica en la actualidad- está investigada por presuntamente haber dictado resoluciones «arbitrarias» para dilatar el embargo de una cuenta bancaria con 830.000 euros a un empresario, a quien ella había condenado por un delito de insolvencia punible y que, posteriormente, fue absuelto por la Audiencia de Badajoz, que ordenó el desbloqueo de estos fondos.

La fiscalía solicita para ella por un delito continuado de prevaricación judicial 16 años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público y una indemnización de 10.000 euros al querellante. Como calificación alternativa, plantea que sea considerada responsable de un delito de retardo malicioso en la administración de justicia y se la inhabilite durante un año. La acusación particular eleva a 20 años la inhabilitación y a 70.000 la responsabilidad civil, y la defensa pide su absolución.

"Ni animadversión ni inquina ni dolo"

En el juicio sí testificaron varios testigos, entre ellos el fiscal y la letrada de la Administración de Justicia que intervinieron en la causa por la que la jueza fue denunciada. Ambos, según Duarte, corroboraron que el retraso del desbloqueo de la cuenta se debió al volumen de trabajo que hay en los juzgados y que «nunca ha habido ningún tipo de animadversión, inquina o dolo» por parte de la acusada hacia el querellante.

El abogado defiende que a la magistrada la avalan 33 años de ejercicio profesional «sin mácula alguna», en los que no ha hecho otra cosa que trabajar «sin medios materiales ni humanos», que ha suplido con «esfuerzo, responsabilidad, independencia y con absoluta imparcialidad».