Caso David Sánchez: ¿trama o cacería?

Casi 9 años después de que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, pisara la Diputación de Badajoz, él y otras diez personas más, entre ellas el expresidente de la institución provincial y exsecretario del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, se sientan desde este jueves en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial para ser juzgados por tráfico de influencias y prevaricación administrativa. En principio, está previsto que el juicio, con gran repercusión mediática, se prolongue hasta el próximo 4 de junio, pero podría extenderse más días.

El tribunal tendrá que dirimir si en 2016 la diputación creó la plaza de coordinador de los conservatorios para ‘colocar’ a David Sánchez y si ese supuesto enchufe se revistió de legalidad con un proceso selectivo al que concurrieron otros 10 candidatos, pese a que de antemano estaba acordado que este puesto de alta dirección fuera para el hermano de Pedro Sánchez, a quien se le adjudicó en 2017.

Los magistrados también tendrán que dilucidar si, cinco años después, la institución provincial modificó de manera irregular (sin convocatoria pública) la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios por la de jefe de la Oficina de Artes Escénicas para satisfacer las preferencias laborales de David Sánchez y si, por ese mismo motivo, en 2024 se ‘cocinó’ con su influencia la contratación de su amigo y exasesor de Moncloa, Luis Carrero, con quien ya colaboraba de forma extraoficial en el proyecto ‘Ópera Joven’ y a quien llamaba «hermanito». Los dos renunciaron a sus puestos y ya no están en la diputación.

Indicios o conjeturas

La tesis de la jueza instructora de la causa, Beatriz Biedma, y de las acusaciones populares, que en la fase de instrucción han estado representadas por Manos Limpias y en el juicio oral serán siete, es que hay suficientes indicios de que todos los investigados participaron en la trama para dar apariencia de legalidad al amaño para contratar a David Sánchez, primero, y a Luis Carrero, después.

En el auto de procesamiento, la magistrada argumenta que David Sánchez supo de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios antes de que se convocara y que el puesto se creó a medida para él «seguramente» a petición de personas de su entorno.

Sin embargo, para la fiscalía, que no acusa, esta causa se sustenta únicamente sobre conjeturas y no en indicios reales de criminalidad. Es también lo que defienden los abogados de los acusados, que creen que desde el principio este procedimiento es una cacería impulsada por la organización ultraderechista Manos Limpias -a la que después se sumaron el resto de acusaciones (Hazte Oír, Iustitia Europea, Liberum, PP, Vox y Abogados Cristianos), para hacer tambalear desde la base la cúspide de la pirámide, en la que sitúan a Pedro Sánchez.

David Sánchez es el primer familiar directo del presidente del Gobierno que se sienta en el banquillo. Su mujer, Begoña Gómez, está siendo investigada por el juez Peinado por tráfico de influencias y corrupción privada, y el juicio de su hermano iba a coincidir con la declaración del expresidente Zapatero tras ser imputado por la Audiencia Nacional por una presunta trama de tráfico de influencias. Estaba citado el 2 de junio, aunque el juez Calama ha aceptado aplazarlo a los día 17 y 18 de este mes.

El juicio de Badajoz llega después de otros procedimientos judiciales que han situado en el punto de mira a Moncloa, como el ‘caso mascarillas’, pendiente de sentencia para el exministro José Luis Ábalos y su mano derecha durante años, Koldo García. Aún falta el de Santos Cerdán, que también ha removido los cimientos del PSOE.

Acusados y penas

Además de David Sánchez, Carrero y Gallardo, en la causa que se enjuicia en la Audiencia de Badajoz se van a sentar en el banquillo otro político, Ricardo Cabezas, diputado de Cultura, por su presunta intervención en la contratación irregular del asesor de Moncloa, así como otros siete cargos y funcionarios de la institución provincial.

Las acusaciones populares solicitan para el hermano del presidente del Gobierno y el expresidente de la diputación 3 años de prisión por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, así como 6 y 15 años de inhabilitación para ejercer cargo público, respectivamente. Además, reclaman que el primero devuelva, con intereses, los más de 340.000 euros que cobró de la institución provincial.

Para Carrero piden 1 año y medio de cárcel por un delito continuado de tráfico de influencias en concurso medial con otro de prevaricación administrativa y también la devolución de las nóminas que le pagó la diputación (más de 80.000 euros).

