Concluye la primera sesión del juicio por el caso David Sánchez: las defensas tratan de anular la causa

Entre gran expectación mediática, este jueves por la mañana ha comenzado en la Audiencia de Badajoz el juicio por el conocido como caso David Sánchez.

Además del hermano del presidente, en esta causa por tráfico de influencias y prevaricación administrativa por el presunto enchufe del músico y su amigo Luis Carrero en la institución provincial, otros 10 investigados se sientan en el banquillo de los acusados, entre ellos el expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo.

En la primera sesión del juicio, las defensas han tratado de anular la causa. Así, en el turno de cuestiones previas han solicitado la nulidad de gran parte de la instrucción al entender que se han vulnerado derechos fundamentales.

Han insistido en que esta causa es el resultado de una investigación "prospectiva", que ha llegado a tener poco que ver con la denuncia de la organización ultraderechista que en mayo de 2024 la activó, en la que se atribuían delitos de fraude fiscal y malversación, ninguno de ellos recogidos ahora en las calificaciones de las acusaciones populares.

"La raíz está podrida"

"La raíz está podrida", ha dicho Emilio Cortés, abogado de David Sánchez. El letrado, además, ha invocado la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal —firmó su contrato el 10 de julio de 2017—, que estaba prescrito cuando se inició la investigación siete años después.

Por su parte, la defensa de Gallardo, en manos de Juan José Torres, ha pedido la nulidad parcial del auto de apertura de juicio oral, alegando que su cliente no fue citado a declarar después de que la causa se ampliara con la adjudicación de la plaza de Luis Carrero. "No puede ser acusado de unos hechos sin haber sido oído antes por el juez instructor".

Torres, como otras de las defensas, ha solicitado aportar los vídeos del Congreso Federal del PSOE en el que Pedro Sánchez dimitió como secretario general, en junio de 2016, cuatro meses antes de que se acordara la creación de la plaza de coordinador de actividades de conservatorios que luego se adjudicó a David Sánchez. También el letrado de este último ha pedido incorporar como prueba documental a la causa los títulos homologados que el músico obtuvo en San Petersburgo (Rusia).

La fiscalía, que no acusa en este procedimiento, comparte las tesis de la defensa de Gallardo y ha pedido que no se juzgue al expresidente de la Diputación de Badajoz por el presunto enchufe de Luis Carrero. Argumenta que se vulneró su derecho a la defensa por imputarle "de manera sorpresiva" este cargo si haber sido informado ni haber sido escuchado previamente por la jueza instructora, Beatriz Biedma. De esta forma, respalda la solicitud al tribunal de que se acuerde la nulidad parcial del auto de juicio oral.

También el ministerio público considera que el delito de aceptación de nombramiento ilegal que se le atribuye a David Sánchez estaba prescrito.

Por su parte, Francisco Mendoza, abogado de la exdiputada de Cultura Cristina Núñez y del miembro de la inspección Félix Núñez, solicitó el sobreseimiento de la causa por ausencia de acusación particular y de la fiscalía y entender que las populares no tienen legitimación para estar en esta causa.

Pedro del Pino, defensa de Juana Cinta, exdirectora del área de Recursos Humanos de la Diputación se adhirió a la petición de archivo y sostuvo que su defendida únicamente firmó unos informes que no redactó, una intervención «neutral y sin reproche penal», afirmó.

En la misma línea, el abogado de Ricardo Cabezas, Raúl Montaño, aportó un documento que, según dijo, evidencia que el único indicio de criminalidad por el que se señala a su cliente no es más que «un programa de una ópera y un saluda».

La defensa de Elisa Moriano, exdirectora del área de Cultura, Ignacio Martín, pidió la nulidad porque su representada, que recalcó que era personal laboral y no funcionaria, por lo que no se le podía atribuir la condición de autora de un delito de prevaricación administrativa, no tuvo conocimiento de los hechos que se le imputaban.

