Competencia investiga posibles prácticas anticompetitivas en los mercados energéticos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está investigando posibles prácticas anticompetitivas en los mercados energéticos en España, que consisten en la aplicación de precios excesivos y en la negativa de acceso a infraestructuras energéticas y que podrían suponer un abuso de posición de dominio. Así lo ha trasladado este martes el organismo que dirige Cani Fernández, que no da datos ni de la actividad ni de la empresa que está bajo esta investigación.

Según explica en un comunicado, la semana pasada, entre el lunes 18 y el jueves 21 de mayo de 2026, la CNMC realizó una inspección "en la sede de una empresa del sector energético en el marco de una información reservada abierta tras la investigación preliminar iniciada de oficio por la Dirección de Competencia", pero sin facilitar el nombre de la compañía.

Las inspecciones son el paso previo en el proceso de investigación de supuestas conductas anticompetitivas, en el que el 'superregulador' recaba información sobre posibles infracciones. En caso de que a partir de esas inspecciones la CNMC se encuentre con pruebas que deriven en indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia y por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la CNMC procedería a la incoación formal de un expediente sancionador, que supondría el inicio de la investigación oficial. Por tanto, las inspecciones en sí no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de la entidad.

A pesar de que la CNMC no revela la actividad, empresa o empresas que están bajo su lupa, sí explica que la potencial irregularidad supondría una infracción del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíbe a una o varias empresas utilizar su cuota de mercado para perjudicar a competidores o consumidores. Las prácticas de abuso de posición de dominio constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia y pueden conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa. 

En las últimas semanas, el organismo --cuya presidenta, Cani Fernández, acabará su mandato de seis años no renovables el próximo 20 de junio-- mantiene una intensa supervisión sobre el sector petrolero tras la subida de los precios de las gasolinas derivada de la guerra de Irán, así como una frenética actividad en el ámbito regulatorio, con la apertura de más de 60 expedientes sancionadores a distintas compañías eléctricas, como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol o TotalEnergies, por supuestamente incumplir sus obligaciones de control de tensión en los dos años anteriores al gran apagón del 28 de abril, así como a Red Eléctrica por presuntamente vulnerar sus funciones como operador del sistema.

Suscríbete para seguir leyendo