El cuidado de la tercera edad

Extremadura, la región con una mejor ratio entre residencias y población de 80 o más años

También donde la participación del sector público en estos servicios es más elevada

En el 41% de los centros extremeños asume tanto titularidad como gestión 

Imagen de archivo de la residencia de mayores de un municipio extremeño.

Imagen de archivo de la residencia de mayores de un municipio extremeño. / TONI GUDIEL GIRONDA

Extremadura es la región con una mejor ratio entre residencias para atender a mayores y población con 80 o más años cumplidos, que es la principal usuaria de estos centros. También es la comunidad autónoma en la que el peso del sector público es más relevante a la hora de prestar estos servicios asistenciales. Son dos de los datos que aparecen en el primer censo nacional que sobre este tipo de instalaciones (también sobre las destinadas a personas con discapacidad) presentó recientemente el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. 

La falta de datos de los que se disponía hasta ahora sobre estas residencias, evidenciada en especial a raíz de la pandemia de covid, es la razón que ha impulsado este trabajo, elaborado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) con datos 2022. En él se arroja una radiografía muy completa de estos centros asistenciales en todas las comunidades autónomas.

Entre otras cosas, el estudio deja claro que el modelo de atención más habitual en España en las residencias para mayores es el privado. Apenas un 14,2% de estas instalaciones son completamente públicas (titularidad y gestión). Aparte, otro 12,1% son de titularidad pública pero con gestión privada (un 8,8% con ánimo de lucro y un 3,3% a cargo de entidades carentes de él). Por contra, en el mapa de los 5.188 centros de atención a mayores que hay en territorio español dominan los que tienen titularidad y gestión privada (73,8%, un 48,5% con lucro y 25,2% sin él).

La situación dista mucho, en cualquier caso, de ser uniforme en todas las comunidades autónomas. Si en Cantabria o en Madrid la aportación de las residencias totalmente públicas suma solo el 3,7% y el 6,4% del total, respectivamente, en Extremadura suponen el 41,5%, el porcentaje más alto del país. Además, la región repite como la que tiene una mayor proporción de centros públicos, pero de gestión privada a cargo de entidades, tanto con fines económicos (21,8%), como sin ellos (8,5%).

En concreto, en Extremadura se contabilizan 279 centros. De ellos, 234 han aportado datos para el censo, con 11.974 plazas, y 10.373 residentes (el grado de ocupación es del 86,6%). La región tiene así 37,6 centros por cada diez mil mayores de 80 años que viven en ella, o lo que es lo mismo, uno por cada 265 personas que se mueven en ese segmento de edad. El dato duplica la media española, que es de 18,11, uno por cada 552.

«Este modelo de residencias pequeñas y públicas fue un factor fundamental en la mejor respuesta a la pandemia»

REMIGIO CORDERO

— Coportavoz de Extremadura por la Sanidad Pública

Para Remigio Cordero, portavoz de la plataforma Extremadura por la Sanidad Pública, la fotografía que arroja este censo en la región es fruto de la apuesta que se ha hecho en ella por un modelo «de residencias pequeñas y públicas». «En gran parte de los municipios extremeños o en los presupuestos de las diputaciones, una de las prioridades fundamentales han sido las residencias de mayores», aduce.

Un modelo que permite un mayor «control» de los servicios que prestan, frente al que impera en otros territorios. «En una residencia de una localidad pequeña habitualmente hay un vínculo entre los cuidadores y los cuidados. Son personas del mismo pueblo, a veces familiares o conocidos, lo que establece un sistema de vigilancia social o incluso de participación, que se diluye en los grandes núcleos de población», razona.

Además, apostilla, estas instalaciones permiten un mejor «acceso de los familiares a la hora de ver las condiciones en las que están atendidos» los usuarios. «La accesibilidad y la transparencia en la gestión son claramente diferentes», afirma.

El censo del ministerio ratifica este vínculo entre el tamaño de las residencias y quién las administran: mientras que en las de titularidad y gestión públicas la media es de 45,7 plazas en promedio, en las que ambos aspectos son de índole privada y con ánimo de lucro, suponen casi el doble (87,7).

El estudio también apunta a una mayor dotación de recursos humanos en las primeras, con una ratio de personal por residente de 0,77, que en las segundas se queda en 0,45. Una brecha a la que también contribuye el que las públicas cuentan con una mayor proporción de plantilla contratada a jornada completa.

Donde el balance es mejor en el sector privado es en la dotación en infraestructuras, ya que disponen más habitualmente de espacios exteriores, sistemas de gestión de la accesibilidad certificados, o de conexión a internet. No obstante, en este punto, Cordero hace hincapié en que «el coste importante de los centros de cuidado personal, tanto de residencias como sanidad, no son los recursos en infraestructuras o materiales, son los recursos humanos».

En su opinión, la distinta gestión de ambos modelos y sus mayores dotaciones de persona fueron «un factor fundamental diferenciador» durante la pandemia, que llevó a una mejor «respuesta» en las residencias públicas frente a las privadas, en las que «la mortalidad fue mayor».

En cuanto al perfil de los usuarios, tres de cada cuatro superan los ochenta años de edad, mientras que un 20,6% se mueve entre los 65 y los 79 y solo un 4,4% tiene menos de 65. Asimismo, hay muchas más mujeres que hombres (63,9% frente a 36,1%).

Dotación de infraestructuras en las residencias para mayores de Extremadura.

Dotación de infraestructuras en las residencias para mayores de Extremadura. / El Periódico

Dos tercios, con grado reconocido

El ministerio apunta en su informe, que es «admisible suponer que la población demandante de los servicios de atención residencial se compone principalmente de las personas que ya han solicitado una valoración de dependencia y están a la espera de la resolución de esta o bien ya tienen un grado adjudicado». En Extremadura, la población residente se reparte prácticamente a partes iguales entre los que tienen reconocido un nivel de autonomía compatible con un grado I o II, los que tienen un grado III (el más severo) y quienes están sin valorar o no tienen grado reconocido.