Cronología del caso Isla Valdecañas: casi 20 años de polémica, sentencias y recursos

El caso Isla Valdecañas lleva casi dos décadas resonando en Extremadura y especialmente en los distintas instituciones judiciales del país que acumulan ya decenas de resoluciones sobre el complejo que, de momento, sigue en pie. Estos son las principales fases del conflicto abierto.

2007: PIR y primeras denuncias

La Asamblea de Extremadura aprobó en 2007, con los votos a favor del PSOE y del PP (los únicos partidos que ocupaban todos los escaños) que Isla de Valdecañas fuera un Proyecto de Interés Regional (PIR). En abril de 2007 el DOE publicó el decreto que permitió recalificar los terrenos donde se iba a levantar el resort turístico, catalogados como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) donde no se podía construir porque era un lugar no urbanizable. Ese mismo año comenzaron las obras en la isla, con más de 130 hectáreas de terreno protegido, y comenzaron las denuncias de Ecologistas en Acción y Adenex contra el proyecto.

2010: apertura del complejo

Unos tres años después de comenzar las obras, la primera fase del complejo entra en funcionamiento. Entonces ya había villas vendidas y el hotel abría sus puertas.

2011: primer varapalo judicial

En marzo de 2011 llega la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que estima los recursos de los ecologistas y considera ilegal el PIR aprobado en 2007. El fallo obligaba a reponer los terrenos a su estado original y se paraliza la construcción de la segunda fase del proyecto urbanístico en la isla. La Junta recurrió la sentencia del TSJEX y apenas 20 días después del fallo, el Consejo deGobierno daba el visto bueno a la propuesta de ley presentada por el PSOE y el PP para la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura (LSOTEX) para permitir la urbanización de terrenos protegidos e intentar dar cobertura legal al Proyecto de Interés Regional.

2014: revés del Supremo

El segundo varapalo vino en 2014, cuando el Tribunal Supremo ratificó la sentencia de 2011 del TSJEx y mantenía que había que devolver los terrenos construidos a su estado original. En ese momento la Junta respondió alegando que era imposible ejecutar esas dos sentencias y demoler todo lo levantado.

2015: la evaluación pericial

Para evitar el derribo, la Junta solicitó un informe pericial independiente para determinar la incidencia que la construcción del complejo turístico habría tenido sobre el hábitat protegido y conocer las consecuencias ambientales de la demolición. El TSJEx aceptó la petición y encargó el estudio a la Estación Biológica de Doñana, órgano dependiente del CSIC. En 2015 el Tribunal Constitucional también declaró inconstitucional la modificación de la Ley del Suelo.

2019: presentación del informe

El informe de 1.118 páginas llegó en enero de 2019 al TSJEx y a todas las partes y entre sus conclusiones estaba que a largo plazo tenía más perjuicios medioambientales mantener el complejo que derribarlo parcialmente, pero también advertía que la demolición sería una actividad ambientalmente «traumática», con impactos intensos aunque de forma transitoria. Luego hubo un periodo de alegaciones y una vista pública el 12 de septiembre en la que los peritos del CSIC se ratificaron en su estudio.

2020: la demolición parcial

Tras el informe pericial, el TSJEx plantea una solución intermedia y abre la puerta a la demolición parcial, de solo aquello que estaba a medio construir y mantener las edificaciones terminadas y en uso, ante el elevado coste del derribo total y el daño ambiental. Ecologistas en Acción recurre la decisión del TSJEx.

2021: encargo a Tragsatec

Con un presupuesto de 64.945 euros, laJunta encarga a la empresa pública Tragsatec la redacción del proyecto de demolición parcial del resort.

2022: nuevo golpe judicial

En febrero de este año, el Tribunal Supremo rechaza la posición del TSJEx y obliga a la demolición total del complejo, no parcial. Encarga al tribunal extremeño la ejecución de la sentencia y este da a la Junta ocho meses para aprobar el plan de demolición e insta a definir una fecha para el desalojo del resort. Tras esta decisión la Junta encargó un sondeo a Metroscopia para conocer la opinión pública sobre el derribo, con un apoyo mayoritario al mantenimiento del complejo, y presentó un recurso de casación contra la sentencia del Supremo, junto a los propietarios y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo. Los tres recursos fueron admitidos a trámite en noviembre de 2022.

2023: cambios con la ‘ley Zepa’

En marzo de 2023, la Asamblea (solo con los votos del PSOE, en mayoría) dio el visto bueno a la Ley por la que se regulan determinados aspectos de la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura, una normativa que intenta salvar el complejo modificando el mapa de la Red Natura 2000 para incluir como Zonas de Especial Protección de Aves (Zepa) 55 territorios, entre ellos el embalse de Valdecañas, que ya se creían catalogados, pero que la Junta asegura que no cuentan con un documento de declaración oficial porque el proceso no se realizó de forma adecuada en su momento.

2025: el TC mantiene el derribo

A finales de septiembre, el Tribunal Constitucional decidió por unanimidad de sus magistrados rechazar el recurso de la Junta contra el derribo de Valdecañas. Mantiene así la sentencia del Supremo de 2022, pero la administración regional está estudiando poisbles recursos y apela a la ‘ley Zepa’ para frenar el derribo del complejo. A principios de octubre el TC desestima también el recurso de los propietarios de las villas y actualmente queda pendiente de resolución el tercer recurso de los ayuntamientos.