Expertos de la UEx cifran el coste del derribo de Isla Valdecañas: 202 euros por extremeño

Quince años después de que el complejo Marina Isla de Valdecañas inaugurara las construcciones levantadas en su primera fase (185 villas, un hotel de cuatro estrellas, una playa artificial, piscinas, un campo de golf de 18 hoyos, un embarcadero, instalaciones deportivas...) la piqueta sigue a las puertas del complejo. Fue declarado ilegal por primera vez en 2011, en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que ya obligaba a la demolición total del complejo y que a día de hoy siguen manteniendo tanto el Supremo como el Constitucional en sus últimas resoluciones.

El derribo es la solución que mantienen los tribunales españoles para cerrar la batalla judicial que iniciaron los grupos ecologistas en 2007, tras la aprobación del complejo como Proyecto de Interés Regional (PIR) a pesar de ubicarse en una zona protegida y no urbanizable. Y en esa salida ahondan una serie de trabajos de investigación realizados en la Universidad de Extremadura (UEx) sobre la urbanización ilegal de Valdecañas. Concretamente, este asunto se ha abordado en la Cátedra de Análisis Geográfico Regional y en el Grupo de Investigación de Construcción Arquitectónicas, con trabajos realizados por los profesores Antonio J. Campesino, José-Carlos Salcedo y Víctor Jiménez, que han sido publicados en distintos años.

Destacado en una exposición nacional

Así, en 2015 en la revista ‘Eria’ avanzaron lo que finalmente ha terminado ocurriendo, y en 2022 en la revista ‘Ciudad y Territorio’, del Ministerio de Fomento, realizaron una valoración económica de los fallos judiciales. Además, recientemente, uno de sus trabajos ha sido seleccionado por Fomento para la exposición ‘50 años de Urbanismo en España’, con la que se conmemoran los 50 años de la Ley de Suelo de 1975, ya que la de Valdecañas «se trata de la sentencia de demolición de construcciones ilegales más relevante de la historia del urbanismo español». Y es que este caso es «mucho más dramático» que otros mediáticos como el del hotel El Algarrobico en Cabo de Gata (Almería) o el hotel Atlanterra en Zahara de los Atunes (Cádiz). En esta exposición, que será itinerante por toda España, indican los tres profesores, que «la urbanización ilegal Marina Isla de Valdecañas constituye uno de los episodios paradigmáticos de la contradicción y tensión entre planificación territorial, protección ambiental y especulación turístico-inmobiliaria en la España contemporánea».

Entre otras cuestiones, los expertos de la UEx dejan claro en sus investigaciones que «en su momento» habría sido «perfectamente posible compatibilizar el desarrollo económico con la protección medioambiental», pero para ello habría que haber planificado y gestionado bien: debían haber estado en vigor las directrices de Ordenación Territorial (que a fecha de hoy aún no existen) y los planes generales de los municipios, para albergar este tipo de actividades que son necesarias. Señalan que incluso debía ser la propia Administración quien conociera y aprovechara los recursos con los que Extremadura cuenta para convertirlos en productos turísticos comercializables y lograr el desarrollo económico y el arraigo de la población al territorio en lugar de ir «a remolque de actuaciones empresariales privadas».

«Falso ecologismo»

Los investigadores destacan también la «gran irresponsabilidad de proteger la isla del pantano para apuntarse a un falso ecologismo hipotecando el futuro» porque, una vez protegida por la UE, esos terrenos se convierten en Suelo No Urbanizable Protegido, como señalan las resoluciones judiciales. Y, por ello, los trabajos de la UEx señalan que la responsable del «desafuero urbanístico» es la Junta de Extremadura con todos los departamentos implicados, que será además quien tenga que pagar los costes e indemnizaciones millonarias.

Los docentes universitarios también consideran irresponsables las «estrategias políticas y mediáticas de distracción» hacia los ecologistas o hacia las personas que compraron las viviendas con licencias en regla y destacan como especialmente grave que la Asamblea de Extremadura (PP y PSOE) modificara en tan solo 20 días la Ley del Suelo para salvar una iniciativa privada, «mientras mantiene parados durante décadas ya la gran mayoría de los planes generales de los pequeños municipios de Extremadura».

Los cálculos económicos

Más allá de las responsabilidades y maniobras, una de las novedades que ofrecen estas investigaciones de la UEx es la valoración económica completa de cumplir con las sentencias que obligan a la demolición. El primer cálculo concreto sobre la desaparición del complejo lo estableció en 2020 el TSJEx, que fijó el coste del derribo del resort en más de 33,9 millones de euros, más otros 111 millones en concepto de indemnizaciones que deberían recibir los propietarios de las 185 villas (unos 600.000 euros por cada vivienda). En total, suponían 144 millones, más del 2% del presupuesto de Extremadura en 2022. Sin embargo, esa cifra sería muy superior hoy en día. Los profesores han actualizado las cantidades a 2025 y han incluido, además, otros conceptos que el auto del TJEx no estimó «por falta de datos». Así en esta actualización de los expertos de la UEx se incluyen conceptos de demolición, gestión y reciclaje de residuos, indemnizaciones a los propietarios de las viviendas y a las empresas por costes de construcción y urbanización, el lucro cesante a las empresas (es decir, los beneficios dejados de percibir por estas) y la restitución de la isla a su estado original. Todos son conceptos que saldrán a la luz en largos procesos judiciales que se sucederán en el tiempo, vaticinan los expertos. Y la suma de todos ellos, concluyen, supondría como mínimo 213 millones de euros, el 2,56% del presupuesto regional (8.309 millones en la actualidad en 2025), o lo que es lo mismo, unos 202 euros por extremeño o cerca de 1.000 por cada familia de la región de cuatro miembros.

De momento, y mientras la cuenta a pagar siguen creciendo, las partes interesadas continúan intentando postergar el final de Isla Valdecañas con nuevos recursos para demorar o evitar el desenlace judicial por una construcción ilegal sentenciada, una actitud «irresponsable», para los expertos universitarios.