Las familias que okupan los pisos de la Guardia Civil en Badajoz se movilizarán para exigir que se regularice su situación

Las nueve familias que residen de manera ilegal en los conocidos como pisos de la Guardia Civil de Suerte de Saavedra, propiedad de la Junta de Extremadura, se movilizarán para exigir que se regularice su situación y puedan seguir en estas viviendas que okuparon hace casi una década, a cambio del pago de un alquiler social.

Así se ha decidido este viernes, según ha informado Campamento Dignidad, en una reunión en la que, además de miembros de este colectivo y las familias afectadas, participaron representantes de otras asociaciones y del sindicato 25 de Marzo, que respaldan su reivindicación.

Las familias insisten en que están asentadas en la barriada «sin ningún tipo de problemas entre ellas», que el ayuntamiento ha permitido que se empadronen en las mismas, cuentan con conexión a la red eléctrica autorizada por la compañía distribuidora y sus hijos están empadronados en guarderías y colegios de la zona. «En definitiva, han tenido una tolerancia legal por parte de algunas instituciones», señala Campamento Dignidad, que reprocha a la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda su «desprecio» hacia estos vecinos al rechazar todas las peticiones de vivienda pública que realizan, «como puede realizar cualquier ciudadano de la comunidad extremeña».

Campamento Dignidad defiende el papel que ha tenido la presencia de estas familias en los pisos de la Guardia Civil para que la Administración regional los esté rehabilitando -ya se reformaron 40 y quedan pendientes otros 50, incluidos los que okupan-. A juicio del colectivo, la rehabilitación de estos bloques "se ha acelerado en el tiempo gracias a que ellas destacaron su olvidada existencia, las pusieron en valor público, recuperaron algunas de ellas y ejercieron presión para que el Ministerio del Interior cediera esos bloques de pisos a la Junta. De otro modo, probablemente seguirían olvidadas y abandonadas», sostiene.

Desde 2017

Las nueve familias okuparon estas viviendas en 2017. Son en total una treintena de personas, entre ellas 12 menores. Los denominados pisos de la Guardia Civil están repartidos en 5 bloques. Tras años de negociaciones, Interior cedió a la Junta 40 de ellos, que se rehabilitaron. Esta era la primera fase del proyecto, pues la intención de la Administración regional era conseguir la titularidad de todos ellos para aumentar el parque de vivienda pública en Badajoz y destinarlos a alquiler social.

Mientras los trámites para la cesión de los pisos que quedaban pendientes seguía, se rehabilitaron los primeros 40, que se entregaron y están habitados desde principios de 2025. La mitad se cedieron a Cáritas y el otro 50% se adjudicó de manera directa a demandantes de vivienda pública que abonan un alquiler social.

Los planes de la Junta era hacer esto último con los otros 50 y, aunque reconocía que antes tendría que resolver el problema de la okupación de 9 de ellos, no se dio ningún paso en firme para su desalojo.

La cesión de los 50 pisos que quedaban pendientes se formalizó hace pocos y meses y, según han denunciado las familias a principios de agosto, han recibido «presiones» desde el Gobierno regional para que abandonaran el edificio antes de septiembre. Los afectados se niegan y reclaman una solución, pues si los desalojan, se quedan en la calle.

Tras la denuncia, la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, como ya publicó este diario, negó que hubiera en marcha un procedimiento de desahucio ni que tampoco se había tomado aún una decisión sobre las medidas que pudieran proceder.

La intención de la Junta es iniciar la rehabilitación de 40 de las viviendas a finales de este año, mientras ha dejado aparcada, por ahora, la reforma de las que están ocupadas.

Campamento Dignidad pone como ejemplo del problema de vivienda que sufren «miles de personas» en la región la situación de estas familias y reclama a la Administración un programa de acción «que acabe con la precariedad y necesidades habitacionales».