Piden 9 y 4 años de cárcel para dos acusados de traficar con cocaína en Badajoz

Nueve años de prisión y multa de 300.000 euros para uno y 4 años de cárcel y multa de 600 euros para otro. Son las penas que solicita la fiscalía para dos acusados de traficar con cocaína en Badajoz.

El juicio por estos hechos está previsto este miércoles en la Audiencia Provincial. Las defensas de los dos procesados, en manos de Rosa Dorado y Raúl Montaño, niegan las acusaciones que recaen sobre sus clientes y reclaman su absolución.

Según el ministerio público, los dos investigados estaban siendo objeto de seguimiento por la Policía Nacional por presuntamente dedicarse a la distribución de droga en la ciudad. Así, en el verano de 2023, los agentes observaron cómo uno de ellos -para el que se piden 4 años de cárcel- supuestamente entregaba envoltorios con cocaína a distintos clientes en diferentes zonas de la ciudad.

Ese mismo mes, los policías vieron llegar al otro acusado a casa del primero, que abandonó tras «una visita rápida». Al ser interceptado, le intervinieron un envoltorio con polvo y roca que dio positivo en cocaína.

Este último, según el relato de la fiscalía, en la primavera de 2025 vivía en una furgoneta en la misma zona donde tenía su domicilio el otro procesado y se detectó que realizaba numerosos viajes a una nave donde se alquilan trasteros, ubicada en otra barriada de la ciudad. En uno de esos viajes, los agentes observaron cómo llegaba portando bolsas y salía a los pocos minutos portando unos objetos, que introdujo en el vehículo, para dirigirse después a otra dirección y hacer entrega de un envoltorio a un tercero.

De manera "espontánea"

Pocos días después, los investigadores identificaron a este acusado y registraron su furgoneta, sin hallar rastro de droga. No obstante, según el ministerio público, él mismo, de «manera espontánea y voluntaria», les dijo que lo acompañaran al trastero, sonde fue localizada una bolsa de plástico negra en la que había cinco paquetes, que resultaron contener 1.600 gramos de cocaína, con un valor en el mercado ilícito de más de 140.000 euros. En su escrito, la fiscalía expone que el acusado autorizó la entrada a los agentes al trastero para que lo inspeccionaran, para lo que firmó un acta con su consentimiento.

Una vez hallado el alijo, aseguró que lo obligaban a guardar la droga y que no podía decir de quién era porque «me matan».

Los agentes detuvieron ambos acusados. El ministerio público solicita 9 años de prisión para el dueño de la furgoneta por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud y notoria importancia, y para el otro, 4 años por un delito contra la salud que causan grave daño a la salud.

Sin consentimiento

La defensa del primero, Rosa Dorado, ha solicitado la nulidad de las actuaciones por vulneración de derechos fundamentales de su representado. Así, sostiene que se produjo indefensión porque el registro se llevó a cabo sin la presencia de su letrado y no se respetó la inviolabilidad del domicilio, porque se inspeccionó el trastero -que se considera morada al carecer su cliente de domicilio y tener allí sus pertenencias guardadas- sin autorización judicial.

En este sentido, la abogada mantiene que su defendido no consintió el registro y que cuando llegaron los agentes, el trastero ya estaba abierto, una circunstancia que había comunicado su cliente al gestor de estos espacios, ya que el suyo se lo había encontrado manipulado varias veces con anterioridad.