Una policía nacional de Badajoz demanda a los mandos de la jefatura por presunto acoso laboral 

Una policía nacional de la comisaría de Badajoz ha demandado a la Dirección General de Policía, la jefa superior de Policía en Extremadura, Elisa Fariñas, al jefe regional de Operaciones, Manuel Veiga, y a otra compañera de la escala básica por presunta vulneración de derechos fundamentales por incumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y falta de protección frente a riesgos psicosociales en el trabajo.

La demanda se interpuso en el Juzgado de lo Social número 4 el pasado mes de abril, que la admitió a trámite, y el juicio está previsto que se celebre este lunes.

La demandante sostiene que ha sufrido un "progresivo deterioro de sus condiciones laborales", lo que ha afectado "gravemente a su salud física y psicológica" y que, aunque comunicó su situación a la Administración y se activó el protocolo de acoso laboral, este expediente fue archivado sin que, según esta parte, se llegara a tramitar ni se le tomara declaración, pese a la documentación aportada y los "indicios" de riesgo psicosocial que, según asegura, se evidenció "durante meses".

Por ello, decidió recurrir a los tribunales, al entender que no se dio cumplimiento a las obligaciones legales en materia de riesgos laborales, pese a sus "reiteradas comunicaciones", ni se llevó a cabo una evaluación adecuada de los riesgos psicosociales ni tampoco se activaron medidas preventivas para evitarlos.

En su demanda, mantiene que fue objeto de un proceso continuado de "hostigamiento profesional", de un "aislamiento" en su entorno laboral y que ha sufrido "represalias" por acudir a la vía administrativa y a los tribunales.

Según la demandante, esta situación le provocó un cuadro de ansiedad y depresión, que derivó en una incapacidad temporal, por el que aún está en tratamiento y de baja.

Por este motivo, solicita al juzgado que se declare la existencia de un incumplimiento de las obligaciones de riesgos laborales por parte de la Administración, el reconocimiento de la vulneración de sus derechos fundamentales y se la indemnice por los daños sufridos.

Al juicio están citados a declarar numerosos testigos, entre ellos, mandos policiales, responsables de prevención y otros funcionarios de la jefatura.

Ahora será el Juzgado de lo Social el que deba dirimir si se produjo el presunto acoso laboral o no a la demandante.

Fuentes de la comisaría pacense han declinado pronunciarse sobre la demanda.