El Congreso tumbará la prórroga de los alquileres y situará a caseros e inquilinos en un limbo legal

El Congreso de los Diputados previsiblemente tumbará el real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes para prorrogar hasta dos años los contratos de alquiler cuya fecha de finalización culminase hasta finales de 2027. Con la previsible abstención del PNV y la negativa de PP, Vox y Junts a esta norma impulsada por el ala de Sumar, se abre un limbo legal en el que convivirán contratos regulados por la ley de arrendamientos urbanos y otros cuyos términos se regirán por esta normativa derogada, lo que con una alta probabilidad se traducirá en una guerra en los tribunales entre caseros e inquilinos.

El Ejecutivo aprobó el pasado 21 de marzo dos decretos, uno con todo el paquete de medidas de respuesta económica a la guerra de Irán y otro solo con la prórroga de los contratos de alquiler durante dos años, una exigencia de la parte de extrema izquierda dentro del Consejo de Ministros para apoyar el otro. Ya en su presentación, el Pedro Sánchez insistió en que no contaba con los apoyos parlamentarios para convalidarlo. No se equivocaba el presidente del Gobierno.

¿Qué pasará ahora?

A partir de ahora se abren varios escenarios. El primero y más sencillo es el de aquellos inquilinos cuyo contrato no venza fuera dentro del plazo del real decreto-ley, para los que no ha cambiado nada. Tampoco para los que sí culminen su alquiler en esas fechas, pero no notificasen a sus caseros que se adherían a la prórroga: ahora ya no pueden hacerlo porque la norma que lo amparaba ya no está en vigor.

Pero, ¿qué pasará con los que sí lo pidieron? A priori, "desde su publicación en el BOE, el real decreto-ley entra en vigor de forma inmediata y despliega plenos efectos jurídicos, por lo que resulta aplicable durante todo el periodo en que esté vigente, con independencia de su posterior convalidación o no por el Congreso", explicaban fuentes jurídicas hace unas semanas, la posición que mantenían desde el Ministerio de Consumo, que ha sido quien ha abanderado esta medida.

Sin embargo, hay otras voces que apuestan por lo contrario y señalan que ahora los caseros podría responder señalando que no acepta esta prórroga. Esto sitúa a la vez dos escenarios. Los contratos cuya fecha de finalización era entre el 22 de marzo y el 28 de abril y un segundo grupo del 28 de abril hasta el 31 de diciembre de 2027. Los primeros sí contarían con la salvaguarda, pero los segundos no, explican nuevas fuentes consultadas. En cualquier caso, las diferentes voces son prudentes y no se atreven a hacer valoraciones públicas.

Lo que parece claro es que esto terminará en una guerra judicial, ya que muchos caseros pleitearán en los tribunales para que esta prórroga no sea efectiva, pero no habrá una respuesta clara hasta dentro de varios meses, puesto que primero se pronunciarán juzgados de primera instancia, pero hasta que no haya recursos y no dicte sentencia una instancia superior no se creará una jurisprudencia aplicable.

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