Encuesta GESOP: El 60% de los jóvenes están en contra de la regularización de migrantes

Seis de cada 10 menores de 30 años está en contra de la regularización extraordinaria de migrantes llevada a cabo por el Gobierno. El proceso que está concediendo permiso de trabajo y residencia a centenares de miles de personas –la Seguridad Social ha recibido 1,2 millones de solicitudes- divide generacionalmente a los españoles. Enerva a los más jóvenes, mientras que los veteranos la apoyan holgadamente, según la Encuesta Política de España elaborada por el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para Prensa Ibérica.

Puede que sea porque aquellos que peinan canas ya han visto otras regularizaciones de este tipo –es la quinta que se efectúa desde que se reinstauró la democracia- y han podido comprobar que son positivas para la economía. Por ejemplo, un reciente estudio de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) estima que la regularización efectuada bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2005, de cerca de 600.000 inmigrantes extracomunitarios, elevó la recaudación mediante cotizaciones e impuestos sobre las nóminas en 4.189 euros por persona regularizada. Es decir, aportó un saldo positivo al erario público –entre gastos e ingresos- de 2.400 millones de euros anuales.

Puede que sea porque los más jóvenes ven (o les hacen ver) en los migrantes un competidor inmediato por aquellos empleos de menor cualificación que les sirven como puerta de entrada al mercado laboral, si bien estudios como el elaborado desde el Consejo Económico y Social (CES) señalan lo contrario. "Con carácter general, la evidencia disponible señala que, a medida que las personas migrantes se incorporan al mercado laboral, las nativas se desplazan hacia nuevas ocupaciones que, en muchos casos, requieren habilidades más cualificadas [...] y conforme mejoran sus habilidades, se generan ganancias de productividad a largo plazo para toda la economía”.

Lo cierto es que, tal como evidencian los datos del GESOP, la medida polariza generacionalmente y, a mayor edad, mayor aceptación. Según este sondeo, el 36,1% de los menores de 30 años está a favor; dicho porcentaje sube al 40,1% entre los 30 y 44 años; escala al 51,6% entre los 45 y 59 años y alcanza el 55,4% entre los mayores de 60 años. Precisamente el envejecimiento que los migrantes vienen a revertir provoca que, en términos medios, haya más partidarios de la misma que detractores. Según recoge el GESOP, el 48,3% de los encuestados están de acuerdo con la misma, frente al 47,9% que se manifiestan en contra, con el 3,7% que no sabe o no contesta. No hay diferencias sustanciales en materia de género, si bien la medida recaba algo más de apoyo entre las mujeres (51%), que entre los hombres (45,5%).

Paradójicamente, los jóvenes están en contra de la regularización de migrantes, pero a favor de concederles los mismos derechos que a los nacionales. Una aparente contradicción, pues la regularización significa equiparar, parcialmente, a esos migrantes con los nacionales en lo que a derecho a trabajo y residencia respecta. El 63,4% de los menores de 30 años concuerdan con ello, porcentaje que crece con la edad hasta un 68% entre los mayores de 60 años y genera un amplio consenso intergeneracional.

Más apoyo en el campo que en la ciudad

Este proceso, que parte de una iniciativa legislativa popular que logró recabar más de 600.000 firmas entre la ciudadanía, genera algo más de consenso en los pueblos y ciudades pequeñas que en las grandes urbes. No en vano, en los entornos rurales los migrantes son vistos como una mano de obra necesaria para el sector agrícola y una fuente de rejuvenecimiento en zonas despobladas. Las patronales agrarias, por ejemplo, han aplaudido entusiastamente el proceso. Mientras que en las grandes ciudades –el 50% está en contra- pueden cundir más estereotipos como los que detectó hace un par de años un estudio de la Fundación Iseak, en base a entrevistas realizadas a 3.224 personas. Durante las mismas, los autores acreditaron que la gente percibe que hay el doble de migrantes en paro de los que constatan los datos oficiales o que los que cobran ayudas son cinco veces más de los que realmente las perciben.

Si bien entre los actores económicos existe un consenso extendido de que la regularización será positiva –tanto patronales como sindicatos la aplauden-, en el plano político existe una polarización manifiesta. PP y Vox están abiertamente en contra, con el 80% y el 87% de su electorado, respectivamente, que la rechaza. El electorado de Junts, un partido que también ha criticado el proceso y que actualmente sufre la ‘opa’ de Aliança Catalana por el tema migratorio, está más dividido. Con un 51,8% en contra, pero un 48,2% a favor. Mientras que la izquierda está claramente a favor. Los votantes del PSOE son los menos ‘entusiastas’ y el 66% se muestra a favor, mientras que entre el electorado de Sumar o de ERC dicho porcentaje roza el 87%, en ambos casos.

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