El abogado de la familia de Belén Cortés: "Es increíble que un error judicial repercuta sobre la víctima"

Indignación. Es el sentimiento de la familia de Belén Cortés tras conocer la decisión de la Audiencia de Badajoz de absolver del delito de asesinato a la menor condenada como cómplice de los dos autores materiales del crimen de la educadora.

"Es increíble que un error judicial repercuta sobre la víctima", lamenta Raúl Montaño, abogado de la acusación particular, que adelanta que ya está estudiando presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia, así como plantear una posible responsabilidad patrimonial ante la Administración de Justicia.

La Audiencia ha revocado la medida de 5 años de internamiento en régimen cerrado que el Juzgado de Menores impuso a la adolescente como cómplice de un delito de asesinato por un "error" en el cuerpo de los hechos probados de la sentencia de instancia, en los que no se recogía la participación de la menor en el crimen. La jueza trató de corregirlo, al día siguiente de dictarla, con un auto de aclaración en el que se ampliaba el relato fáctico con respecto a la chica, pero su defensa, Leopoldo Torrado, recurrió y solicitó su nulidad.

Los magistrados de la Audiencia le han dado la razón al considerar que el auto de la jueza de Menores excede el concepto de rectificación y supone prácticamente la redacción de una nueva sentencia, lo que quebranta la intangibilidad de las resoluciones judiciales, un principio que impide modificar o revisar los fallos una vez dictados y notificados.

La acusación particular, sin embargo, entiende que el auto de aclaración "no perturba" el derecho de defensa de las partes, pues se podía recurrir la sentencia en apelación.

Los familiares de Belén Cortés se sienten agraviados por este error. "La familia está indignada desde el principio con cómo se ha desarrollado el procedimiento", ha reconocido Montaño. En este sentido, ha recordado que la "lentitud" de la justicia provocó que el juicio se retrasara, incluso llegando a caducar las medidas cautelares de internamiento para los menores, así como que a fecha de hoy, a pesar de que la Junta de Extremadura, condenada como responsable civil, no recurriera el fallo, aún no se haya indemnizado a los familiares de la educadora.