El Consejo de Europa recomienda reforzar la formación de los vigilantes del Marcelo Nessi de Badajoz tras las denuncias por malos tratos

El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa ha recomendado reforzar la supervisión y formación de los vigilantes de seguridad privada del Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales Marcelo Nessi de Badajoz tras las denuncias recibidas de malos tratos y uso excesivo de la fuerza contra menores internos por parte de este personal.

Además, según recoge Efe, este organismo de expertos aconseja sustituir el aislamiento disciplinario para menores de 18 años por otras medidas y reclama a España reforzar su política de tolerancia cero frente a los malos tratos tras recoger denuncias de agresiones a internos en las prisiones andaluzas de Algeciras, Huelva y Puerto III.

En un informe, elaborado tras una visita realizada en 2025 a centros penitenciarios, comisarías y al Marcelo Nessi, recoge testimonios de internos que aseguran haber recibido bofetadas, puñetazos, patadas y golpes con porras por parte de funcionarios de prisiones, presuntamente en zonas sin cámaras de videovigilancia.

Las denuncias con respecto al Marcelo Nessi contrasta con lo que denuncian los vigilantes de seguridad de este centro, que llevan en huelga desde hace más de dos años para reclamar mejores condiciones laborales y medios que eviten las continuas agresiones que, según aseguran, sufren estos profesionales por parte de los internos. En este sentido, los sindicatos se quejan de que el régimen sancionador no se aplica cuando infringen las normas, lo que hace que actúen con "total impunidad" y les salga "gratis" agredir a los profesionales.

En las cárceles

Por otra parte, el Consejo de Prevención de la Tortura reconoce que el número de denuncias por malos tratos ha disminuido de forma notable en las cárceles de Madrid VII y Sevilla II desde sus anteriores inspecciones, pero considera que la situación sigue siendo preocupante en los tres centros andaluces mencionados (Algeciras, Huelva y Puerto III) y reclama medidas para erradicar estas prácticas.

También expresa su inquietud por las quejas de uso excesivo de la fuerza durante detenciones y traslados a comisaría, algunas de ellas respaldadas por pruebas médicas, y critica que los registros con desnudo integral sigan practicándose con frecuencia de manera irrespetuosa y excesivamente intrusiva.

Frente a esta situación, pide que de forma clara se transmita al personal penitenciario un mensaje de "tolerancia cero" y recomienda que se refuerce su formación en técnicas de desescalada, se mejoren los reconocimientos médicos y la documentación de lesiones, y se garanticen investigaciones efectivas e independientes de todas las denuncias.

En cualquier caso, el organismo valora positivamente las condiciones de vida de la mayoría de los internos en régimen ordinario y destaca la oferta de actividades educativas, laborales y de tratamiento destinadas a favorecer su reinserción.

Respuesta de España

El Gobierno español ha respondido con un extenso y detallado informe en el que aborda punto por punto las críticas del CPT y asegura que cualquier abuso físico o verbal contra personas privadas de libertad "no es admitido" y que estos hechos son perseguidos por las vías disciplinarias y penales correspondientes.

El Ejecutivo defiende que desde 2021 funciona un protocolo específico para prevenir y actuar ante posibles malos tratos, que incluye la supervisión de los centros, la investigación de las denuncias y la comunicación de los casos a los juzgados. Además, sostiene que se han reforzado los controles internos mediante entrevistas confidenciales de los internos con los servicios de inspección y los canales de denuncia, que no pasan por la dirección del centro penitenciario.

En su respuesta, el Gobierno español también afirma que los partes médicos cuentan con sistemas de registro que permiten documentar las lesiones y su evolución, y que policías y guardias civiles reciben formación continua en derechos humanos y uso proporcional de la fuerza.

Asimismo recuerda la existencia desde 2022 de la Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos para supervisar posibles vulneraciones cometidas por las fuerzas de seguridad.