Para Elisa Moriano y Cristina Núñez, directora del área de Cultura y diputada de Cultura -en 2016 y 2017, respectivamente- y para el miembro de la inspección Félix González plantean 15 años de inhabilitación para cargo público, mientras que para Juana Cinta, entonces directora de Recursos Humanos, Emilia Parejo y Francisco Martos -en esa fecha directora y diputado de Cultura, respectivamente-, que firmaron la modificación del puesto de Sánchez, piden 1 año y medio de prisión. La misma pena solicitan para Ricardo Cabezas, diputado de Cultura, y Manuel Candalijas, director de esta área.

Origen

El conocido como caso David Sánchez o caso Azagra -nombre artístico del músico- arrancó en junio de 2024, cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, admitió a trámite la denuncia presentada por Manos Limpias contra el hermano del presidente del Gobierno por fraude a la Hacienda Pública (que quedó en nada después) y el entonces presidente de la Diputación de Badajoz -que aún no era secretario general del PSOE extremeño- por la presunta contratación ilegal del primero en la institución provincial. Habían pasado 7 años desde que se le adjudicó la plaza y antes solo el líder de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén, había criticado públicamente el presunto enchufe, lo hizo en 2017.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incautó de más de 50.000 correos electrónicos en dos registros en el palacio provincial, tomó declaraciones a testigos y a los imputados e incorporó a la causa la contratación de Luis Carrero.

Tras casi un año de instrucción, Biedma resolvió procesar a los 11 investigados. La fiscalía y las defensas recurrieron el auto de transformación a procedimiento abreviado dictado el 28 de abril de 2025 ante la Audiencia Provincial, solicitando el archivo de la causa, pero antes de que este órgano judicial resolviera, la jueza acordó la apertura de juicio oral.

Aforamiento 'exprés'

Fue solo un día después del aforamiento ‘exprés’ de Gallardo al entrar como diputado en la Asamblea extremeña (para lo que renunció a su escaño una compañera y otros cuatro que lo precedían en las listas del PSOE). Pese a su condición de aforado, el TSJEx rechazó asumir la causa al considerar que se había realizado en «fraude de ley», dando la razón a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 y devolviendo la causa a esta instancia, en contra de lo solicitado por la defensa de Gallardo.

Este último agilizó su entrada en la Asamblea cuando dijo que no lo iba a hacer hasta que terminara el proceso judicial, pero también Biedma fue más rápida de lo que había dicho y dictó auto de apertura de juicio oral antes de que la Audiencia se pronunciase sobre los recursos del ministerio público y las defensas al auto de procesamiento, que fueron desestimados.

El tribunal entendió que existían indicios suficientes sobre el presunto carácter delictivo de la conducta imputada y que, por tanto, la consecuencia era la de proseguir el procedimiento. De esta forma, la Audiencia respaldaba las sospechas de la magistrada instructora sobre la existencia de una «estrategia o entramado» en el que participaron numerosos empleados de la Diputación de Badajoz a fin de crear un puesto para adjudicárselo a David Sánchez, adaptándolo posteriormente a sus necesidades, creando un procedimiento para «dar apariencia de legalidad» a esta finalidad y todo ello «eludiendo los controles de la propia corporación».

Recusación

De los 11 investigados en la causa cinco solicitaron la recusación de los tres magistrados que los tienen que juzgar (la fiscalía se opuso): Emilio Serrano (ponente), José Antonio Patrocinio (presidente de la Sala) y Dolores Fernández. El TSJEx desestimó por unanimidad la solicitud al estimar que no concurrían motivos para apreciar una pérdida de imparcialidad objetiva en los magistrados recusados por el hecho de haber dictado resoluciones previas en el mismo procedimiento.

Mientras el proceso seguía su curso, Gallardo concurrió a las elecciones autonómicas como cabeza de lista del PSOE. Tras la debacle socialista, dimitió como secretario general y a los pocos días renunció a tomar posesión de su escaño, lo que conllevaba perder también su condición de aforado. Así se despejaba la duda de qué instancia judicial enjuiciaría el ‘caso David Sánchez’ si ya no había fraude de ley en su aforamiento. Sería en la Audiencia de Badajoz.

La primera fecha que se puso al juicio fue del 9 al 14 de febrero, pero por problemas de agenda de los letrados finalmente se trasladó su inicio a mayo.