Ocho de cada diez desahucios en Canarias ya son por impago del alquiler

El 80,4% de los canarios desahuciados en los primeros dos trimestres de 2025 fueron expulsados de sus hogares por no poder hacer frente al pago del alquiler, según las últimas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La tendencia confirma que el impago de la renta –que ya supone al canario destinar más de la mitad de su salario– se mantiene como la principal causa de pérdida de vivienda en el Archipiélago, muy por encima de las ejecuciones hipotecarias, que alcanzaron el 14,4% de acuerdo con los últimos datos del mes de junio.

La crisis de la vivienda sigue marcando máximos en Canarias, donde los elevados precios de los alquileres y la escasa oferta de viviendas asequibles mantienen al alza el coste de acceder a un hogar. Prueba de ello son las 876 sentencias dictadas por los tribunales del Archipiélago que obligaron a los inquilinos a abandonar su inmueble. Aunque esta cifra supone un descenso de 90 ejecuciones con respecto al mismo periodo de 2024 –en contraste con el aumento del 4,5 % registrado en la media nacional–, el problema persiste. Así, pese a la ligera mejora en los datos canarios, la realidad muestra que cada vez más personas tienen dificultades para pagar la renta o permanecen en la vivienda una vez finalizado el contrato, reflejo del grave desequilibrio que sigue afectando al mercado inmobiliario de las Islas.

Isidro Martín, delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (Apei) y secretario de la junta directiva de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), advierte de que las ejecuciones por impago podrían incrementarse en los próximos años. «La subida continuada de los precios y la falta de oferta de vivienda mantienen una situación cada vez menos sostenible», señala. En este sentido, las sentencias registradas durante los dos primeros trimestres de 2025 corresponden a procedimientos iniciados hace al menos dos años, por lo que se prevé que, a medida que se publiquen nuevas estadísticas del CGPJ, la crisis seguirá reflejándose en un aumento de dictámenes judiciales.

Los desahucios por impago de alquileres mantendrán su mayoría frente a la ocupación ilegal de vivienda y los impagos hipotecarios. Pero, ¿por qué? Los arrendamientos cada vez más desorbitados influyen en la opinión de la población canaria, que considera que alquilar un piso se traduce en «tirar el dinero». En concreto, el 48% de los isleños comparten esta idea, según el Índice Inmobiliario de Fotocasa. Y la realidad refuerza esta opinión: en 2024, los canarios tuvieron que dedicar el 55% de su salario bruto al pago del alquiler. Mientras el precio medio del arrendamiento en España cerró el año con un incremento del 14 % –alcanzando los 13,29 euros por metro cuadrado al mes–, el salario medio bruto anual se situó en los 27.060 euros, elevando de forma notable el esfuerzo económico para pagar el recibo mensual, ya que los sueldos subieron muy por debajo de ese 14% que lo hizo el alquiler medio.

Acceder a una hipoteca

Por otro lado, quienes logran acceder a una hipoteca lo hacen tras abonar una entrada –que suele representar alrededor del 30% del precio del inmueble– y con una planificación financiera más controlada. No obstante, la imposibilidad de desembolsar una cuantía tan elevada así como la falta de oferta, convierten la opción de asumir un alquiler en la más accesible, que no la más rentable.

De hecho, «la hipoteca está más favorecida que el alquiler actualmente», explica Martín. La escasez de viviendas ha solapado el precio del alquiler con el de la compra de una casa. A ello se suma una bajada en el tipo de interés de los préstamos hipotecarios, que actualmente se sitúa por debajo del 3%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En definitiva, un conjunto de factores por los que, según el experto inmobiliario, «es preferible comprar, si se tiene la posibilidad, y pagar una cuota hipotecaria que, probablemente, sea inferior a la de un arrendamiento».

La mayoría de desahucios por el impago de alquileres se producen en los municipios del sur de las Islas. San Bartolomé de Tirajana culminó el pasado año con 140 ejecuciones: el 84% de ellas, por alquiler. En el mismo ejercicio, la ciudad de Telde reunió un 76% de sus sentencias por el mismo motivo. En el caso de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife contabilizó el 73% de los impagos en materia de alquiler frente al 77% que se registró en Arona.

Las localidades eminentemente turísticas tienen la característica de que cuentan con más población flotante y estacional. Es decir, sus habitantes se desplazan temporalmente –sin fijar allí su residencia permanente– por motivos de trabajo, estudio o turismo. Además, el sur de las Islas se caracteriza por la fuerte presión en el precio de la vivienda impulsada por el desarrollo turístico.

Datos de okupación

Por su parte, los jueces canarios dictaron el año pasado 139 sentencias acordando el desahucio de los okupas, cuatro menos que en el ejercicio anterior. Además, este tipo de lanzamientos por ocupación ilegal de viviendas tan solo representan el 6,8% del total de desahucios. El CGPJ recopila estas cifras desde 2018. En junio de ese año se modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil, que entró en vigor el 2 de julio, con el objetivo de agilizar el desalojo de los okupas.

Según esta norma, una vez que los tribunales admiten la demanda, los ocupantes tienen un plazo de cinco días para demostrar si cuentan con un título válido para residir en la vivienda, como una hipoteca o un contrato de alquiler. En caso de no presentar justificación o de no contestar, se dicta la sentencia de desalojo con efectos inmediatos.

Los datos marcan un fuerte cambio en la situación de los desahucios en el Archipiélago. En el total de 2024 se dictaron 1.732 sentencias, lo que supone una caída del 60% frente a aquellos años más duros de la Gran Recesión -entre los años 2008 y 2014- donde la grandísima mayoría de lanzamientos tenían que ver con el impago de hipotecas, muchas de ellas hipotecas basuras que la misma banca había concedido en los años de la burbuja inmobiliaria, cuando los controles y hasta la responsabilidad en la concesión del crédito fueron, como poco, muy laxos, pues se concedían cantidades a todas luces insostenibles para la clase media y media-baja.

Así, según los últimos datos del CGPJ, 2014 dejó un total de 4.298 sentencias, de las cuales el 48,5% correspondía a lanzamientos practicados como consecuencia de impagos de hipotecas, una cifra que en la actualidad se ve reducida al 14,4%.