HazteOír, tras la condena por el caso David Sánchez: "Había elementos suficientes para condenar por tráfico de influencias"

La sentencia que condena por prevaricación administrativa a los once procesados por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz ha recibido una valoración "positiva" por parte de HazteOír, una de las acusaciones populares personadas en la causa. No obstante, su abogado, Javier María Pérez-Roldán, considera que el fallo "se queda corto" al no apreciar el delito de tráfico de influencias y no descarta recurrir ante la instancia superior.

"La valoración general es positiva. No ha admitido toda la acusación que nosotros realizábamos, principalmente la del tráfico de influencias, pero sí ha admitido la prevaricación de los implicados", afirma Pérez-Roldán en declaraciones a La Crónica de Badajoz.

El letrado destaca que la resolución judicial, de 377 páginas, supone además un respaldo a la independencia del tribunal. "El hecho de haber condenado por unos hechos sí y por otros no quiere decir que han valorado en conciencia las pruebas practicadas, como deben hacer. Si simplemente hubieran querido dar la razón a las acusaciones populares, habrían condenado por todo lo que solicitábamos", sostiene.

HazteOír discrepa del rechazo al tráfico de influencias

Aunque respeta el criterio de la Audiencia Provincial de Badajoz, Pérez-Roldán mantiene que durante el juicio quedaron acreditados indicios suficientes para condenar también por tráfico de influencias: "David Sánchez reconoció en el tribunal que no conocía a nadie en Badajoz y que no conocía Badajoz. Entonces, ¿por qué le iban a montar una plaza para adjudicársela a él? Es evidente que algo había detrás", asegura.

A juicio del abogado, el propio razonamiento de la sentencia apunta en esa dirección. "La resolución dice que lo que se pretendía era agradar o favorecer a Pedro Sánchez. Precisamente esa explicación nos lleva a pensar que había tráfico de influencias", afirma.

Pérez-Roldán sostiene además que "uno une los cabos" de la cronología de los hechos y aprecia una relación entre la creación de la plaza y la situación política del entonces secretario general del PSOE. "La plaza se crea con carácter urgente, luego el asunto queda parado cuando Pedro Sánchez deja de ser secretario general y vuelve a acelerarse coincidiendo con las primarias del PSOE, adjudicándose tres días antes de las votaciones. Para nosotros hay indicios suficientes que apuntan a un tráfico de influencias, aunque no se haya podido llegar al origen último de la cadena", argumenta.

"La investigación podría haber llegado más lejos"

El representante de HazteOír también critica el desarrollo de la instrucción y considera que la investigación encontró obstáculos desde el inicio. "No ha habido ganas de colaborar por parte de la Administración ni del Gobierno", afirma. En su opinión, "la Fiscalía no hizo absolutamente nada" para impulsar diligencias y la juez instructora sufrió "un incordio constante" durante toda la investigación.

Así, también apunta a las presiones en el seno de la Guardia Civil. "Si la UCO hubiera contado con más medios y con menos impedimentos, quizá se podría haber llegado más lejos", sostiene.

Preguntado por qué entiende que podría haberse acreditado, Pérez-Roldán responde que "hubo instrucciones políticas dentro del PSOE" para facilitar la contratación. "Todo este esfuerzo para contratar a una persona que nadie conocía en Badajoz solo tiene sentido si había algo detrás", insiste.

HazteOír pedirá aclaraciones sobre las inhabilitaciones

Antes de decidir si presenta recurso contra la sentencia, HazteOír solicitará una aclaración al tribunal sobre dos aspectos concretos del fallo. "Lo primero que vamos a hacer es pedir una aclaración de la sentencia", anuncia Pérez-Roldán.

Por un lado, sostiene que existe "un error aritmético" en el reparto de las costas procesales. Por otro, considera imprescindible que la Audiencia concrete el alcance de las penas de inhabilitación: "Queremos que se concrete si la inhabilitación afecta a cualquier puesto en la Administración o solo a la diputación", explica.

En este sentido, el abogado defiende que quienes han sido condenados por prevaricación administrativa no deberían desempeñar ningún empleo público mientras dure la pena. Lo hace argumentando que una vez "reconocida la prevaricación, no deben ocupar ningún puesto en la Administración", afirma. Incluso pone como ejemplo el caso de un docente: "Hasta un profesor que tiene que calificar alumnos y dictar resoluciones administrativas. Quien ha participado en una contratación ilegal no debería seguir ejerciendo funciones públicas".

Asimismo, lamenta que la sentencia no obligue a devolver las cantidades percibidas durante el desempeño del puesto. "No se condena a devolver lo injustamente percibido porque ni la Abogacía del Estado ni la Fiscalía reclamaron la responsabilidad civil correspondiente", critica.

"No vamos a recurrir por recurrir"

Pérez-Roldán asegura que todavía estudian la posibilidad de presentar un recurso sobre esta sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Señala que la decisión se adoptará tras estudiar detenidamente la resolución. Además, añade que quiere intercambiar opiniones con el resto de acusaciones populares para fijar su postura.

Por ello, afirma que "no vamos a recurrir por recurrir. Tendremos un criterio estrictamente técnico. Si entendemos que existen elementos suficientes para sostener el tráfico de influencias o la malversación, formalizaremos el recurso", señala.

"Se ha demostrado la importancia de la acusación popular"

El abogado concluye realizando un balance positivo del procedimiento judicial iniciado hace dos años. "Se ha hecho justicia", afirma. Aunque puntualiza que "no toda la justicia que nosotros hubiéramos deseado, pero se ha hecho", resume.

Pérez-Roldán considera que la condena evidencia el papel de las acusaciones populares en el proceso penal español, especialmente cuando el Ministerio Fiscal no sostiene la acusación. "Esta sentencia demuestra la importancia de la acusación popular", afirma.

También reivindica el trabajo realizado por HazteOír durante toda la instrucción y el juicio. "Hemos mantenido siempre el rigor jurídico. Hemos acusado de aquello que entendíamos que debía acusarse y, cuando consideramos que no había pruebas suficientes en otras cuestiones, no mantuvimos esas acusaciones", concluye.