Última palabra de Gallardo en el juicio por el caso David Sánchez: "Ya nos han condenado socialmente"

"Ya nos han condenado socialmente". Es lo que ha dicho Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño, al ejercer el derecho a la última palabra en el juicio por el presunto enchufe de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la institución provincial, que este martes, tras ocho sesiones, ha quedado visto para sentencia.

Gallardo ha reiterado su inocencia y la de los otros 10 investigados que lo acompañan en el banquillo."La única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que las acusaciones populares", ha afirmado.

El expresidente de la diputación ha lamentado que hayan tratado de "distorsionar" lo que ha ocurrido en la Sala con un interés político y para hacer "un juicio mediático paralelo".

"La acusación popular ya ha perdido el interés en este juicio dentro de la sala, no hay más que ver que algunos letrados ya se han ido a Madrid porque ya han hecho la labor que pretendían, que no era otra que el juicio mediático paralelo, que algunos hemos sufrido durante algo más de dos años", ha señalado el expresidente de la diputación.

"Pueden sentirse orgullosos: ya han ganado el juicio social", ha añadido Gallardo, que ha mostrado su "confianza en la justicia".

Turno de David Sánchez

David Sánchez ha declinado ejercer su derecho a la última palabra, como otros de los investigados. Sí lo han hecho Ricardo Cabezas, Francisco Martos, Manuel Candalija y Félix González, que han reconocido que este procedimiento ha sido "un calvario" en el que han sufrido "acoso mediático" y han puesto en valor el trabajo realizado por la diputación pacense en favor de los municipios y, especialmente, el del Área de Cultura.

"Llevo siete u ocho días sometido a un escrutinio que yo todavía no acabo de entender", ha reconocido Francisco Martos, exdiputado de Cultura, quien ha defendido la labor desempeñada por políticos y funcionarios en la institución provincial. "Han hecho un trabajo extraordinario y lo están haciendo", ha dicho.

Por su parte, Manuel Candalija, actual director del área de Cultura, también se ha quejado de la presión mediática que han padecido desde que arrancó esta causa en mayo de 2024, que, según ha dicho, se ha intensificado durante el juicio en parte por las declaraciones de las acusaciones populares. Candalija ha defendido que desde la diputación se ha intentado siempre "universalizar y democratizar la cultura" y que eso se traduce en los más de 60 programas que desarrolla al año, con cerca de 3.000 acciones en todos los pueblos. "Lo que se ha hecho se ha hecho conforme a la ley y siempre mirando por el bienestar en la provincia de Badajoz", ha afirmado.

Félix González, técnico de Recursos Humanos, en su turno de última palabra también ha subrayado que siempre ha tratado de hacer su trabajo "lo mejor posible, con respeto a la ley y al ordenamiento jurídico". "Creo que el calvario que he estado pasando en los 2 últimos años no me lo merezco y espero que termine esto pronto", ha dicho ante el tribunal visiblemente afectado.

Ricardo Cabezas, actual diputado de Cultura, ha agradecido a la Sala y a los funcionarios el trato durante estos días, que "nos han hecho sentir cómodos en una situación que no es fácil para los que nos sentamos por primera vez en el banquillo como acusados", ha reconocido. Cabezas también ha querido poner en valor la labor de la Diputación de Badajoz, "que es un referente a nivel nacional y sin la que muchos pueblos tendrían que cerrarse", ha recalcado. Asimismo, ha recordado que en los últimos meses la institución ha sido reconocida con premios de ámbito nacional por sus circuitos culturales. "Es en eso en lo que nos vamos a seguir empeñando y aferrando", ha asegurado.

Últimos alegatos

En la última sesión del juicio, han expuesto sus alegatos finales Raúl Montaño y Salvador Morillas, abogados de Ricardo Cabezas y Luis Carrero, respectivamente (fue a las únicas defensas que no dio tiempo el lunes).

Montaño ha asegurado que hasta altura del procedimiento aún no sabe de qué tiene que defender a su cliente, acusado de tráfico de influencia y prevaricación administrativa por la creación y adjudicación de la plaza al exasesor de Moncloa y amigo de David Sánchez. ¿Quién influye o sobre quién influye Ricardo Cabezas?, se ha preguntado el letrado, que ha recordado que el "derecho de defensa es sagrado".

