¿Los docentes extremeños están marginados?

Me ha llegado información sobre la huelga de educadores extremeños prevista para el próximo 7 de octubre, cuyo objetivo es exigir retribuciones más altas para lograr una equiparación salarial a nivel nacional. Este motivo me lleva a una reflexión. Es cierto que ganan algo menos que en el resto de España, pero creo que no se tiene en cuenta que viven en una región donde el nivel de vida ofrece ventajas comparativas que superan esa diferencia salarial.

Según los datos oficiales, los docentes públicos no universitarios de Extremadura tienen un salario medio un 7,4% inferior al promedio español. La diferencia es aún mayor entre el resto de asalariados extremeños, que perciben un 13,5% menos respecto a la media nacional. Esto indica que, dentro de un contexto “desfavorable”, los docentes están mejor posicionados en materia de remuneración que otros colectivos.

No obstante, conviene reseñar que esa brecha salarial, según el INE y diversas encuestas oficiales, se compensa sobradamente en Extremadura con un nivel de vida cuyos costes anuales son aproximadamente un 30% más bajos que en el resto de España (vivienda en propiedad o alquiler, alimentación, transporte, ocio y cultura, etc.). Esto se traduce, paradójicamente, en un poder adquisitivo real de los maestros y profesores superior al del resto del país.

Además, y lo digo como docente, las condiciones laborales del sector educativo no tienen parangón entre el resto de los trabajadores, tanto públicos como privados. Nadie disfruta de tantas prerrogativas: basta con mirar el calendario escolar de la Junta de Extremadura en cuanto a vacaciones y descansos (verano, navidades, Semana Santa y puentes). A ello hay que sumar las ventajas de la estabilidad laboral (empleo fijo para toda la vida), el horario conciliador gracias a las jornadas continuas de mañana, sin turnos partidos ni nocturnos; la seguridad social reforzada (Muface); las licencias retribuidas; y unas jubilaciones generosas que pueden disfrutarse desde los 60 años de edad.

Y todo ello sin contemplar un escenario inverso, donde el número de alumnos ha descendido irremisiblemente en varios miles durante la última década, mientras que el número de profesores contratados ha ido aumentando de forma constante año tras año.

En definitiva, más allá de las reivindicaciones salariales, cabe recordar que los enseñantes somos doblemente privilegiados: tanto por las ventajas antedichas como por el valor de lo que aportamos en nuestra labor de construiruna sociedad más justa y cohesionada, que debe sustentarse, ante todo, en el compromiso y la vocación de servicio para transformar el futuro de la región.