La Junta prevé iniciar a finales de año la reforma de 40 viviendas en Suerte de Saavedra en Badajoz y aparca las 10 ocupadas

La Consejería de Infraestructura, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura ha decidido reestructurar la estrategia de recuperación de las antiguas viviendas de la Guardia Civil en la barriada de Suerte de Saavedra. Tras lograr a principios de año la titularidad de los cinco bloques que integran el lote mediante una cesión del Ministerio del Interior por 99 años, la Administración autonómica ha optado por fragmentar en dos lotes la rehabilitación de los 50 pisos que aún quedaban pendientes. Esto permitirá desbloquear la reforma de 40 de las viviendas sin que el conflicto social y la ocupación irregular que afecta al bloque restante en Eduardo Naranjo paralicen el grueso de la inversión pública.

Según informa la consejería, el ejecutivo regional ya ha iniciado el expediente para licitar las obras de rehabilitación integral del denominado Lote 2. Este bloque comprende 40 viviendas situadas en los números 1 y 3 de la calle Ventura Reyes Prósper. Indican que la adjudicación y el inicio de los trabajos están planificados para finales de este año o, a más tardar, los primeros meses de 2027.

Por el contrario, la actuación sobre el Lote 3 -que corresponde al bloque de 10 viviendas de la calle Eduardo Naranjo, 1- ha quedado desvinculada del calendario principal y relegada al último lugar. Respecto a este inmueble, la postura de la consejería es que se continúa "analizando las distintas circunstancias concurrentes antes de adoptar cualquier decisión acerca de las actuaciones a desarrollar", evitando fijar plazos para su licitación.

Aislamiento, placas solares y aerotermia

La intervención en los dos bloques de Ventura Reyes Prósper supondrá una gran transformación para unos inmuebles construidos en 1984 que presentaban un acusado deterioro tras años de abandono. La Junta ha concretado que el proyecto contempla una rehabilitación integral orientada a la eficiencia energética y la modernización completa de sus infraestructuras.

Entre las medidas programadas destaca la instalación de paneles fotovoltaicos en las cubiertas y la implantación de sistemas de aerotermia para la producción de agua caliente y climatización. Asimismo, se aplicará un sistema de aislamiento térmico exterior en las fachadas, junto con la renovación de cubiertas, medianeras y cerramientos para reducir el consumo energético, al menos, un 20%.

El proyecto incluye la renovación desde cero de las redes de fontanería, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones, así como obras destinadas a garantizar la accesibilidad en los accesos comunes y en el interior de los pisos, resolviendo también los problemas de humedades.

Un bloque sumido en la incertidumbre

La decisión de postergar las decisiones sobre el edificio de la calle Eduardo Naranjo no es casual. En ese bloque de 10 pisos residen actualmente nueve familias compuestas por una treintena de personas, entre las que hay unos 12 menores de edad. Los vecinos habitan el inmueble desde 2017, cuando accedieron a las viviendas vacías ante la imposibilidad de pagar un alquiler con ingresos medios familiares que no superan los 800 euros.

La situación de este inmueble ha generado un importante contencioso entre los residentes -respaldados por colectivos como Campamento Dignidad y la asociación 25 de marzo- y la Junta. Las familias reclaman la regularización de su situación a través de un alquiler social ajustado a sus ingresos y la puesta a punto de los suministros básicos.

Frente a estas afirmaciones, la Consejería de Infraestructuras niega rotundamente la apertura de ningún expediente de desalojo inminente ni la realización de coacciones. Fuentes del gobierno regional aseguran que las visitas realizadas al inmueble han respondido en exclusiva a la necesidad de censar e identificar a las personas residentes para recopilar la información indispensable que permita planificar la gestión del patrimonio público.

Un proceso de más de una década

Con este paso, la Junta de Extremadura busca cerrar un dilatado proceso administrativo que se ha extendido durante años desde que comenzaron las conversaciones con el Ministerio del Interior. El complejo originario, compuesto por 90 viviendas de la Guardia Civil fuera de uso, requirió ocho años de negociaciones iniciales solo para poner en marcha la primera fase.

En esa primera etapa se rehabilitaron 40 viviendas gracias a una inversión superior a los dos millones de euros, financiada en un 89% por los fondos europeos Next Generation. De esas casas, 20 pasaron a ser gestionadas por Cáritas dentro de su programa habitacional y las otras 20 se adjudicaron como alquiler social para familias vulnerables, con contratos de cinco años y rentas situadas entre los 70 y los 130 euros mensuales.

Tras años de bloqueo en las negociaciones con la empresa pública Giese para la cesión de los 50 pisos restantes, el acuerdo definitivo se alcanzó fijando un canon anual de 10.000 euros para la Junta durante un periodo de 99 años.

La puesta en marcha de estas actuaciones resulta clave para la capital pacense, donde el parque público de vivienda gestionado por la Junta consta de algo más de 2.500 pisos. Las viviendas que se vayan completando en esta segunda fase se asignarán mediante sorteo público entre los solicitantes inscritos en el registro oficial.