El abogado ha mantenido que su representado solo ejerció su actividad como político, cumpliendo con su obligación de dar un visto bueno "preceptivo y obligatorio" a un expediente para la creación de la plaza de Carrero, justificada con un informe técnico, necesaria y que cumplía con la legalidad. "Si este señor sale condenado, ¿alguien va a querer ser diputado?", ha cuestionado. "Parece que venimos a destrozar la institución", ha añadido.

En este sentido, ha subrayado que durante los días de juicio ha oído "discursos políticos y narraciones de novelas policiacas", pero no de pruebas de cargo ni testigos de referencia. Montaño ha reprochado a las acusaciones que hayan eliminado de sus informes las declaraciones de los testigos -muchos propuestos por ellas mismas y de los que han llegado a decir que estaban "coaccionados o comprados"- y se agarren solo al atestado de la UCO, que, según ha dicho, "nunca puede ser una prueba de cargo", porque no es una investigación iniciada por los agentes, sino que comenzó por una querella y ha estado dirigida por la jueza de instrucción.

Fiscalía "vilipendiada"

"No se ha desvirtuado la presunción de inocencia", ha defendido el letrado, quien también ha considerado "muy grave" que por parte de las acusaciones populares se haya "vilipendiado" a la fiscalía. "El fiscal es garante de la legalidad y como ha visto que no existía prueba de cargo, por mucho que nos la quieran meter a cucharadas, y pide la absolución. Sería más fácil defender cualquiera de las tesis de las acusaciones, pero aun así ha defendido la legalidad", ha valorado.

"Su único pecado es ser amigo del hermano de Pedro Sánchez"

Por su parte, el abogado del exasesor de Moncloa, ha calificado como "un libreto de ficción" el juicio por el presunto enchufe de su cliente y David Sánchez en la Diputación de Badajoz. "Su único pecado (el de Carrero) es ser amigo del hermano de Pedro Sánchez", ha dicho el letrado durante su informe final.

Morillas ha defendido que la plaza de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas que se adjudicó a su representado en 2023 era necesaria, que no se creó para adjudicársela a él ni tampoco para que le hiciera el trabajo de David Sánchez, que, aunque hubiera querido no podría, "porque no es músico".

"Es un relato (el de las acusaciones populares) carente de la más absoluta prueba de cargo y un castillo construido sobre un palillo de dientes: a Luis Carrero no se le puede acusar ni de tráfico de influencias ni de prevaricación", ha afirmado.

El letrado ha defendido que la plaza que se le adjudicó -a la que renunció el pasado junio "aburrido del tsunami mediático"- tenía "contenido", no se generó para satisfacer un "capricho" de David Sánchez y que la prueba "más clara" de que esto es así es que ese puesto sigue existiendo más de un año después de que el hermano del presidente del Gobierno y su cliente se marcharan de la diputación.

Morillas ha hecho hincapié en que todos los testigos han declarado que Carrero trabajaba y que "lo hacía bien" y que ninguno ha dicho que ni David Sánchez, ni políticos ni funcionarios hubieran recibido instrucciones sobre su plaza.

"Tanto la creación del puesto como la adjudicación desde el punto de vista legal fueron limpios como una patena", ha asegurado el abogado, que ha rechazado el "subterfugio" de apariencia de legalidad al que se aferran las acusaciones populares. También ha asegurado que Carrero no necesitaba ese puesto de trabajo, porque estaba contratado en Moncloa, donde tenía un salario más elevado.

"Leyenda"

En cuanto al correo que intercambio con David Sánchez sobre su incorporación 23 días antes de que se convocara la plaza -una prueba principal para la UCO y las acusaciones populares-, Morillas ha insistido en que se produjo en el contexto de una conversación que se inició por otro asunto, que fue un malentendido y que a lo que se referían era a la convocatoria del puesto, que desde un mes antes ya se conocía.

Además, ha considerado que el atestado de la UCO tiene "cierto sesgo".

"Si se dice que Carrero era un enchufado de David Sánchez, hay que probarlo. Eso es una leyenda", ha concluido el letrado del exasesor de Moncloa.