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El futuro de la instalación extremeña

Mujeres por Almaraz remite cartas a Yolanda Díaz, Sara Aagesen y María Guardiola para que eviten el cierre de la central

La portavoz de este colectivo, Virginia Aizkorbe, también ha enviado una misiva a la presidenta de Enresa, la extremeña Olga García

Asistentes al reciente acto de presentación de Alianza por Almaraz.

Asistentes al reciente acto de presentación de Alianza por Almaraz. / CARLOS GIL

El Periódico Extremadura

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Cáceres

La portavoz de Mujeres por Almaraz, Virginia Aizkorbe, ha remitido en los últimos días cartas a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social; Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura; y Olga García, presidenta de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). El objetivo de las misivas es que estas responsables, cada una de ellas en su respectivo ámbito de actuación, tomen decisiones encaminadas a facilitar la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz más allá de los años 2027 y 2028, cuando está previsto que dejen de operar sus dos reactores.

En todas ellas se solicita, además, mantener reuniones para explicar el punto de vista de este colectivo con más detalle

En el caso de la carta enviada a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Aizkorbe le pide que interceda ante el Ejecutivo para que se reconsidere el cierre de la planta cacereña. «Plenamente conscientes de que el pacto de Gobierno entre Sumar y el PSOE recoge de forma expresa» la clausura de las nucleares, en la misiva se insta a la vicepresidenta a que «mire más allá de la ideología», porque «una transición energética justa no puede construirse sobre el sacrificio de miles de familias».

De la misma manera, se plantea a la ministra de Trabajo «que escuche el clamor de los sindicatos, de los técnicos, de las pequeñas empresas y de las mujeres que sostenemos cada día esta comarca. Que su voz —tan necesaria en otros debates sociales— sea también la voz de Extremadura».

"Castigar" a Extremadura

«No estamos dispuestas a quedarnos de brazos cruzados. No vamos a permitir que se vuelva a castigar a Extremadura frente a otras comunidades autónomas. Decimos no a un cierre arbitrario, y sí a la continuidad de una central que ha convertido a nuestra región en un referente internacional», se recoge en la carta enviada a la responsable de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

En ella, asimismo, se le interpela, «desde la mayor humildad», para que reciba a las compañías eléctricas propietarias de la central «y establezcas un diálogo con ellas». En este sentido, se apostilla, «sabemos que tenéis diferencias en materia fiscal. Pero vemos con claridad que el cierre de las centrales es mucho peor para todos que su continuidad con una menor presión fiscal. Si cierran, perderemos toda la recaudación y todo el empleo. No puedes permitir que pase esto».

«Somos conscientes de que en este asunto puede haber diferencias. Pero si algo tenemos claro es que nuestro movimiento ha de estar por encima de los debates políticos para centrarse en lo que une a todas: debemos tener voz para evitar un error que pagaríamos muy pronto, nosotras, nuestras familias y nuestro territorio. Y necesitamos del compromiso de mujeres líderes como tú», concluye la carta.

Eliminar la ‘ecotasa’

A la presidenta de la Junta, María Guardiola, se le pide que elimine la ‘ecotasa’ que paga la instalación, para aliviar los «impuestos exagerados» que soporta la planta. «Perderemos mucho más si cierra la central que si continúa sin este impuesto», se aduce. No obstante, la carta fue enviada antes del anuncio realizado por la presidenta regional de reducción progresiva de este impuesto a partir de 2027 si la instalación sigue funcionando.

Por último, en el texto remitido a la presidenta de Enresa, la extremeña Olga García, se le transmite que, como máxima responsable de la «entidad firmante del protocolo de cierre de las centrales en 2019», le traslade a Aagesen «la necesidad de dar continuidad a la instalación al menos hasta 2030», tal y como «ya han pedido» las empresas propietarias, que son las otras firmantes del acuerdo. «Esta unanimidad daría gran fuerza a la petición», se aduce.

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