¿Cómo se solicita protección internacional? Las claves para pedir asilo en Badajoz

Muchos de los 17 migrantes procedentes de Mali de la estación de autobuses de Badajoz el pasado lunes han llegado a la ciudad buscando refugio y huyendo de los conflictos armados en los que está sumido su país desde 2012. Por ello, ya hay varios que han reclamado el asilo y otros muchos están en vía de hacerlo.

La protección internacional es el mecanismo legal que permite a España ofrecer amparo a personas extranjeras que huyen de guerras, persecuciones o situaciones graves de violencia en sus países. Este derecho, reconocido en la Constitución Española y regulado por la Ley 12/2009, incluye tanto el derecho de asilo como la protección subsidiaria.

En términos prácticos, se concede a quienes no pueden regresar a su país porque su vida, libertad o integridad corren peligro. Entre los motivos más frecuentes figuran la persecución por raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, orientación sexual o pertenencia a un determinado grupo social.

¿Quién lo puede solicitar?

La legislación española contempla distintas formas de persecución o daños graves. Entre ellas destacan: la violencia física o psicológica; la violencia sexual; las leyes o medidas discriminatorias y las condenas desproporcionadas, entre otras.

Además, las personas que hayan sufrido torturas o tratos inhumanos en su país de origen, amenazas derivadas de conflictos armados o riesgo a pena de muerte también están amparadas por el derecho español para reclamar la protección.

A ellos se unen otros factores del ámbito personal como el origen étnico, la religión, las opiniones políticas, la identidad cultural o la orientación sexual.

¿Qué pasos hay que seguir?

El procedimiento consta de varias fases y puede iniciarse en territorio español, puestos fronterizos o centros de internamiento. Lo primero que debe hacer el migrante es manifestar la voluntad de solicitar dicha protección. Este primer paso puede realizarse ante la Policía Nacional, oficinas de extranjería o autoridades competentes.

En la propia Jefatura Superior de Policía Nacional dan cita para una semana más tarde en la que se realiza una entrevista personal en la que el solicitante explica su situación y aporta la documentación o pruebas si dispone de ellas que acrediten el riesgo que sufren en su país de origen. Tras esta entrevista se entrega al solicitante un resguardo conocido popularmente como hoja blanca.

El tercer paso que se da es el estudio del expediente: la Oficina de Asilo y Refugio analiza cada uno de los casos de manera individual. Durante este periodo de tiempo pueden reclamar informes adicionales o entrevistas complementarias al migrante.

El último paso lo ejecuta el Ministerio del Interior que tiene que resolver si concede o no el estatuto de refugiado, la protección subsidiaria o deniega la solicitud. Esta resolución se comunica oficialmente al interesado.

Derechos de los solicitantes

Las personas que solicitan protección internacional tienen derecho a asistencia jurídica gratuita, intérprete, atención sanitaria básica y acceso a programas de acogida social. Además, transcurridos seis meses desde la admisión de la solicitud, pueden obtener autorización para trabajar en España.

La protección internacional se ha convertido en una herramienta esencial para miles de personas que buscan rehacer su vida lejos de la persecución, la violencia o la guerra. Comprender cómo funciona este procedimiento resulta clave para conocer uno de los principales mecanismos de defensa de los derechos humanos en Europa.

Diferencia entre asilo y protección subsidiaria

El asilo se reconoce a las personas consideradas refugiadas. Es decir, aquellas que sufren una persecución directa y acreditable en su país de origen. Por ejemplo, periodistas amenazados, opositores políticos, personas perseguidas por su orientación sexual o víctimas de violencia por motivos religiosos.

Por otro lado, la protección subsidiaria se aplica cuando no existe una persecución individual clara, pero sí un riesgo real si la persona regresa a su país. Es el caso de quienes huyen de conflictos armados, violencia indiscriminada, torturas o amenazas graves contra la vida.

En ambos supuestos, España garantiza la no devolución ni expulsión de la persona solicitante mientras se estudia su caso y, si la protección es reconocida, permite residir legalmente en el país.