Una empresa de Badajoz, entre las registradas en una macrooperación contra un fraude de casi 12 millones en el IVA del alcohol

Badajoz ha sido uno de los escenarios de la operación conjunta desarrollada por el Servicio de Vigilancia Aduanera, el Área de Inspección Financiera de la Agencia Tributaria y el grupo de Delincuencia Económica de la UDEF de Sevilla de Policía Nacional, donde han desarticulado una importante organización criminal especializada en el fraude masivo del IVA en el sector de las bebidas alcohólicas. La defraudación de la trama en las cuotas de IVA entre 2018 y 2025 se estima en 11,9 millones de euros, pero podría incrementarse en función de las pruebas obtenidas en los registros.

La operación, denominada ‘Drink’/’Alambique’, se ha saldado con la detención de 13 personas y la investigación de otras cuatro, así como la realización de diez registros en las provincias de Sevilla (La Puebla de Cazalla), Córdoba, Badajoz y Valencia. Los registros se practicaron tanto en domicilios particulares como en las sedes de empresas relacionadas con la trama criminal.

Asimismo, se han bloqueado once inmuebles y 35 cuentas bancarias vinculadas a la trama y se han intervenido 66.000 euros en efectivo en los domicilios relacionados con uno de los principales objetivos, así como relojes de lujo, dispositivos electrónicos y abundante documentación de interés para la investigación. Además, se solicitó a la autoridad judicial el embargo de once inmuebles relacionados con la organización criminal.

Un entramado de 30 sociedades

La investigación se inició al detectarse un complejo entramado empresarial de más de 30 sociedades, cada una con un rol específico dentro de la organización criminal que contaba, igualmente, con una estructura paralela a través de las que se canalizaban los fondos delictivos y se sometían al blanqueo de capitales. Tras el análisis de la documentación y de 173 cuentas bancarias, los investigadores han confirmado la importación de volúmenes relevantes de alcohol procedentes de depósitos fiscales de varios Estados miembros de la Unión Europea, principalmente Países Bajos y Portugal, hacia varios depósitos fiscales en España.

La mercancía era introducida en España mediante las llamadas empresas 'introductoras'. Esta mercancía era enviada en régimen suspensivo de IVA e Impuestos Especiales. Tras varias transmisiones dentro del depósito fiscal a nombre de sociedades instrumentales, la mercancía era extraída con destino a las empresas distribuidoras. Para la extracción del depósito fiscal, la trama se servía también de sociedades que no ingresaban las cuotas de IVA correspondientes.

Esta operativa permitía a las distribuidoras ofrecer precios mucho más bajos, generando una competencia desleal en el sector. Para todo ello se crearon múltiples sociedades instrumentales a través de testaferros y respaldadas por facturas falsas con el objetivo de ocultar todo el circuito fraudulento.

Durante el desarrollo de la investigación, se realizó un complejo análisis económico patrimonial que puso de relieve que los líderes de la organización criminal investigada desviaban parte de los beneficios a una sociedad patrimonial creada a tal efecto, a cuyo nombre figura la titularidad de determinados inmuebles de los principales investigados.