La Asociación Migrante-Obrera critica que el Ayuntamiento de Badajoz no ofrezca alternativa a las personas desalojadas de la estación

La Asociación Migrante-Obrera de Extremadura (Amoex) ha mostrado su profunda preocupación y rechazo tras el desalojo de 17 personas migrantes sin hogar que pernoctaban en la estación de autobuses de Badajoz, una actuación llevada a cabo por la Policía Nacional en la noche de ayer y que, según ha trascendido públicamente, no habría sido ordenada por la Delegación del Gobierno en Extremadura.

Desde Amoex consideran especialmente grave que, mientras las distintas administraciones se desvinculan de la responsabilidad política sobre lo ocurrido, decenas de personas continúan sobreviviendo en las calles de Badajoz sin acceso a una alternativa habitacional digna, estable o segura.

"Desplazar el problema"

La asociación recuerda, a través de su presidente, Alejandro Peña, que estas personas utilizaban desde hacía meses la estación de autobuses como refugio nocturno ante la ausencia de recursos suficientes de acogida y denuncia que “expulsar a personas vulnerables de un espacio sin ofrecer ninguna solución no resuelve absolutamente nada; únicamente desplaza el problema y condena a estas personas a una situación todavía más precaria”.

Amoex señala además la responsabilidad política del Ayuntamiento de Badajoz y de su alcalde, Ignacio Gragera, ante una realidad social que consideran “cronificada y deliberadamente invisibilizada”. La asociación denuncia que el consistorio “permanece impasible ante la imperiosa necesidad de personas sin hogar, sean nacionales o extranjeras, sin garantizar unas mínimas condiciones de vida digna que deberían estar aseguradas para cualquier ser humano”.

En este sentido, recuerdan que el ayuntamiento no ha habilitado durante los últimos temporales y olas de frío espacios municipales adecuados para atender a personas sin techo, citando específicamente el antiguo albergue del Revellín, “que continúa cerrado tras años sin ofrecer servicio alguno pese a la emergencia social existente”.

Una deriva política que "alimenta la inseguridad"

Para la organización, lo sucedido evidencia además “una peligrosa deriva política basada en alimentar una falsa sensación de inseguridad”. Según explican, cuando las administraciones abandonan a personas vulnerables y no garantizan un mínimo habitacional, estas personas inevitablemente terminan ocupando espacios públicos para poder sobrevivir.

“Después, esa misma realidad social provocada por la inacción institucional es utilizada políticamente para intentar instalar en la ciudadanía la idea de una ciudad tomada por el desorden y la inseguridad”, denuncian desde la asociación.

Amoex considera especialmente grave que determinados discursos de la derecha y la extrema derecha sobre las supuestas “ayudas” o “privilegios” que reciben las personas migrantes se desmoronen frente a episodios como este, donde queda patente que muchas de estas personas sobreviven sin recursos básicos, sin alojamiento y completamente abandonadas por las administraciones públicas.

Asimismo, la asociación solicita que se abra una investigación para esclarecer quién ordenó realmente la actuación policial y bajo qué criterios se produjo el desalojo, después de que la propia Policía Nacional haya desvinculado la intervención de una orden directa de la Delegación del Gobierno.

Finalmente, Amoex exige a las distintas administraciones públicas que abandonen las políticas de mera expulsión o desplazamiento de la pobreza y actúen de manera urgente para garantizar soluciones habitacionales dignas, recursos de acogida suficientes y políticas sociales centradas en los derechos humanos y la dignidad de las personas.

“La humanidad de una ciudad no se mide por las procesiones ni por los discursos institucionales, sino por cómo trata a quienes no tienen nada”, concluyen desde la organización.