Aceite, miel y residencias de mayores: prioridades de Consumo contra el fraude

El Instituto de Consumo de Extremadura (Incoex), dependiente de la Junta, ha realizado en los dos últimos años más de 8.600 inspecciones con las que se busca proteger a los consumidores y detectar incumplimientos, especialmente en cuatro sectores que califica como prioritarios en las campañas que se desarrollan a nivel regional: el aceite de oliva, la miel, las residencias de mayores y las campañas ‘on line’.

El fin de estas actuaciones no es recaudatorio, a través de la imposición de sanciones, sino «indicativa», con el objetivo de corregir las anomalías detectadas y exigir el cumplimiento de la normativa por parte de las empresas. Y en general, los productores y empresarios están teniendo una «buena respuesta» a sus requerimientos, según ha desvelado esta semana la directora general del Incoex, Rosa Álvarez, en una comisión parlamentaria solicitada por el grupo socialista.

Según sus declaraciones, un gran número de los incumplimientos detectados están motivados por el «desconocimiento» de la normativa por parte de empresas y productores y no se deben a «mala fe», señaló Álvarez.

150 localidades

Esta institución cuenta actualmente con 30 puntos de atención al consumidor, de los que 28 están en las mancomunidades, llegando a 150 localidades. Una de sus funciones más importante es la labor de inspección «con el fin de garantizar que se cumplan las normas, proteger los derechos de los consumidores, garantizar productos seguros y revisar costes y etiquetado».

La directora general quiere convertir esta institución en «moderna» y «cercana», y para ello, además de la labor de inspección, explicó que están trabajando en dos nuevos decretos que verán la luz en los próximos meses y que responden a las demandas de las asociaciones y al desarrollo de la propia normativa que rige este órgano: uno será para regular el registro de las asociaciones de consumidores de la región y otro regulará la organización y funcionamiento del propio Incoex.

Retirada de la subvención a una asociación

Además, avanzó que se está trabajando también en una nueva convocatoria de ayudas a las asociaciones de consumidores por concurrencia competitiva que ahonde en un reparto de los fondos «más justo» para 2026. En este sentido, Álvarez defendió que el Incoex lleva un control «exhaustivo» de sus partidas económicas, y tanto es así, que ha desvelado que hay una asociación que ha tenido que devolver la subvención otorgada en 2024 porque con ese dinero «estaba financiando una actividad privada y no de la asociación». «Soy muy escrupulosa con el gasto del dinero que sale de los extremeños», dijo Álvarez, que valoró positivamente la reciente orden que regula la privacidad de los agentes de inspección, que era una reivindicación de los profesionales.

Además de la actividad ordinaria, la directora general aseguró que ha tenido que poner orden en materia económica y enfrentarse a situaciones heredadas, entre ellas, destacó que cuando llegaron al gobierno regional se encontraron «impagos» del IBI desde el año 2021, así como problemas con el personal que obligaron a cerrar algunas oficinas y el laboratorio por «falta de previsión» y una sentencia condenatoria del Juzgado de lo Social de Cáceres.

Por su parte, el diputado socialista Ricardo Andrés Utrera calificó la gestión llevada a cabo por el Incoex como «insuficiente» y criticó la falta de actuaciones ante los micro cortes eléctricos no programados que sufre la población en distintos puntos de Extremadura, así como la «falta de transparencia» de la Junta en el acceso a los análisis de la calidad del agua.