Diez años de la ‘ley mordaza’: 68.400 multas en Extremadura y 44 millones

La protesta sale cara. Pero también consumir cannabis u otras sustancias en la calle, grabar o fotografiar a policías, faltar al respeto a la autoridad, portar una navaja o una pistola o negarse a identificarse. Desde que la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana —popularmente conocida como ley mordaza— entró en vigor el 1 de julio de 2015, Extremadura acumula más de 68.000 sanciones. El coste: supera los 44 millones de euros. Diez años después, la norma sigue viva, intacta en sus puntos más polémicos pese a la reforma largamente prometida por el PSOE y que sigue bloqueada en el Congreso, y con una eficacia recaudatoria que solo el año pasado alcanzó en el conjunto del país 203,75 millones, según los últimos datos del Ministerio del Interior.

Nacida como respuesta institucional al auge del 15-M, la ley se presentó como un escudo frente al desorden. Pero en la práctica funciona como un mecanismo de control de la disidencia, el ocio juvenil y las infracciones leves.

Solo en 2024, en Extremadura se impusieron un total de 7.908 sanciones por incumplimientos de la ley mordaza —un 12,6% más que el año anterior— con una recaudación de 5 millones de euros. Es decir, más de 13.000 euros diarios. El de 2024 fue el segundo ejercicio más sancionador en las calles de Extremadura, solo por detrás de 2020. Fue precisamente el año de la pandemia, el año del mayor castigo. En 2020, la comunidad extremeña alcanzó su récord: 10.321 multas y casi 7 millones recaudados. Desde entonces, aunque las cifras han bajado, la comunidad se mantiene en el ecuador de las comunidades con menor número de sanciones.

Comparativa entre comunidades

Aún así, el balance del año pasado coloca a Extremadura como la novena comunidad con menos multas, por encima de Aragón (7.492), Asturias (6.774), La Rioja (5.215), Cantabria (4.318), Navarra (2.658), Baleares (2.622), País Vasco (865) y Cataluña (370). Por delante de Extremadura se colocan otras ocho comunidades, con Andalucía (107.797 sanciones) a la cabeza, seguida de Madrid (54.616), Canarias (28.678), Castilla y León (22.348), Castilla-La Mancha (20.522), Comunidad Valenciana (20.356), Murcia (16.583) y Galicia (13.883) durante 2024.

En el conjunto del país, los expedientes sancionadores rozaron el año pasado los 327.800, el 4,2% de ellos abiertos en la comunidad gallega. Durante 2024, en España repuntaron tanto las sanciones como la recaudación: un 15,2% en el caso de las multas y casi un 17% los ingresos, lo que evidencia una mayor gravedad de las infracciones detectadas. En el caso de Extremadura, las denuncias aumentaron notablemente (por encima del 12%), mientras que el importe se incrementó por encima, un 14,6%.

Pero el comportamiento ha sido dispar en las dos provincias extremeñas, con Badajoz (con mayor población total) por encima de Cáceres en el número de infracciones de la ley mordaza en Extremadura durante el año pasado: 4.266 y 3.642, respectivamente. En el caso de la provincia pacense, la cifra de sanciones de 2024 es la tercera más elevada de la última década y apenas similar a la registrada en 2020 (con 4.300 sanciones), cuando se dispararon curiosamente las infracciones. Ese año crecieron especialmente en la provincia de Cáceres, con 6.021, frente a las 3.642 registradas durante 2024. Solo en dos ocasiones (2020 y 2016), la provincia cacereña ha liderado esta estadísticas en la región.

En cuanto a la recaudación, creció en las dos provincia durante el último ejercicio: de 2,4 millones se pasó a 2,8 en Badajoz y de 1,9 millones se pasó a 2,2 en Cáceres, la segunda cifra más alta de la historia.

Un amplio perfil infractor

Por su parte, el perfil del infractor es amplio: desde jóvenes en botellones hasta activistas en concentraciones espontáneas. La mayoría de las sanciones son leves, pero las graves pueden alcanzar los 30.000 euros. La ley sanciona desde concentraciones no comunicadas hasta faltas de respeto a la autoridad, pasando por la toma de imágenes de agentes en actos públicos. Fue aprobada por el Gobierno de Rajoy en un contexto de fuerte movilización social y ha sido criticada por organismos internacionales, juristas y colectivos sociales por vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión.

Desde 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez ha prometido su derogación o reforma. Sin embargo, tras tres intentos legislativos, los artículos más controvertidos siguen vigentes. Ni la eliminación de las devoluciones en caliente ni la revisión del régimen sancionador han prosperado. La ley ha sobrevivido a mociones, pactos y promesas, consolidándose como un instrumento de control más que de seguridad.