Vecinos del barrio de Santa Clara de Badajoz exigen "arreglar la chapuza" de la Junta

En las viviendas del barrio pacense de Santa Clara se está librando una batalla contra una obra de rehabilitación que ofrecía bienestar, pero que ha terminado por sembrar la indignación. Lo que prometía ser una ambiciosa mejora de la eficiencia energética de las viviendas de protección oficial (VPO) de la Junta de Extremadura, se ha transformado, según denuncian los propios residentes, en una cadena de desperfectos técnicos y un trato humano degradante que ha colmado su paciencia.

Las obras se han llevado a cabo en 60 viviendas de 5 edificios de la avenida Salvador Allende y la calle Rigoberta Menchú, y comenzaron hace unos 3 años. La previsión para finalizar la rehabilitación, según informó la Junta de Extremadura, se fijó para el primer trimestre de este año, aunque eso aún no se ha producido. La empresa adjudicataria fue Fontelex, y el presupuesto de obra ha sido de algo más de 2 millones de euros.

Las evidencias visuales y los testimonios no dejan margen a la duda. Las viviendas sufren filtraciones severas, humedades que trepan por muros y ventanas, una condensación que deteriora los revestimientos y un largo etcétera de problemas que solo suponen la punta del iceberg. Las puertas de los portales no cierran, las rejas y los vierteaguas están oxidados, el revestimiento exterior tiene huecos y han eliminado los toldos de los ventanales traseros -ahora reciben de lleno el sol que entra desde el exterior ya que tampoco tienen persianas-.

Ventanas "sobrepuestas" y materiales deficientes

El núcleo del descontento vecinal se concentra en la instalación de las nuevas ventanas. Los afectados denuncian que estas han sido, literalmente, "sobrepuestas", una obra ejecutada "sin el más mínimo rigor técnico". Las juntas de los marcos son irregulares, cuentan con grietas y la silicona no termina de cerrar los espacios que quedan. "Han echado silicona sin entendimiento ninguno de una forma que yo, mismamente, podría haber hecho mejor", denuncia una de las vecinas. Esta falta de adherencia provoca la aparición de espacios por donde el aire y el agua penetran directamente a las viviendas, anulando cualquier posible aislamiento térmico.

A esto se suma el alarmante estado de las rejas de protección, que son fijas y no se pueden abrir en la mayoría de casas. Tanto estas rejas de ventanas y puertas como los vierteaguas ya presentan signos preocupantes de deterioro con la aparición de muchas manchas de óxido y la pintura levantada. Pero los destrozos no se limitan al exterior: los operarios de la empresa han provocado la rotura de molduras y azulejos en el interior de las viviendas durante el proceso, dejando tras de sí un rastro de escombros y zonas sin pintar. Por ello, muchos vecinos han decidido, por voluntad propia, arreglar algunos de los desperfectos que han quedado en sus domicilios.

Para mejorar la eficiencia energética, el proyecto también incluía la instalación de nuevos sistemas de climatización que ha derivado en un problema mayor. Los vecinos confirman que muchos aparatos nuevos, directamente, no funcionan tras el cambio. Incluso hay unidades que "echan agua por las rejillas". Además, denuncian el bloqueo de los desagües de las viviendas, por lo que no pueden evacuar el agua de lluvia ni de los electrodomésticos del interior. "¿Ahora por donde se supone que debe salir el agua?", se preguntan los vecinos, que ven como un riesgo posible que el agua acabe filtrándose hacia los cimientos, agravando aún más las humedades que ya presentan.

Asimismo, varios patios interiores permanecen inacabados, sin cierres y dejando la seguridad y la eficiencia expuestas a la intemperie. Agujeros, cristales que no se pueden limpiar, zonas rellenas con cemento a la vista y sin persianas que bloqueen el sol que reciben todo el día. Además, les han eliminado los toldos y, si quieren instalarlos de nuevo, deben hacerlo "bajo su responsabilidad" por la posibilidad del desprendimiento del material que cubre la fachada.

"Nos han tratado y hablado fatal"

Más allá de la evidente degradación material y fallos en los acabados, lo que más ha herido a los vecinos de Santa Clara es la desatención y el desprecio verbal que afirman haber sufrido. Señalan de forma directa a los responsables de la empresa constructora adjudicataria, identificada como Fontelex SL. "Los trabajadores y responsables de esta empresa nos hablan de malas maneras. Nos han tratado y hablado falta", denuncian varios afectados. Además, señalan que los trabajadores han estado realizando las tareas sin sistemas de seguridad, subidos a escaleras en un segundo piso. Esto ha generado una sensación profunda de discriminación: "Parece que, por vivir donde vivimos, tenemos que conformarnos con cualquier remiendo", lamenta una de las residentes.

Tras haber trasladado de forma verbal y en reiteradas ocasiones sus quejas a los encargados de los trabajos, también han acudido de forma oficial a la Junta de Extremadura. Ante la gravedad de las acusaciones, la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda afirma no haber recibido "ninguna queja escrita sobre los defectos que refieren". Según el Ejecutivo regional, durante las visitas a la obra, sus técnicos atendieron todas las consultas de los inquilinos, matizando que algunas de las reclamaciones eran "ajenas a esta intervención". Respecto a las responsabilidades legales, la administración apunta al contratista privado, recordando que, bajo el amparo de la Ley de Contratos del Sector Público, la empresa adjudicataria dispone de un plazo de garantía mínimo de un año para responder por todos los vicios, defectos o incumplimientos detectados.

No obstante, la Junta de Extremadura ha anunciado que se compromete a ejecutar una "revisión general que incluirá una inspección vivienda por vivienda" para detectar incidencias y solucionarlas, aunque detalla que se hará "siempre dentro de viabilidad de las actuaciones". Esta promesa se ha hecho realidad la mañana de ayer martes. Los residentes exigen que dicha inspección no sea mero trámite y piden que se "revisen todos los defectos" de forma minuciosa.

Los vecinos de Santa Clara han dejado claro que no darán ningún paso atrás. Su exigencia de una revisión real es un recordatorio de que la firma de la recepción de la obra pertenece a las familias, que son las que deben convivir con las consecuencias de un trabajo mal ejecutado. Mientras tanto, los vecinos seguirán reclamando sus derechos entre óxido, humedades y desperfectos.