El Gobierno activa la contratación masiva de cientos de técnicos para pilotar el cierre de las centrales nucleares

El Gobierno aprobó hace ahora dos años una nueva hoja de ruta para las próximas décadas para el cierre y desmantelamiento de todas las centrales nucleares, para la gestión de todos los residuos radiactivos y para fijar y financiar el coste milmillonario de todo ello. La sociedad pública Enresa, encargada de desmantelar las plantas y de gestionar sus desechos radiactivos, ha puesto en marcha un plan de transformación para prepararse para todos los trabajos que se le vienen encima. Una transformación que incluye una ampliación de su plantilla hasta duplicar su tamaño para poder atenderlos.

El nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) establece el cierre escalonado de todas las centrales nucleares españolas desde 2027 y hasta el apagón total en 2035 (aunque las fechas, todas o algunas, puede que cambien tras la solicitud de ampliar la vida de Almaraz, a las que pueden seguir más adelante otras peticiones similares para el resto de plantas); contempla la construcción de siete almacenes, uno en cada central, para guardar el material radiactivo durante cinco décadas; también plantea la construcción de un enorme cementerio definitivo para depositar la basura nuclear para siempre; y también calcula que todo esto costará unos 20.300 millones de euros hasta final de siglo.

Con el PGRR actual como guía y a la espera de que se produzcan eventuales cambios en las fechas de cierre de las centrales nucleares, el grupo estatal Enresa, cuya tutela administrativa le corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, ha puesto ya en marcha un proceso de contratación de manera sostenida durante los próximos años para redimensionar la plantilla a todas las actividades previstas en la hoja de ruta gubernamental.

Los planes de Enresa pasan por contratar un centenar de nuevos técnicos hasta 2027 y cerca de otros 300 en los años siguientes hasta doblar el tamaño de su personal actual, según datos internos de la compañía a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La compañía cerró el ejercicio de 2024 con una plantilla integrada por 372 empleados y, con el plan de transformación ya en marcha, este año sumará 37 nuevos trabajadores y prevé incorporar 31 empleados adicionales el próximo año y unas 25 personas más en 2027. En tres años, el grupo sumará así más de 90 nuevos trabajadores e incrementará un 25% su plantilla hasta llegar a cerca de los 465 integrantes.

El objetivo de la compañía presidida por Olga García para los años siguientes apunta a duplicar el tamaño de su plantilla actual, hasta alcanzar el entorno de los 750 empleados. Una meta para la que Enresa no ha fijado plazos concretos, pero que se alcanzará cuando todas las actividades previstas en el Plan General de Residuos Radiactivos estén ya en desarrollo, según confirman fuentes de la compañía pública.

Un calendario en duda

Las grandes eléctricas pactaron en 2019 entre sí y con la propia Enresa un calendario para el cierre progresivo de todos las centrales nucleares que arranca 2027 y culminará en 2035 con el apagón nuclear total. Ésa es la guía vigente y con la que trabajan todas las partes concernidas en los trabajos necesarios para ejecutarla.

El cierre gradual y escalonado de los siete reactores españoles acordado hace un lustro por Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP contempla que Almaraz I cerrará en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, Vandellós II en 2035 y Trillo también en 2035. Unas fechas que las eléctricas ahora pretenden ir retrasando, al menos las de los primeros cierres.

Las grandes eléctricas ya han dado el primer gran paso para intentar salvar el cierre a la central nuclear de Almaraz. Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la planta, remitieron hace un mes al Ministerio para la Transición Ecológica la solicitud oficial para posponer hasta junio de 2030 el cierre de la central y el departamento comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen ha reenviado la petición al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que estudie las condiciones que habría que imponer a la central para operar con seguridad durante más tiempo.

Almaraz y el ‘efectó dominó’

De momento, la petición para mover las fechas de cierre previstas sólo se ha formalizado para Almaraz. Pero un aplazamiento de la clausura de la central cacereña, aunque sea sólo hasta 2030, previsiblemente desataría un ‘efecto dominó’ en todo el parque nuclear nacional. La ampliación de la licencia de Almaraz empujaría a una reordenación del cierre del resto de centrales nucleares, según confirman varias fuentes del sector energético.

El escenario que barajan las compañías con intereses en el sector nuclear nacional es que aplazar el cierre de Almaraz obligaría a retrasar el resto de clausuras para que no se solapen unas con otras, con lo que se retrasaría el apagón nuclear total y se prolongaría con carácter general los años de funcionamiento del parque nacional de reactores.

El calendario de cierres actual está diseñado para que los trabajos de desmantelamiento puedan ser asumidos por los medios de que dispone Enresa. Desde el sector energético dan por hecho que atrasar hasta 2030 el fin de los dos reactores Almaraz forzará a aplazar los cierres de Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia) para que no coincidan el inicio del desmantelamiento y todas las fases posteriores de cuatro reactores simultáneamente. Y lo "razonable" y "lógico", según fuentes del sector, es que si se posterga la clausura de estos dos reactores, también se aplace la de Ascó II, programada para 2032. Los dos últimos cierres, los de Vandellós II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara) ahora están previstos para 2035.

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