La Mesa de la Asamblea admite a trámite la reforma para asegurar legislaturas de cuatro años en Extremadura

La Mesa de la Asamblea de Extremadura ha admitido a trámite la propuesta del PP para reformar el Reglamento de la Cámara y asegurar por ley legislaturas de cuatro años. La iniciativa, que se llevará al pleno por procedimiento de lectura única, es un "reflejo de lo que dice el Estatuto de Autonomía", por lo que los populares no entenderían que el PSOE no la apoyara. "Si no lo hace, va contra sus principios y contra el Estatuto que Guillermo Fernández Vara impulsó en 2011", ha afirmado este lunes el portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá.

El PP registró su propuesta el 30 de septiembre y una semana después fue calificada por la Mesa de la Asamblea, que admitió su tramitación y acordó remitir el texto a la Junta de Portavoces "a los efectos de recabar el preceptivo acuerdo" previo a su debate en el pleno por lectura única. Es lo que popularmente se conoce como procedimiento exprés, sin más trámites que su lectura en el hemiciclo y sin posibilidad de recibir enmiendas de la oposición.

Estudio jurídico

El Grupo Popular impulsa esta iniciativa ante la posibilidad de unas elecciones anticipadas en 2026, como ha insinuado la presidenta de la Junta, María Guardiola, si no logra aprobar los presupuestos autonómicos.La duda es si, en ese caso, Extremadura, al no ser una de las denominadas comunidades históricas (Andalucía, Galicia, País Vasco y Cataluña), debería repetir comicios en mayo de 2027 o, por el contrario, esperar hasta 2030.

El Estatuto de Autonomía, tras la reforma pactada entre PSOE y PP, establece legislaturas con una duración de cuatro años a todos los efectos. Pero no así el Reglamento de la Asamblea, que en una redacción anterior a 2011 sigue distinguiendo, en los artículos 7.1 y 235.2 y 235.3, entre legislaturas ordinarias y de convocatoria anticipada.

Sánchez Juliá ha insistido en que el Estatuto "es claro" en este aspecto, aunque preguntado por la posibilidad de que hubiera elecciones sin aprobar la reforma del Reglamento, ha reconocido que "habría que hacer un estudio jurídico". "No queremos ningún tipo de duda", ha reiterado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Mayoría simple

La propuesta de reforma del Reglamento saldría adelante por mayoría simple (33 votos), pero ni el PSOE ni Vox se han pronunciado todavía. El PP insiste en que no se entendería un voto negativo de los socialistas, dado que la modificación ya está recogida en el Estatuto, norma de mayor rango dentro del ordenamiento jurídico autonómico.

La clave está en el pacto al que llegaron PSOE y PP en 2011. En la reforma del Estatuto aprobada en 1999 ya se dio al presidente la prerrogativa de convocar elecciones anticipadas, pero el artículo 34 establecía que, en caso de disolución anticipada, el mandato de la nueva Asamblea finalizaba cuando debiera hacerlo la disuelta. Sin embargo, en la redacción de 2011, recogida en el artículo 27, ya no se establece limitación alguna del mandato, y así lo constata el dictamen emitido en su día por el extinto Consejo Consultivo.

Lo que dijo el Consejo Consultivo

El Consejo Consultivo ya avaló esta interpretación en su dictamen de 2011, al subrayar que la reforma del Estatuto eliminó la limitación de mandato para las legislaturas adelantadas. "Debe destacarse de la redacción propuesta que suprime, a nuestro juicio acertadamente, el inciso referido a que el mandato de la nueva Asamblea finalizará cuando debiera hacerlo el de la disuelta", recogía el informe.

Este órgano añadía que esa limitación tenía como objetivo garantizar la celebración simultánea de elecciones autonómicas en toda España, de acuerdo con los Acuerdos Autonómicos de 1981. "Una vez que la prerrogativa del presidente de poder adelantar las elecciones autonómicas se ha incorporado al texto estatutario, ya no tiene sentido hacer coincidir el mandato de las Asambleas (la disuelta y la nueva), pues en nada se garantiza la simultaneidad de las elecciones autonómicas", detallaba el dictamen.

Esa misma interpretación del artículo 27 es la que hace ahora la Junta de Extremadura y también el PP, para defender que si se adelantan las elecciones, la nueva legislatura deberá tener una duración completa de cuatro años.

El precedente de Castilla y León

El PP que ve en el caso de Castilla y León el precedente más claro para sustentar su propuesta. La reforma de su Estatuto en 2007, materializada en la Ley Orgánica 14/2007, profundizó en el autogobierno y eliminó limitaciones como la duración de los periodos de sesiones de las Cortes. Por ello, cuando Alfonso Fernández Mañueco adelantó las elecciones en 2022, la comunidad abrió un nuevo ciclo electoral, separándose del calendario común del resto y volverá a votar en 2026.

En Madrid, por el contrario, el presidente puede convocar elecciones cuando quiera, pero su Estatuto establece que “las elecciones se celebrarán el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años”, según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). Por ello, la legislatura que surgió de las elecciones de 2021 tuvo su mandato limitado hasta el término de la legislatura original, y los madrileños volvieron a las urnas en 2023.