De la denuncia de Manos Limpias a una sentencia de casi 400 páginas: así ha sido el proceso del caso de David Sánchez

Un mes y cinco días después de que el juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en Diputación de Badajoz quedara visto para sentencia ha sido emitida su sentencia. Los magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz han condenado a los 11 procesados por prevaricación administrativa. Las penas que se han impuesto son de nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa para todos ellos, excepto para Miguel Ángel Gallardo que ha sido condenado por dos delitos de prevaricación.

La extensa y pormenorizada sentencia ha sido emitida minutos después de las 12.00 horas de este martes 14 de julio. En sus 377 páginas el magistrado ponente, Emilio Serrano, asevera que el tribunal ve probado que la plaza que consiguió David Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra, fue creada a medida para él. En la exposición de los hechos probados, se determina que el hermano del presidente desempeñó otras funciones diferentes por las que fue contratado y que la nomenclatura de su plaza fue modificada por su interés para que se ajustara a sus preferencias.

En cuanto a Miguel Ángel Gallardo, los magistrados destacan, además, el carácter "fuertemente jerarquizado" y "presidencialista" de la diputación y concluye que el expresidente conocía y participaba en la operación. Por ello, a él se le asignan dos delitos de prevaricación administrativa y su pena de inhabilitación es el doble.

Junto a ellos han sido condenados otros nueve trabajadores y cargos públicos de la institución provincial: Juan María Carrero, asesor de Moncloa y amigo íntimo de Sánchez que consiguió una plaza de coordinador de centros y programas de actividades transfronterizas; Ricardo Cabezas, actual diputado de Cultura; Elisa Moriano, exdirectora del Área de Cultura; Cristina Núñez, exdiputada de Cultura; Juana Cinta Calderón, exdirectora del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior; Félix González, funcionario de la institución; Emilia Parejo, exdirectora de Cultura; Francisco Martos, exdiputado de Cultura y actual alcalde de Castuera; y Manuel Candalija, director del Área de Cultura. Todos ellos han sido condenados por un delito de prevaricación administrativa a una pena de nueve años de inhabilitación. La Sala absuelve a los once procesados del delito de tráfico de influencias y no se pronuncian en materia de "responsabilidad civil por falta de legitimación de las partes acusadoras".

Inicio del caso David Sánchez

Con esta sentencia se pone fin, aunque caben recursos, a un proceso que arrancó hace más de dos años, en junio de 2024. La instrucción de la causa comenzó cuando Beatriz Biedma, al mando del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, abrió diligencias tras admitir la denuncia de Manos Limpias. Esta se dirigía contra David Sánchez, contra Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la Diputación de Badajoz, y contra el jefe del Servicio de Apoyo Jurídico e Inspección del Área de Recursos Humanos de la Diputación, Alejandro Cardenal. La investigación se abrió por presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y delitos contra la Administración y la Hacienda Pública.

Manos Limpias sostenía que el hermano del presidente del Gobierno cobraba un sueldo público por parte de la institución provincial sin acudir regularmente a su puesto de trabajo. Además, también incluía que residía en Portugal y que no había hecho de manera efectiva su formación musical que requería el cargo.

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La investigación

Una vez abierta esta causa, la jueza pidió documentación a la diputación para cotejar los aspectos que recogían la denuncia, entre otros documentos reclamó el contrato de David Sánchez. En julio del 2024, la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino en la sede de la mencionada institución para recabar más documentación y los correos electrónicos entre aquellos que habían intervenido en la contratación de Sánchez, así como del desempeño de sus funciones en el cargo. Entonces la investigación se centraba en dos grandes bloques: la contratación y desempeño de las funciones en el puesto y, por otro lado, las sospechas sobre el patrimonio y la residencia fiscal del principal protagonista de la causa.

Uno de los elementos de la denuncia era la supuesta existencia de 1,4 millones de euros en acciones del BBVA. Esa línea fue perdiendo fuerza durante la instrucción porque la UCO no encontró evidencias de la cifra. Este punto es importante porque el objeto de la causa fue evolucionando desde las sospechas iniciales sobre el patrimonio, el absentismo y asuntos fiscales hacia los aspectos por los que sí se ha celebrado el juicio: si la plaza se creó y diseñó a medida para el hermano de Pedro Sánchez y si en este proceso hubo tráfico de influencias o prevaricación administrativa en el proceso.

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Transformación de la instrucción en 2025

Con la mencionada evolución de la causa la magistrada Biedma transformó en abril de 2025 la instrucción y procesó a las 11 personas que se han sentado en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de Badajoz. Además de David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, incluyó a Luis María Carrero (ex asesor de Moncloa y amigo de Sánchez que fue contratado por diputación); Ricardo Cabezas, diputado de Cultura; Elisa Moriano, exdirectora del Área de Cultura en la institución; Cristina Núñez, exdiputada de Cultura; Juana Cinta Calderón, exdirectora del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior; Félix González, funcionario de diputación; Emilia Parejo, exdirectora de Cultura; Francisco Martos, exdiputado de Cultura y actual alcalde de Castuera; y Manuel Candalija, director del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz.

La Audiencia Provincial de Badajoz confirmó el procesamiento después de recibirse algunos recursos por parte de los acusados. Los mismos fueron desestimados por la sala. Al mismo tiempo, la Audiencia señaló que había indicios suficientes para continuar con el procedimiento, aunque señaló que una "duda razonable" podía terminar en una sentencia absolutoria. Por su parte, el Ministerio Fiscal solicitó el archivo de la causa al no apreciar delitos y considerar que la investigación estaba sustentada en "conjeturas".

El juicio

El juicio arrancó en la Audiencia Provincial de Badajoz el 28 de mayo de 2026. En ocho sesiones, algunas de ellas maratonianas, pasaron por la sala más de 40 personas como testigos y testigos peritos. Además de estas testificaciones los 11 acusados también declararon al final del proceso respondiendo a sus abogados.

En el juicio acudieron siete acusaciones populares. A Manos Limpias se sumó Hazte Oír, Vox, PP, Liberum, Iustitia Europa y la fundación Abogados Cristianos. Durante las distintas sesiones las acusaciones sostuvieron la tesis de la creación del puesto "a medida" para David Sánchez, que el proceso de selección fue simulado y que no se controlaron sus ausencias en su puesto de trabajo.

La Fiscalía y las defensas mantuvieron su petición de absolución porque creen que no hay pruebas suficientes de delito. La fiscal pidió en las conclusiones finales la absolución al considerar que ni la instrucción ni el juicio habían podido acreditarse evidencias que desvirtuaran la presunción de inocencia.

El juicio quedó visto para sentencia el 9 de junio. En aquella última sesión, el hermano del presidente no quiso hacer uso del derecho a la última palabra. Gallardo sí intervino y denunció el "juicio mediático paralelo" que ha estado viviendo estos dos años. Además, señaló que él y el resto de acusados ya habían sido "condenados socialmente".

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Con este fallo de la Audiencia Provincial se pone fin temporal al periplo judicial que se arrancó dos años atrás y que puede que no acabe aquí. La sentencia dictada por los magistrados Emilio Serrano, José Antonio Patrocinio Polo y María Dolores Fernández Gallardo puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.