La defensa de Gallardo pide la absolución y desmonta la tesis de la acusación: "No hay una sola prueba que destruya la presunción de inocencia"

La defensa de Miguel Ángel Gallardo ha sido el primero de los letrados de la defensa que ha comenzado este lunes el turno de informes finales en el juicio por la contratación de David Sánchez con una petición rotunda de sentencia absolutoria.

El abogado Juan José Torres ha dedicado cerca de 42 minutos a desmontar uno por uno los argumentos de las acusaciones, cuestionando la solidez de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y defendiendo que no existe prueba suficiente para atribuir a su cliente ningún delito de prevaricación, tráfico de influencias o nombramiento ilegal.

Sin irregularidades administrativas

Torres ha comenzado reprochando que en los escritos de acusación se hayan introducido cuestiones que, a su juicio, no forman parte de la causa. Entre ellas ha citado referencias a sondeos de las primarias del PSOE o al encuentro entre Miguel Ángel Gallardo y Pedro Sánchez en Don Benito. "No está en el escrito de acusación, no está en la causa", ha afirmado.

El letrado ha sostenido que durante todo el procedimiento no se han acreditado irregularidades administrativas relevantes. "Ni siquiera hay atisbos de vicios relevantes en los procedimientos administrativos", ha señalado, insistiendo en que la actuación de la diputación se ajustó a la legalidad.

Cuestiona la credibilidad de Balas

La defensa ha centrado buena parte de su intervención en la creación y posterior adjudicación del puesto de coordinador de actividades transfronterizas, posteriormente denominado jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Según las acusaciones, la plaza habría sido diseñada para beneficiar a David Sánchez. Sin embargo, Torres ha rechazado esa tesis y asegura que la única prueba que apunta directamente a Gallardo son las declaraciones realizadas en sala por el teniente coronel Antonio Balas.

En este punto, ha cuestionado la credibilidad de algunas de sus conclusiones. Según explica, el mando de la UCO habría realizado valoraciones durante el juicio que no figuraban en los atestados incorporados a la causa. "La versión que introduce el teniente coronel sobre los informes se aparta de lo que informan los atestados", ha afirmado.

Críticas al "enfoque holístico"

Torres también criticó el denominado "enfoque holístico" empleado por la investigación para vincular a Gallardo con todas las decisiones adoptadas en la diputación. A su juicio, esta interpretación parte de dos premisas erróneas. La primera, que Recursos Humanos no tenía capacidad para impulsar la convocatoria de la plaza. La segunda, identificar automáticamente Presidencia con la figura del presidente. "Presidencia no es el presidente", ha remarcado.

El abogado ha reconocido que Gallardo asumió políticamente la decisión de crear el puesto, pero negó que la iniciativa partiera directamente de él. Asimismo, ha relativizado la importancia de un correo electrónico en el que el entonces presidente respondió con un "estupendo" a una comunicación de Recursos Humanos. Según señala Torres, dicho mensaje estaba relacionado con cuestiones presupuestarias y no con una supuesta maniobra para favorecer a David Sánchez.

Análisis parcial de la documentación

Otro de los ejes de su alegato fue la crítica a la investigación desarrollada por la UCO. Torres ha denunciado un análisis parcial de la documentación y ha asegurado que se seleccionaron determinados correos electrónicos mientras se dejó sin examinar por completo la cuenta de Presidencia. Esa circunstancia, ha argumentado, resta valor probatorio a los informes y resulta insuficiente para destruir la presunción de inocencia.

En relación con la modificación de la denominación del puesto, el abogado ha negado que existiera un cambio real de funciones y rechaza que pueda apreciarse cualquier actuación ilícita por parte de Gallardo. También descartó la existencia de tráfico de influencias. "Ni siquiera asumiendo todo lo que se ha intentado incorporar tendría encaje en el delito de tráfico de influencias. No se identifica a quién doblegó ni qué fuerza empleó para hacerlo", ha sostenido.

"Son pocos indicios y no tienen entidad suficiente"

Respecto al delito de prevaricación, ha defendido que no existe ninguna resolución arbitraria acreditada por la prueba practicada. Y sobre el supuesto nombramiento ilegal, ha recordado que el artículo 405 del Código Penal exige la ausencia de requisitos legales para acceder al puesto, extremo que, según ha afirmado, tampoco se ha demostrado.

En la recta final de su intervención, Torres ha ironizado sobre algunas de las teorías que han rodeado el caso y ha cuestionado la lógica de determinadas hipótesis incorporadas a la causa. Finalmente, ha concluido que las pruebas practicadas no permiten sostener las acusaciones y reitera su petición al tribunal.

"Son pocos los indicios y no tienen entidad suficiente. Por eso pido una sentencia absolutoria", ha concluido el abogado de Miguel Ángel Gallardo.