Piden dos años de prisión para una ortodoncista por presuntamente alterar el historial clínico de una paciente en Badajoz

La acusación particular reclamará dos años de prisión y cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión sanitaria para una ortodoncista a la que atribuye un presunto delito de falsedad documental tras, supuestamente, alterar el historial clínico de una paciente para favorecer su defensa ante una futura reclamación por negligencia profesional. El juzgado que instruye la causa es el de Montijo.

El caso se inició después de que la paciente decidiera emprender acciones legales por los supuestos daños derivados de un tratamiento de ortodoncia. Según sostiene el despacho Pérez Guerrero Abogados, durante las diligencias preliminares se detectó que el historial clínico aportado posteriormente al juzgado no coincidía con el documento original que la profesional había remitido a la clínica cuando dejó de prestar allí sus servicios.

Historial clínico modificado

"El historial clínico que ella dejó en la clínica de la paciente no se corresponde con el que luego ella aporta en el juzgado", explica el abogado Teodoro Pérez, quien añade que fue esa circunstancia la que motivó la denuncia por un presunto delito de falsedad documental.

De acuerdo con la versión de la acusación, la paciente solicitó la documentación médica con el objetivo de preparar una futura demanda por una presunta negligencia profesional. Fue entonces cuando, al comparar ambos documentos, se detectaron las supuestas diferencias en el historial clínico. El despacho considera que esas modificaciones buscaban "ocultar una negligencia profesional y descargar la responsabilidad del fracaso del tratamiento en la paciente", motivo por el que decidió acudir a la vía penal al entender que los hechos podían ser constitutivos de un delito de falsedad documental.

Indicios suficientes para continuar con la causa

Tras la investigación judicial, el juzgado acordó transformar las diligencias en procedimiento abreviado al apreciar indicios suficientes para continuar con la causa y dio traslado a las acusaciones para que presentaran sus escritos solicitando la apertura de juicio oral. No obstante, el procedimiento aún no ha llegado a esa fase, ya que la defensa ha recurrido la resolución y será necesario resolver ese recurso antes de fijar una fecha para la vista.

En su escrito, la acusación particular solicita la condena de la investigada por un presunto delito de falsedad en documento privado, aprecia la agravante de abuso de confianza y reclama, además de los dos años de prisión, una pena accesoria de cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión sanitaria, al considerar que la conducta investigada guarda una relación directa con el desempeño de su actividad profesional.

Se juzgaría en Mérida

Durante la conversación mantenida con este medio, Teodoro Pérez ha explicado que el procedimiento penal deriva de un conflicto que inicialmente tenía naturaleza civil, pero que cambió de dimensión al detectarse la supuesta alteración documental. El abogado también confirma que el eventual juicio no se celebrará en Badajoz capital, sino en un Juzgado de lo Penal de Mérida, una vez se resuelva el recurso presentado por la defensa. "Se juzgaría en Mérida, en el juzgado penal de Mérida", señala el letrado.

La acusación particular mantiene que la modificación del historial clínico habría tenido como finalidad influir en un futuro procedimiento por responsabilidad profesional. La investigada, por su parte, mantiene intacta su presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme que determine los hechos.