El caso de 'El Patilla' y los 32 perros muertos de hambre en una finca de Extremadura llega al Gobierno

Los 32 perros fueron hallados muertos literalmente de hambre y en completo abandono, en condiciones lamentables, en una finca de Azuaga. No tenían agua ni comida, unos sueltos, otros atados, otros en boxes, incluso habían intentado alimentarse de los cadáveres en descomposición tras semanas sin recibir ningún sustento. Fue el escenario que se encontró la Guardia Civil cuando a principios del pasado agosto entró en una finca de la localidad pacense de Azuaga tras el aviso de una patrulla del Seprona, que había encontrado indicios de que en la nave pudiera haber animales desatendidos.

Una vez llevada a cabo la inspección en presencia de su dueño, un vecino del mismo municipio, los agentes hallaron los perros diseminados por las instalaciones. La causa fue remitida al Juzgado de Instrucción de Llerena y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Badajoz.

Frente a ello, el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) ha elevado su exigencia al Gobierno para que se reforme urgentemente el Código Penal con el fin de aumentar significativamente las penas de prisión por maltrato animal, pasando del máximo actual de dos años a un tope de diez años en los casos más graves.

La formación animalista ha destacado como argumento el "escalofriante" caso del cazador conocido en Azuaga como 'El Patilla', dueño de la finca e investigado por la muerte por inanición y sed de 32 perros de caza. PACMA matiza en un comunicado que, según la investigación del caso, los animales fueron "abandonados a una muerte lenta y agónica durante al menos dos meses".

Bajo la legislación actual, y a pesar de la extrema crueldad del suceso, "es muy probable" que el presunto responsable no ingrese en prisión, "ya que el delito de maltrato animal nunca supera los dos años, aplicándose la suspensión de la pena", prevé PACMA.

Impunidad "repugnante"

 "Es es el ejemplo más repugnante de la impunidad que sigue existiendo en España", ante la muerte de 32 perros "de la forma más cruel que existe", declara Javier Luna, presidente de la formación. "Resulta inaceptable que alguien pueda cometer una barbaridad así y 'se vaya de rositas' porque la ley lo permite. Esto no es justicia; es una burla a las víctimas y un mensaje claro a los maltratadores: matar animales sale prácticamente gratis", denuncia.

 El Partido Animalista subraya que penas de prisión reales y disuasorias como las que exigen —un máximo de hasta diez años—, son la única medida efectiva para evitar que los agresores continúen pensando que no enfrentarán consecuencias graves por sus actos. Por ello, reitera su compromiso de impulsar estas reformas de manera prioritaria en el Congreso y presiona al Ministerio de Justicia para que acometa el cambio legislativo que ponga a España al nivel de protección animal de otros países europeos.

 "Necesitamos medidas reales. Que quienes matan o torturan a los animales sepan que van a pisar la cárcel y que se les inhabilitará de por vida para tener cualquier animal o trabajar con ellos. Solo endureciendo las penas podremos empezar a proteger realmente a los animales. Quien maltrata a 32 perros hasta su muerte no puede seguir libre", sentencia Luna.