El Senado aprueba suprimir la fecha de cierre de Almaraz, que ahora queda en manos de Junts en el Congreso

La energía nuclear es “limpia” y “económica”, dos circunstancias que se deben dar de forma “indudable” en el desarrollo e implantación de la Ley de Movilidad Sostenible que tramitan las Cortes, una ley que busca descarbonizar el transporte, digitalizar el sector, reconocer la movilidad como derecho ciudadano y aumentar la eficiencia del gasto público. Son los argumentos de base del Grupo Popular en el Senado para solicitar la eliminación del actual calendario de cierre de Almaraz, que ha salido este miércoles adelante tras la votación en el pleno de la Cámara Alta. Ahora llegará al Congreso, donde se ha producido un cambio respecto a anteriores iniciativas sobre las nucleares: Junts ha roto su acuerdo con el Gobierno y su voto podría sacar adelante una prórroga de las centrales. Cabe recordar que en Cataluña operan dos: Ascó y Vandellós.

En una semana

El PP ha aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para incluir una enmienda al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible (se tramita de urgencia) con ese propósito, alegando que la nuclear garantiza “por un lado, bajos precios de la energía, y por otro, una movilidad libre o baja en emisiones”. La modificación fue ratificada el lunes por la Comisión de Transportes y aprobada este miércoles en sesión plenaria, dentro de un paquete de enmiendas que ha recibido el 'sí' mayoritario de la cámara por 241 apoyos (entre ellos PP y PSOE). Vox ha votado en contra. No obstante, el texto será ahora devuelto al Congreso para su debate la próxima semana. Entonces los partidos se pronunciarán sobre cada enmienda, una por una, y se verán los respaldos concretos de la relativa a Almaraz.

Si la enmienda recibe los votos necesarios, se incorporará definitivamente a la ley, de cuya aprobación depende la llegada a España de 10.000 millones de euros de fondos europeos.

Momento crítico

Esta reforma legal pretende postergar la fecha de cese definitivo de explotación de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). Afecta de lleno a la central cacereña, la primera en el calendario de cierre, cuyas propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy) acaban de pedir al Gobierno la ampliación de la vida útil de la planta hasta junio de 2030, más allá de las fechas actuales de desconexión: el primer reactor en 2027 y el segundo en 2028.

En concreto, la enmienda en cuestión propone modificar el apartado segundo de la Orden TED/773/2020, de 23 de julio, por la que hace cinco años se renovó la autorización de explotación de las nucleares, y eliminar el apartado en el que se pone fecha exacta de cierre de tres plantas: Almaraz (2027 la unidad I y 2028 la unidad II), Ascó I (finales de 2030) y Cofrentes (30 de noviembre de 2030). En su exposición de motivos, los populares alegan que el transporte y la movilidad son clave en la lucha contra las causas del cambio climático, y por tanto consideran adecuado continuar “con la contribución de la nuclear en el mix energético”.

Razones: energía barata y sin emisiones

De hecho, los dos principios “claros” de la Ley de Movilidad Sostenible son los precios asequibles y una movilidad sin emisiones o con las menos posibles, subraya la justificación de la enmienda. Respecto a las emisiones, se apoya en los argumentos de organismos internacionales como el IPCC, la IAEA o la IEA y la propia Comisión Europea, que destacan el papel “clave” de la nuclear en la transición energética por sus bajas emisiones, su contribución a la garantía de suministro y sus bajos costes de producción.

En cuanto a los precios, considera “incontestable” que la energía atómica abarata el precio de la electricidad, y por tanto de un transporte sostenible. Por ejemplo, la consultora PWC señala que el cierre nuclear supondrá un aumento del precio de la electricidad a futuro de 13 €/MWh, además de multiplicarse por 6 las emisiones de CO2 y el consumo de gas natural, “poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos y mermando la soberanía energética del país, que incrementará sus importaciones de electricidad en un 58%”.

Concluye el informe con que “la energía nuclear supone un ahorro al consumidor medio en la factura de casi 8.000 millones de euros al año. Sin el parque nuclear, la factura eléctrica aumentaría un 23% para el sector doméstico y la pequeña y mediana empresa y en un 35% para la industria”.

¿Podrá aprobarse?

Parece más que probable que, en la vuelta de este proyecto de ley al Congreso, el bloque de investidura (el PSOE y sus socios) rechace las aportaciones del PP y ratifique el texto que ellos aprobaron por el pleno del Congreso el pasado 8 de octubre, con 174 votos a favor, 170 en contra y la abstención de los cuatro diputados de Podemos, que en el último momento cerraron un acuerdo con el Ministerio de Transportes.

No obstante, si el PP consigue el apoyo de Vox y Junts, podría sacar adelante dicha enmienda. Cabe recordar que Junts ya permitió (con su abstención) que se aprobara en el Congreso una proposición de ley del PP, que también apoyó Vox, en favor de prorrogar la vida útil de las nucleares el pasado 17 de junio.