La oposición frena la reforma para asegurar por ley legislaturas de cuatro años en Extremadura

La oposición tensa la cuerda a María Guardiola. El pleno de la Asamblea de Extremadura ha tumbado este jueves la reforma del Reglamento de la Cámara que ha promovido el PP para asegurar por ley legislaturas de cuatro años en el caso de que se adelanten las elecciones autonómicas. "Nosotros no cedemos a ningún chantaje. El barco se está hundiendo y los únicos responsables son ustedes. Quieren elecciones, convóquenlas", ha proclamado la portavoz socialista, Piedad Álvarez.

El Grupo Popular impulsa esta iniciativa ante la posibilidad de unas elecciones anticipadas en 2026, como ha avanzado María Guardiola si no logra aprobar los presupuestos autonómicos. La duda es si, en ese caso, Extremadura, al no ser una de las denominadas comunidades históricas (Andalucía, Galicia, País Vasco y Cataluña), debería repetir comicios en mayo de 2027 o, por el contrario, podría alargar la legislatura hasta 2030 como defiende el PP.

El Estatuto de Autonomía, tras la reforma pactada entre PSOE y PP, establece legislaturas con una duración de cuatro años a todos los efectos. Pero no así el Reglamento de la Asamblea, que en una redacción anterior a 2011 sigue distinguiendo, en los artículos 7.1, 235.2 y 235.3, entre legislaturas ordinarias y de convocatoria anticipada.

Procedimiento exprés

La iniciativa se ha debatido por lectura única, un procedimiento exprés que no conlleva más trámites que la lectura de la iniciativa en la tribuna del hemiciclo y su posterior votación. El PSOE y Unidas por Extremadura han votado en contra tanto a la tramitación por lectura única como a la reforma, mientras que Vox ha votado a favor del procedimiento junto al PP y después en contra en la votación final, por lo que la iniciativa finalmente ha decaído.

El portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha criticado esta "nueva pinza" del PSOE y Vox, que se ha producido después de que ambos partidos hayan anunciado que presentarán enmiendas totales a los presupuestos autonómicos de 2026 para pedir su devolución a la Junta.

Sánchez Juliá ha recordado que la distinción entre legislaturas ordinarias y de convocatoria anticipada ya se suprimió en la reforma del Estatuto de Autonomía que PSOE y PP pactaron en 2011 y se ha preguntado si este cambio de criterio de los socialistas obedece a que a su líder, Miguel Ángel Gallardo, "le tiemblan las piernas" por su situación judicial. "¿Desde cuándo adaptar el reglamento al Estatuto es retorcer el reglamento?", ha interpelado a la oposición.

Las imágenes del pleno de la Asamblea de Extremadura este jueves

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Cambiar las reglas del juego

El portavoz de Vox, Óscar Fernández, ha justificado que la formación no iba a contribuir a "cambiar las reglas del juego a mitad del partido". "Han tenido 11 años (PSOE y PP) para modificarlo, pero no lo han hecho porque a ninguno les ha convenido. Ahora hay a uno que es el PP al que le conviene, pero nosotros no vamos a contribuir. Si se quiere cambiar algo que se haga cuando se presenten a las elecciones", ha zanjado.

Por último, el diputado de Unidas José Antonio Frutos ha considerado que lo importante de esta reforma no es el qué, sino "el para qué y el cuándo". A su juicio, Génova dio la orden de convocar elecciones en Extremadura y el Gobierno de María Guardiola está al servicio de esa estrategia.

Estudio jurídico

Sánchez Juliá ha insistido en que el Estatuto "es claro" en este aspecto, aunque preguntado por la posibilidad de que hubiera elecciones sin haberse aprobado la reforma del Reglamento, el pasado martes tras la Junta de Portavoces reconoció que "habría que hacer un estudio jurídico". 

La clave está en el pacto al que llegaron PSOE y PP en 2011. En la reforma del Estatuto aprobada en 1999 ya se dio al presidente la prerrogativa de convocar elecciones anticipadas, pero el artículo 34 establecía que, en caso de disolución anticipada, el mandato de la nueva Asamblea finalizaba cuando debiera hacerlo la disuelta. Sin embargo, en la redacción de 2011, recogida en el artículo 27, ya no se establece limitación alguna del mandato, y así lo constata el dictamen emitido en su día por el extinto Consejo Consultivo.

Lo que dijo el Consejo Consultivo

El Consejo Consultivo ya avaló esta interpretación en su dictamen de 2011, al subrayar que la reforma del Estatuto eliminó la limitación de mandato para las legislaturas adelantadas. "Debe destacarse de la redacción propuesta que suprime, a nuestro juicio acertadamente, el inciso referido a que el mandato de la nueva Asamblea finalizará cuando debiera hacerlo el de la disuelta", recogía el informe.

Este órgano añadía que esa limitación tenía como objetivo garantizar la celebración simultánea de elecciones autonómicas en toda España, de acuerdo con los Acuerdos Autonómicos de 1981. "Una vez que la prerrogativa del presidente de poder adelantar las elecciones autonómicas se ha incorporado al texto estatutario, ya no tiene sentido hacer coincidir el mandato de las Asambleas (la disuelta y la nueva), pues en nada se garantiza la simultaneidad de las elecciones autonómicas", detallaba el dictamen.

Esa misma interpretación del artículo 27 es la que hace ahora la Junta de Extremadura y también el PP, para defender que si se adelantan las elecciones, la nueva legislatura deberá tener una duración completa de cuatro años.

El precedente de Castilla y León

El PP que ve en el caso de Castilla y León el precedente más claro para sustentar su propuesta. La reforma de su Estatuto en 2007, materializada en la Ley Orgánica 14/2007, profundizó en el autogobierno y eliminó limitaciones como la duración de los periodos de sesiones de las Cortes. Por ello, cuando Alfonso Fernández Mañueco adelantó las elecciones en 2022, la comunidad abrió un nuevo ciclo electoral, separándose del calendario común del resto y volverá a votar en 2026.

En Madrid, por el contrario, el presidente puede convocar elecciones cuando quiera, pero su Estatuto establece que “las elecciones se celebrarán el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años”, según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). Por ello, la legislatura que surgió de las elecciones de 2021 tuvo su mandato limitado hasta el término de la legislatura original, y los madrileños volvieron a las urnas en 2023.