Familias y expertos piden a la Junta que actualice el protocolo contra el acoso escolar

El caso de Sandra Peña, la sevillana de 14 años que se quitó la vida tras sufrir presuntamente acoso escolar, ha vuelto a poner sobre la mesa una vieja reivindicación: la necesidad de revisar los protocolos contra el acoso en los centros educativos. En este sentido se pronunció el pasado martes la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, quien aseguró que la Junta de Extremadura trabaja desde hace casi dos años en la actualización del protocolo regional, que data de 2016. A preguntas de los medios, señaló que aunque se ha reducido el número en Extremadura, desde el Gobierno no están «satisfechos», al considerar que un solo caso «ya es mucho». «Tiene que desaparecer», sentenció.

Según la última memoria presentada en el Pleno del Observatorio de Convivencia, la consejería contabilizó en el curso 2023/2024 un total de 119 denuncias por situaciones de acoso escolar entre alumnos en los colegios e institutos extremeños, aunque de ellas solo 10 se pudieron constatar como reales, de las que ocho fueron de acoso escolar y dos de ciberacoso. En esta reunión, que se celebró el pasado mes de marzo, se abordó también el desarrollo de la nueva Ley de la Convivencia Escolar, de la que Vaquera dijo entonces que tenían «muy avanzado» el borrador para pasar en breve a consultas.

Redes sociales

«El protocolo está completamente obsoleto», denuncia Maribel Mendoza, presidenta de la Asociación Contra el Acoso Escolar de Cáceres (Acoes) y madre de un joven que sufrió bullying por parte de un compañero de instituto, que terminó agrediéndole. «En el año 2016 no existían TikTok ni Instagram como ahora. Los chavales se relacionan a través de redes sociales que no están contempladas en ninguna parte del protocolo. El acoso ya no se queda en el aula, sino que continúa 24 horas al día, los siete días de la semana», advierte.

«Raro es el mes que no nos llama una familia desesperada», sostiene. Según relata, cuando se detecta un posible caso de acoso, el sistema «se centra en la víctima, no en el agresor». «A los niños que sufren bullying les hacen preguntas sobre si sus padres se llevan bien, si tienen problemas en casa, si su madre los trata bien, pero no se investiga al acosador. Es como si quisieran justificar lo que pasa», expresa. El resultado de este proceder es que las víctimas «terminan siendo vistas como el problema» y, con frecuencia, acaban siendo ellas a las que cambian de aula o de centro. «¿Por qué se tiene que ir el niño acosado y los acosadores se quedan? Porque es más sencillo mover a uno que a cinco, eso me dijeron una vez», asegura Mendoza.

A su juicio, otro de los grandes problemas es la resistencia a reconocer un caso de acoso: «Hay colegios que prefieren taparlo porque creen que abrir un protocolo da mala imagen, cuando un colegio que abre un protocolo demuestra que funciona, que se toma en serio a sus alumnos y a las familias». La portavoz apunta también a los padres que reproducen comportamientos de acoso en los grupos escolares. «Hay más bullying en el Whatsapp de las mamás que en el colegio», alerta. En su opinión, la responsabilidad empieza en casa: «Si un padre o una madre insulta a su expareja delante del niño o lo utiliza como moneda de cambio en un conflicto, ese niño crece normalizando la violencia y se refleja en el colegio».

Más agilidad

El psicólogo y especialista en casos de acoso escolar Javier García, de la delegación extremeña de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (Aepae), denuncia que el protocolo actual «no sirve ni protege a la víctima». Según explica, los procedimientos son tan lentos y burocráticos que «mientras se investiga si el caso es o no acoso, puede pasar un mes o más, y durante ese tiempo no se hace nada». Por ello propone una revisión profunda, empezando por la prevención y la intervención inmediata en los centros educativos: «Si hay indicios de acoso, da igual cómo lo llamemos, hay que intervenir ya, trabajar con la víctima y con el acosador. Lo primero es separarlos, no pueden seguir juntos».

En esta línea, afirma que en todos los colegios existen casos, aunque no siempre se detecten. «El centro que diga que no tiene ningún caso miente. Lo difícil es que salga a la luz, porque los acosadores actúan cuando nadie los ve y las víctimas tienen miedo de hablar», explica. Pone el foco a su vez en el ciberacoso, que agrava el problema y prolonga el sufrimiento de la víctima. «Antes, el acoso terminaba al salir del colegio, pero ahora continúa en las redes. Una burla o una foto pueden circular al instante y amplificar el daño, ya que lo que empezaba con dos acosadores puede acabar con veinte».

Sobre el papel de las familias, insiste en la importancia de la comunicación y la detección temprana: «Los niños no siempre se atreven a contarlo. Hay que estar atentos a los cambios de comportamiento, la tristeza o el aislamiento, pues son señales de alarma». El impacto del acoso, añade, puede ser devastador y durar toda la vida. «Estoy tratando a adultos que fueron acosados de pequeños. Arrastran baja autoestima, inseguridad y depresión. No es ninguna broma. Estamos hablando de vidas marcadas y, en los casos más graves, de adolescentes que llegan al suicidio», lamenta.