Rafael Arenas, letrado del exdiputado de Cultura Francisco Martos, la exdirectora de esta área, Emilia Parejo, y su sucesor, Manuel Candalijas, aseguró que no comulga con la idea de que esta causa es un «contubernio político para destruir un gobierno». No obstante, sí insistió, entre otras cuestiones, en la «ilicitud» de la intervención de los correos electrónicos porque entre ellos estaban los del entonces diputado de la Asamblea de Extremadura y, por lo tanto, aforado, Antonio Garrote, a quien, según dijo, se apartó «deliberadamente» de la causa para que no acabara en el TSJEx y siguiera en el juzgado de la instructora Beatriz Biedma.

No hubo investigación prospectiva

Por el contrario, a diferencia de las defensas, entiende que no hubo una investigación "prospectiva", que no se vulneraron derechos fundamentales con la incautación de correos y que no hay "ninguna duda" de que las acusaciones populares están legitimadas para estar personadas en esta causa.

La fiscal ha rechazado la recusación de los magistrados planteada por Salvador Morillas, defensa de Luis Carrero. También se ha opuesto a que, como ha solicitado, el abogado del exasesor de Moncloa se juzgara a su representado en un procedimiento "aparte" porque, según ha argumentado, nada tiene que ver con el resto de la causa y los hechos que se le imputan ocurrieron siete años después.

"Mi defendido es un invitado de última hora", ha dicho. En este sentido, ha asegurado que si hubiera tenido oportunidad de solicitar la práctica de pruebas entre su interrogatorio y el cierre de la instrucción, se habrían podido aclarar términos que han despertado tantos sospechas, como el de "hermanito" con el que se refería a él David Sánchez.

Instrucción "ejemplar"

Las siete acusaciones populares se han opuesto a las nulidades planteadas por las defensas, al considerar que la instrucción de la causa ha sido "ejemplar" y que no ha habido investigación "prospectiva". Por contra, cargaron contra la fiscalía por no acusar en este procedimiento, lo que calificaron como «inaudito y sorprendente»

Además, han rechazado que Gallardo quede excluido de la imputación por la contratación de Luis Carrero y que el delito de aceptación de nombramiento ilegal que se atribuye al hermano del presidente del Gobierno haya prescrito.

Tampoco creen que los hechos imputados al exasesor de Moncloa se deban juzgar de manera independiente, pues entienden que "no es una cuestión aislada, sino un iter delictivo" que se inició con la creación de la plaza para David Sánchez y su nombramiento.

«Las defensas han estado muy flojitas y no han aportado ni una sola nueva prueba», valoró José María Bueno, abogado de Manos Limpias. En el mismo sentido se pronunció, Luis María Pardo, letrado de Iustitia Europa: «nos han indicado la estrategia por dónde va a ir, que es la misma que continuadamente la Audiencia ha ido rechazando auto tras auto».

La Audiencia ya ha resuelto sobre la mayoría de las nulidades planteadas en la fase de instrucción, por lo que hay pocas posibilidades de que prosperen, pero las partes deben reiterarlas en este momento procesal de cara a futuros recursos ante el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional en caso de sentencia condenatoria.

"Tribunal perfectamente imparcial"

El tribunal solo ha resuelto en el acto sobre la recusación planteada por el abogado de Carrero, que ha rechazado. "La Sala quiere dejar claro que este tribunal es perfectamente imparcial y que su único horizonte es el imperio de la ley", ha dicho su presidente, José Antonio Patrocinio.

Sobre el resto de cuestiones previas, se pronunciará el próximo lunes, ya que la sesión de este viernes se ha suspendido. La vista continuará el 1 de junio con las primeras declaraciones de testigos. El primer día están citados, entre otros, los exdirectores del conservatorio Bonifacio Gil y la directora del Juan Vázquez, funcionarios y exjefes de la diputación, el dueño de la vivienda de alquiler por la que se interesó David Sánchez antes de que le adjudicaran la plaza, uno de los candidatos que concurrió con él a este puesto y funcionarios de la Agencia Tributaria, entre otros.

Más días de juicio

Aunque inicialmente estaba previsto que el juicio se prolongara hasta el 4 de junio, el presidente de la Sala ya ha anunciado antes de que comenzara la primera sesión que se alargará hasta el 8 o 9 de junio y, si no terminase en esa fecha, se retomaría del 15 al 19 de junio.