El Gobierno renuncia a 60.300 millones en créditos europeos para sustituirlos por deuda española "más flexible"

El Gobierno ha confirmado este martes que renuncia a unos 60.300 millones de euros de los créditos europeos del programa Next Generation EU, lo que equivale a en torno a un 72,6% de los 83.160 millones asignados a España dentro del plan puesto en marcha a raíz de la pandemia. Al mismo tiempo, ha "mantenido el objetivo" de lograr la totalidad de los 79.854 millones en subvenciones a fondo perdido que corresponden al país, para lo que ha suavizado y reducido parte de los compromisos pendientes para lograrlo. Hasta ahora, se han percibido unos 55.000 millones en transferencias no reembolsables, pero el Ejecutivo afronta el riesgo de perder parte de las subvenciones si no completa su ejecución antes del 31 de agosto de 2026 o si no se logra que el Parlamento apruebe algunas de las reformas legales comprometidas con la Comisión Europea.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha justificado la renuncia a la mayoría de los créditos europeos por un doble motivo. El primero es que ya no son económicamente tan ventajosos: cuando se pusieron en marcha en 2021, el Estado se financiaba en los mercados a un tipo de interés 0,7 puntos porcentuales más caro que el de la Comisión Europea, pero ahora esa brecha se ha "prácticamente cerrado" hasta los 0,03 o 0,04 puntos. El segundo factor tiene que ver con los plazos (los fondos europeos, que computan como deuda del país, deben estar asignados antes de que acabe agosto del año que viene) y con las mayores obligaciones burocráticas que implican los recursos comunitarios, por lo que la apelación a deuda española resulta "más flexible".

"Los préstamos, que pusimos sobre la mesa como una red de seguridad para poder dar continuidad a las inversiones de nuestro plan de recuperación, van a estar ahora disponibles con una red de seguridad nacional, ya no europea", ha asegurado Cuerpo, quien ha afirmado que ello permitirá "máxima capacidad de actuación, reduciendo barreras y mejorando la flexibilidad de acceso a los fondos de manera que no haya en ningún momento restricción de acceso al crédito para las empresas". En este sentido, ha anunciado que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) recibirá una inyección de capital de 13.000 millones de euros para reforzar su capacidad de financiación.

Adenda al plan

El Consejo de Ministros, así, ha aprobado una nueva adenda "de simplificación" al Plan de Recuperación en línea con la recomendación de la Comisión Europea de junio a todos los países de la UE. Además de renunciar formalmente a la mayoría de los créditos, el Gobierno ha reducido de unos 250 a unos 230 los hitos previstos para lograr las transferencias y préstamos pendientes (25.000 y 6.500 millones, respectivamente). También ha disminuido la carga administrativa asociada a los mismos (se han revisado 160 hitos en ese sentido), al tiempo que se han añadido nuevas partidas ligadas a las "prioridades estratégicas", como 300 millones para supercomputación o 2.500 millones adicionales para descarbonización y transición ecológica.

A falta de conocer los detalles de esa nueva programación de hitos y objetivos cuando la apruebe la Comisión Europea, el ministro ha adelantado que se mantienen algunas reformas, como la obligación de equiparar la fiscalidad del diésel con la de la gasolina, para la que se amplió el plazo hasta finales de enero y que ya provocó en julio que Bruselas penalizase a España con un descuento de 1.100 millones en el quinto desembolso de los fondos. Otras reformas "periféricas o menores" han desaparecido (como la obligación de crear la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, paralizada en el Congreso), mientras que un tercer grupo se ha transformado (la ley del suelo ahora se cambia por medidas relacionadas con la empresa pública de vivienda).

Más de tres puntos de PIB

Con la renuncia a la mayoría de los créditos, el montante total de fondos a los que aspira España se reduce a unos 103.000 millones de euros (79.854 millones en subvenciones y el resto en préstamos), frente a los 163.014 millones que se le habían asignado. Cuerpo ha destacado que el país ya ha accedido a unos 71.000 millones (55.000 millones en transferencias y 16.000 millones en créditos), con un impacto positivo en el PIB de 2,6 puntos hasta 2024, que se elevarán hasta los 3,4 puntos en 2031.

España, eso sí, se expone a perder parte de los fondos tanto si no cumple las reformas previstas, como si no paga el total de las subvenciones asignadas a sus beneficiarios antes del 31 de agosto de 2026. Según los datos del Ministerio de Economía, hasta septiembre se habían realizado convocatorias por 84.345 millones de euros (incluso por encima del dinero asignado por Bruselas a España) y se habían resuelto por importe de 58.787 millones. El dato que no se conoce es cuál es la cantidad que ya ha sido pagada a los más de 1,3 millones de beneficiarios.

Estrategia del Tesoro

Cuerpo, por otra parte, ha presentado la estrategia de financiación del Tesoro para 2026. El Gobierno, así, prevé necesitar el próximo año la misma financiación externa nueva que en el ejercicio actual. El Tesoro calculaba que precisaría emitir 60.000 millones de euros netos en 2025, 5.000 millones más que en 2024 para dotarse de "flexibilidad" para reconstruir las zonas afectadas por la DANA, pero finalmente serán 55.000 millones, la misma cantidad que estima para 2026. Las emisiones brutas (no solo las nuevas, sino también las que renuevan la deuda que va venciendo) sí que aumentarán por el incremento de las amortizaciones a refinanciar: de los 274.242 millones de 2025 a los 285.693 millones.

Cuerpo, en cualquier caso, ha destacado que el año pasado se logró aumentar la vida media de la deuda en vigor de 7,85 a 7,93 años, con lo que cada ejercicio solo hay que refinanciar el 13% del total, lo que amortigua el efecto de los cambios en los tipos de referencia. El coste de emisión ha bajado este año del 3,16% al 2,71% por los recortes del Banco Central Europeo (BCE), mientras que el de la deuda viva subió del 2,21% al 2,31% por el vencimiento de deuda más barata de hace unos años.

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