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Crimen de Belén Cortés: los recursos contra la sentencia de dos de los menores condenados llegan a la Audiencia de Badajoz

El tribunal dirimirá si estima los argumentos de las defensas de uno de los varones y de la adolescente, que piden su absolución, o confirma la sentencia que los condenó a 6 y 5 años de internamiento por su asesinato

De izquierda a derecha, los abogados Raúl Montaño (acusación particular), José Duarte (defensa) y Leopoldo Torrado (defensa), este miércoles.

De izquierda a derecha, los abogados Raúl Montaño (acusación particular), José Duarte (defensa) y Leopoldo Torrado (defensa), este miércoles. / LA CRÓNICA

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

Cinco meses después de que tres menores fueran condenados por el asesinato de la educadora Belén Cortés, la Audiencia Provincial de Badajoz ha acogido este miércoles la vista de los recursos de apelación de dos de ellos contra la sentencia que el Juzgado de Menores dictó el pasado mes de diciembre.

Los dos varones, que cuando ocurrieron los hechos tenían 14 y 15 años, fueron castigados a 6 años de internamiento en régimen cerrado como autores materiales del crimen y la adolescente, que contaba entonces con 17, a 5 años como cómplice. El primero, por decisión de su familia, no recurrió la condena, pero los otros dos sí lo hicieron.

Sus defensas, en manos de José Duarte y Leopoldo Torrado, mantienen que no participaron en el asesinato de la educadora la noche del 9 de marzo de 2025 en el piso de cumplimiento de medidas judiciales en el que convivían los tres y a cuyo cargo estaba únicamente Belén Cortés.

La vista se ha desarrollado a puerta cerrada y ahora el tribunal debe dirimir si admite íntegramente las alegaciones de los condenados, lo que supondría su absolución; si los estima en parte, lo que podría modificar las medidas; o si los desestima y confirma la condena, como piden la fiscalía y la acusación particular, ejercida por Raúl Montaño, que han impugnado los recursos.

El abogado del menor que ha recurrido sustenta sus alegaciones, entre otros motivos, en el error de la valoración de la prueba. En este sentido, Duarte señala el testimonio persistente de su representado, quien «desde el primer momento», y hasta día de hoy, ha mantenido que estuvo presente, pero que no participó en los hechos. «No ha cambiado ni una coma», recalca.

El letrado, además, insiste en que la muerte de la educadora se podría haber evitado si se hubieran adoptado medidas por parte de la Junta de Extremadura, como responsable de los menores, tanto con su representado como a la hora de «ubicar en el mismo recurso a menores con perfiles tan diferentes».

Desidia

En este sentido, se refiere a un informe técnico emitido por el Servicio de Adolescencia y Familias, a petición de la propia Abogacía de la Administración regional, en el que, según Duarte, «se reconoce paladinamente» que no se hicieron entrevistas a los tres menores para determinar si era o no adecuado que compartieran el mismo piso y que también recoge que el Juzgado y la Fiscalía de Menores eran «conocedores» de las dificultades de convivencia de su representado durante el cumplimiento de las medidas judiciales, porque así se lo había trasladado la propia Junta. «Hay más de 50 escritos de su padre intentando que la administración tomara medidas y no lo hizo en 12 años», añade Duarte, para quien ha habido "absoluta desidia" con su caso.

No participó en el plan

Por su parte, el principal argumento del recurso de la defensa de la adolescente es que la jueza del Juzgado de Menores, un día después de notificar la sentencia, dictó un auto en el que ampliaba el relato fáctico en cuanto a su representada, es decir, que consideraba probados hechos que no se habían dado por acreditados en el fallo. «Esto quiebra del principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales», defiende Torrado, que entiende que ese auto no corrige un error de transcripción de la sentencia original, sino que refuerza el papel de su defendida como cómplice, cuando ella «no participó en la planificación ni sabía lo que estaba pasando», dice.

Ni error ni indefensión

La acusación particular, sin embargo, considera que no ha existido error en la valoración de la prueba. «No hay un error fuera del sentido común ni grosero», señala Montaño. Tampoco entiende que se haya causado indefensión a la menor por el auto dictado por la jueza, porque, aunque este último no era recurrible, sí ha podido alegar contra la totalidad de la sentencia en apelación ante la Audiencia, con lo que esta parte «ha tenido esta segunda instancia para ejercer su derecho a la defensa».

El abogado de la familia de Belén Cortés confía en que el fallo del Juzgado de Menores sea ratificado. Si es así, las defensas pueden recurrir en casación al Tribunal Supremo, aunque los motivos para que sean admitidos los recursos son «muy limitados». La última vía es el de amparo ante el Constitucional.

Los tres, en el Marcelo Nessi

Los tres condenados se encuentran internados en estos momentos en el Marcelo Nessi. Aunque la adolescente salió en libertad días antes de que se dictara la sentencia condenatoria, al cumplirse el máximo de 9 meses de la medida cautelar de internamiento, ingresó de nuevo antes de Navidad por otra causa, aunque está a punto de cumplir la medida judicial.

Los dos menores también están en el centro por otros hechos previos.

Los 9 meses del internamiento preventivo se descontarán de la condena.

La Junta de Extremadura no ha abonado aún los 620.000 euros de la indemización a la familia de la educadora

La Junta de Extremadura aún no ha abonado a los familiares de Belén Cortés los más de 620.000 euros con los que fue condenada a indemnizarlos como responsable civil solidaria y directa por el asesinato de la educadora. «No es que la familia no haya recibido la indemnización, sino que tampoco se ha consignado ninguna cantidad en la cuenta del juzgado», lamenta su abogado Raúl Montaño.

En este sentido, el letrado reprocha que la Administración regional, tras dictarse sentencia condenatoria el pasado mes de diciembre, asegurara ante la opinión pública que iba a respetar las decisiones judiciales e iba a darle cumplimiento, cuando cinco meses después «la familia sigue a la espera». La Junta de Extremadura no ha recurrido el fallo del Juzgado de Menores en apelación, por lo que la acusación particular entiende que la sentencia «es firme» para esta parte. «Es más, es que al ser firme, está generando intereses, puesto que el momento de haber abonado la indemnización ya ha pasado varios meses», advierte el abogado, quien avanza que así se planteará en ejecutoria.

Montaño explica que la acusación particular ha podido solicitar durante este tiempo que se dictara la firmeza de la sentencia para el menor que no ha presentado recurso de apelación, pero que no lo ha hecho con el ánimo de no «quebrantar» la ejecutoria hasta que haya un fallo definitivo para los dos recurrentes, «pero eso no quiere decir que no sea firme», ha querido dejar claro.

El abogado de la familia de Belén Cortés es consciente de que ningún dinero va a sanar las heridas que ha abierto el asesinato de la educadora, pero entiende que sin percibir la indemnización «tiene capítulos por cerrar en todas las vías»: en la penal, porque la sentencia ha sido recurrida por dos de los menores y en la civil, porque la responsabilidad no está abonada. «Es decir, estamos en el mismo punto que cuando empezó el juicio», afirma.

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