Consejo de Gobierno
Luz verde a la tramitación del decreto que modifica los límites de 11 Zepa en Extremadura por "errores cartográficos"
Según Ecologistas en Acción, se trata de una "maniobra" para salvar el complejo turístico Isla Valdecañas

Presa de Valdecañas, en Cáceres. / Iberdrola
El Consejo de Gobierno de la Junta ha dado vía libre a la tramitación del proyecto de decreto que modifica los límites de 11 zonas de especial protección para las ave (ZEPA) en Extremadura. La consejera portavoz, Elena Manzano, ha recordado que el objetivo es corregir los errores cartográficos detectados tras analizar un total de 28 espacios de la Red Natura 2000 y ajustar las delimitaciones a las cotas de máximo llenado conforme a la descripción textual de cada una de las zonas.
La norma afecta a los embalses de Arrocampo, Borbollón, Valdecañas, Valuengo, Horno-Tejero, así como al Complejo Lagunar Ejido Nuevo, la charca Dehesa Boyal de Navalmoral, la charca La Torre y los pantanos de Alcántara, Brozas y Vegas Altas. Se trata, en todos los casos, de ZEPA cuya definición original se realizó siguiendo la cartografía en papel disponible en el momento, ajustando sus límites a cotas de llenado máximas.
Avances tecnológicos
Manzano ha explicado que, en los años transcurridos desde aquella delimitación, el avance de la tecnología ha permitido detectar discrepancias entre las descripciones textuales de las zonas y su representación gráfica. Para resolver esas incongruencias, los técnicos de la Junta han empleado modelos digitales del terreno generados mediante tecnología LiDAR (Laser Imaging Detection and Ranging), que permiten una precisión mucho mayor y una correspondencia exacta entre la realidad física del terreno y los límites administrativos.
El Ejecutivo considera "imprescindible" proceder a la actualización de los límites de aquellos espacios de la Red Natura 2000 que presentan este tipo de errores, con el fin de garantizar la coherencia y la validez legal de su delimitación cartográfica.
Rechazo de UPA-UCE
El texto del decreto fue debatido en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (Camaex) el pasado mes de julio. En esa sesión, la organización agraria UPA-UCE votó en contra del proyecto, alegando que la Administración regional "no ha dado ni un solo paso para reducir las trabas" que afectan a las explotaciones agrícolas y ganaderas en las zonas protegidas.
Según denunció la entidad, la Junta ha incumplido los compromisos adquiridos para buscar fórmulas que simplifiquen la gestión de estas áreas. "Mientras sí se intenta dar soluciones a los ayuntamientos ante los problemas urbanísticos o de desarrollo, los agricultores y ganaderos siguen encontrándose con las mismas restricciones", subrayaron desde UPA-UCE.
La organización recuerda que en muchas de las ZEPA afectadas, la principal actividad económica es la agraria, y advierte de que las limitaciones derivadas de la normativa ambiental están condicionando la viabilidad de numerosas explotaciones.
Críticas ecologistas
Los colectivos ecologistas también han mostrado su rechazo. Desde la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex), su coordinador general, Francisco Parra, explicó que la entidad se opone al planteamiento de la Junta de modificar "de forma global" los límites de todas las zonas ZEPA, sin un análisis individualizado de su valor ambiental.
En concreto, Adenex ha criticado la exclusión de determinadas áreas de protección, como la correspondiente al entorno del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas, que quedaría fuera de la nueva delimitación.

Agencia ATLAS
"Maniobra" para salvar Valdecañas
Por su parte, Ecologistas en Acción ha calificado el proyecto de decreto como una "maniobra" para evitar el derribo del complejo turístico, actualmente pendiente de ejecución judicial. Según denuncian, la Junta argumenta que esa zona "no es inundable y ha perdido su valor ecológico", lo que, a juicio de la organización, vulnera la Directiva de Aves (2009/147/CE) y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que prohíbe desclasificar espacios de protección por razones políticas, económicas o urbanísticas.
"Si se aceptase la argumentación de este decreto extremeño habría que desclasificar cientos de islas, playas, cortados o zonas ribereñas de embalses de toda España y Europa", advierten desde la organización.
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