Un enfermero acepta un año y medio de inhabilitación absoluta por acceder al historial médico de una compañera en Badajoz

La Audiencia Provincial de Badajoz ha celebrado este miércoles el juicio contra tres enfermeros del Hospital Universitario de Badajoz acusados de acceder presuntamente sin autorización al historial clínico de una compañera a través del sistema Jara para conocer su estado de salud.

La vista ha arrancado con un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la acusación particular y uno de los procesados, mientras que las otras dos acusadas han mantenido su inocencia y el procedimiento ha quedado visto para sentencia respecto a ellas. Los tres han aseverado que nunca habían tenido conflicto con la afectada y que la conocían porque habían trabajado juntos en algunas ocasiones.

10.000 euros para reparar el daño

El enfermero que ha reconocido los hechos ha aceptado una condena de un año de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, además de un año, seis meses y dos días de inhabilitación absoluta, tras apreciarse la atenuante muy cualificada de reparación del daño. También deberá asumir un tercio de las costas procesales y ha abonado ya 5.000 euros en concepto de responsabilidad civil, comprometiéndose a pagar otros 5.000 euros en el plazo de un mes.

La sentencia dictada en su caso es firme y la Fiscalía ha interesado la suspensión de la pena de prisión al carecer de antecedentes penales y ser la condena inferior a dos años. Durante tres años no podrá delinquir si quiere mantener ese beneficio.

Dos acusadas niegan haber accedido al sistema

Las dos enfermeras que continúan acusadas han rechazado haber consultado la historia clínica de la denunciante y han sostenido durante el juicio que los accesos registrados desde sus usuarios pudieron realizarse por parte de otros trabajadores del centro sanitario porque era "muy común" dejar abiertas las sesiones del sistema Jara en los ordenadores del hospital.

Una de ellas ha asegurado que "la única opción es que me quedara abierta mi sesión" y ha reconocido que este tipo de práctica "es habitual". Preguntada por la Fiscalía sobre si era frecuente que otro profesional utilizara un usuario ya iniciado, respondió de forma literal: "Es muy común".

La segunda acusada también ha negado los cinco accesos, seis según la acusación particular, que se le atribuyen y afirma: "Soy víctima de la usurpación", insistiendo en que nunca consultó el historial de su compañera. Así, ha explicado que en Urgencias los profesionales se desplazan constantemente entre distintos puestos de trabajo y admite que durante años fue una práctica habitual no cerrar las sesiones abiertas, aunque asegura que dejó de hacerlo hace aproximadamente un año y medio.

Ambas coinciden en señalar que nunca tuvieron problemas personales con la denunciante y que desconocían que permaneciera ingresada durante las fechas investigadas.

La denunciante: "Supongo que por cotilleo"

La perjudicada, también enfermera del Servicio Extremeño de Salud (SES), ha declarado que comenzó a sospechar de los accesos cuando, durante su ingreso hospitalario, empezó a recibir visitas de personal sanitario que conocía detalles de su enfermedad pese a que ella había intentado mantener en secreto su situación médica.

Según ha señalado ante el tribunal, fue entonces cuando consultó los registros de accesos a través del portal del paciente y solicitó al SES que justificara quién había consultado su historial.

Durante su declaración ha afirmado que nunca comunicó su enfermedad a la mayoría de sus compañeros y ha relatado el impacto emocional que le produjo descubrir los accesos: "Me sentí indefensa". También asegura que desde entonces ha evitado acudir al Hospital Universitario de Badajoz por miedo a que volvieran a consultar su información médica.

Preguntada por el motivo que, a su juicio, había detrás de esas consultas, ha respondido de forma tajante: "Supongo que por cotilleo".

Accesos intencionados

En su informe final, la Fiscalía ha sostenido que ha quedado acreditado que las dos acusadas realizaron accesos indebidos prevaliéndose de su condición de enfermeras para conocer datos sanitarios reservados de la denunciante y ha recordado que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el delito se consuma con el mero acceso a la información protegida, sin necesidad de acreditar un uso posterior de esos datos.

El Ministerio Público ha destacado además que la agenda del paciente contiene información especialmente sensible, ya que revela especialidades médicas, pruebas diagnósticas o consultas pendientes, lo que permite conocer aspectos relevantes del estado de salud.

La acusación pública considera probado que esos accesos causaron un importante daño moral a la perjudicada, quien desarrolló un síndrome ansioso-depresivo. Por ello, pide para cada una de las acusadas tres años de prisión, la inhabilitación durante siete años y 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Piden una condena mayor para una de las enfermeras

El abogado de la acusación particular, Fernando Cumbres, ha modificado sus conclusiones para incluir un sexto acceso atribuido a una de las procesadas y solicita que se le aplique un delito continuado al considerar que las consultas se prolongaron durante varias semanas.

Durante su informe final ha defendido que las dos acusadas conocían perfectamente el funcionamiento del sistema Jara y rechaza la explicación de las sesiones abiertas. A su juicio, detrás de los accesos existía "el interés y cierto morbo conocer el estado de salud de mi representada".

Antes del inicio del juicio, Cumbres ya había advertido de que estos hechos reflejan un problema creciente en los servicios sanitarios y asegura que "la única intención era simplemente y llanamente cotillear, o sea, tener el morbo de saber qué es lo que le ocurría" a la compañera ingresada.

Asimismo, ha insistido en que la principal consecuencia debería ser la inhabilitación para ejercer como empleados públicos porque, en su opinión, quienes utilizan su acceso al sistema para fines personales vulneran la confianza que los pacientes depositan en la sanidad pública.

Por lo expuesto, reclama para la enfermera que consultó en seis ocasiones el historial, según él, tres años y tres meses de prisión y la inhabilitación durante ocho años. Para la otra acusada pide una pena de cárcel de dos años y seis meses y la inhabilitación durante un periodo de seis años. A ambas les reclama, en concepto de responsabilidad civil, la cantidad de 15.000 euros.

Las defensas piden la absolución

La defensa de las dos enfermeras acusadas han solicitado su libre absolución al considerar que no existe prueba suficiente para desvirtuar su presunción de inocencia. Asimismo, ha sostenido que el documento del SES únicamente acredita accesos al sistema, pero no qué información concreta fue consultada y defendieron que la agenda del paciente no forma parte de la historia clínica.

Por su parte, la representación jurídica del SES ha vuelto a rechazar su responsabilidad civil subsidiaria al entender que la Administración había implantado las medidas de seguridad exigibles y que todos los trabajadores conocían las obligaciones legales sobre confidencialidad.

Tras escuchar a todas las partes, la Audiencia Provincial de Badajoz ha dejado el juicio visto para sentencia respecto a las dos enfermeras que mantienen su inocencia.