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El futuro de la instalación extremeña

Antiguos empleados de Almaraz defienden que debería ser la última en cerrar para garantizar la estabilidad del sistema

Argumentan que se ubica en la zona peninsular donde se iniciaron las perturbaciones de tensión que provocaron el apagón del pasado 28 de abril

Manifestacion por la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz.

Manifestacion por la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz. / Toni Gudiel

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Un grupo de antiguos empleados de las centrales nucleares de Almaraz y Trillo, actualmente jubilados, defienden que la planta extremeña lejos de ser la primera en cerrar debería ser la última con el fin de dar estabilidad al sistema.

En un comunicado, en el que expresan la preocupación con la que están viviendo el "inminente cierre" de la central, subrayan que está situada en la Zona Suroeste que, de acuerdo con el informe de la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Electricidad (ENTSO.-e, por sus siglas en inglés) fue la zona donde se iniciaron las perturbaciones de tensión que provocaron el apagón del pasado 28 de abril.

En este sentido, se hacen eco de un informe de la Universidad de Comillas, que refleja que en dicha zona hay una baja generación síncrona y el valor calculado de inercia en las zonas centro y sur está por debajo de las recomendaciones de ENTSO-e. Por lo tanto, la central de Almaraz "ayudaría a dar estabilidad a la red allí donde más se necesita".

Asimismo, sostienen que las medidas adoptadas por Red Eléctrica en estos días se siguen produciendo "perturbaciones de tensión preocupantes", que han obligado a tomar "nuevas medidas con carácter de urgencia".

"La estabilidad de la red eléctrica nacional es una cuestión prioritaria para todos. Es una cuestión de Estado", señalan, por lo que "prescindir ahora de los grupos que pueden dar estabilidad al sistema sería una grave irresponsabilidad".

Situación distinta

Además, subrayan que cuando en marzo de 2019 el Gobierno y las empresas propietarias establecieron un calendario de cierre no se conocían estos hechos. Adicionalmente, en los últimos años se ha observado un "repunte" de la energía nuclear a escala mundial, de modo que cerrar ahora las centrales nucleares españolas sería ir "a contracorriente".

Por todo ello, consideran que ha llegado el momento oportuno de que se vuelvan a reunir las empresas propietarias y el Gobierno y reflexionen "a la luz de los nuevos acontecimientos". Sobre las condiciones que maneja el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) para reconsiderar la prolongación de la vida de las centrales nucleares señalan en el caso de garantizar la seguridad que la de Almaraz es "una de las mejores consideradas" por la Organización Internacional de Energía Atómica con sede en Viena (OIEA) y por la Organización Mundial de Operadores Nucleares (WANO, con las siglas en inglés) a nivel mundial, desde el punto de vista de la seguridad de la propia instalación y de sus trabajadores, después de una trayectoria de más de cuarenta años de funcionamiento.

En cuanto a que sirva para asegurar la seguridad del suministro eléctrico, se refieren a lo expuesto anteriormente en cuanto a su ubicación para dotar de estabilidad al sistema y evitar nuevas perturbaciones.

Finalmente, sobre que no suponga un incremento del precio de la luz, defienden que, de acuerdo con los costes de la energía nuclear presentados públicamente por Endesa el 26 de abril de 2023 en la Real Academia de Ingeniería, se puede afirmar que el coste de las centrales nucleares españolas (47,0 euros/MWh) es inferior al de las centrales nucleares francesas (48,4 euros/MWh), salvo por las cargas fiscales y parafiscales estimadas en 16,2 euros/MWh.

Por este motivo consideran "de justicia" que estas cargas se reduzcan, incluso se "eliminen". De esta forma, no piden ninguna ventaja para las nucleares, sino que "no se las penalice vía impuestos", cuando se subvencionan a otras fuentes de energías con primas "desmesuradas", que han dado origen a "numerosos" laudos arbitrales internacionales que está perdiendo el Reino de España, y cuya cuantía asciende a 1.750 millones de euros, aunque "el valor final está aún por determinar". "Lo que se solicita es poder competir en igualdad de armas, como se dice en el ámbito procesal".

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