La policía nacional de Badajoz que demandó por acoso laboral a sus mandos reclama 122.000 euros por daños

La reincorporación a su puesto con las funciones que le corresponden por rango, el cese del trato «hostil» y una indemnización de 122.000 euros por los daños morales y psicológicos. Es lo que reclama la policía nacional de Badajoz que ha demandado por presunto acoso laboral a la Dirección General de la Policía, la jefa superior en Extremadura, Elisa Fariñas, al jefe regional de operaciones, Manuel Veiga, y a una agente de la escala básica.

El juicio se ha celebrado este lunes en el Juzgado de lo Social número 4 y está pendiente de los informes finales para quedar visto para sentencia. Tras cinco horas de vista, en la que han declarado 16 testigos y una psicóloga como perito, la jueza ha emplazado al abogado de la demandante, Carlos Castaño Barrios, y al letrado del Estado que representa a los demandados a presentar sus alegatos por escrito, para lo que les ha dado un plazo de 5 días.

Al juicio no se ha permitido el acceso ni de público ni de los medios de comunicación y los demandados han evitado a la prensa al entrar y salir de los juzgados.

«Me llevo una sensación bastante positiva, porque nuestra prueba es extensa y, a diferencia de la jurisdicción penal, en la social, es la parte demandada la que tiene que desvirtuarla», ha señalado Castaño.

En este sentido, considera que se ha acreditado suficientemente que la demandante «fue relegada y castigada» y que ello le ha causado un daño psicológico. Así, ha confiado en que la jueza les dé la razón, porque, además, existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con un caso de una policía «con supuestos idénticos, que ganó».

Orden "oral"

El letrado sostiene que la policía nacional, a pesar de ser oficial, cumplía funciones de inferior categoría y estaba subordinada a una compañera por debajo en la escala, quebrantando así el principio de jerarquía. Según esta parte, las declaraciones de los testigos en el juicio evidenciaron «que fue el jefe regional de Operaciones quien ordenó su cambio de puesto de manera oral» y que cuando la demandante denunció internamente los hechos, no se actuó adecuadamente.

«El protocolo de acoso laboral se archivó ese mismo día por los demandados, sin investigar», ha afirmado Castaño, quien ha añadido que tampoco se realizó a la oficial el seguimiento psicológico al que había instado la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional de Sevilla.

Desde la comisaría pacense no se ha realizado ninguna declaración con respecto a este juicio.

Apoyo de Jupol

El sindicato Jupol, al que está afiliada, sí ha querido mostrar públicamente su respaldo a la demandante. Según su portavoz en Extremadura, Jaime Gil, la policía se vio obligada a recurrir a los tribunales al no obtener una respuesta «adecuada» por parte de sus superiores tras denunciar su situación, que «no eran hechos aislados».

Gil ha explicado que el origen de los problemas denunciados por la demandante comenzaron cuando durante su embarazo y en el periodo de lactancia solicitó la adaptación de su puesto de trabajo, lo que, según el sindicato, desembocó en que se le asignaran funciones que no se correspondían con su categoría y en su progresivo «aislamiento laboral». Jupol considera que esta situación constituyó un "ataque a su integridad moral y profesional».

Todo apunta a que este procedimiento no culminará tras la sentencia del Juzgado de lo Social, sea condenatoria o absolutoria, pues contra la misma cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.