El 21D abre una nueva vía para que el caso David Sánchez se derive al TSJEx

Como casi todo últimamente en la política extremeña, es una situación sin precedentes: nunca antes se había presentado a las elecciones autonómicas un candidato imputado. Los problemas judiciales de Miguel Ángel Gallardo marcarán la carrera hacia el 21D, pero más allá de lo que depare la noche electoral, el calendario judicial puede influir de forma decisiva en el arranque de la nueva legislatura.

El plazo fijado señala la celebración del juicio por el caso David Sánchez entre el 9 y el 14 de febrero de 2026 en la Audiencia Provincial de Badajoz. Esa fecha, aparentemente lejana al 21D, se cruzaría de lleno con los plazos institucionales que marcarán el nuevo ciclo político, al coincidir con el periodo de consultas para la investidura del presidente de la Junta. Según los plazos de la normativa electoral, la nueva Asamblea debe constituirse antes del 20 de enero y la fecha tope para celebrar el pleno de investidura es el 19 de febrero.

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Consultas para la investidura

Esto significa que el juicio en la Audiencia, si finalmente se lleva a cabo, se desarrollaría en pleno periodo de negociaciones políticas y búsqueda de acuerdos de gobernabilidad si, como apuntan las encuestas, nadie obtiene mayoría absoluta. La vista, que de nuevo cuestionaría la idoneidad del líder socialista, podría finalizar apenas cinco días antes de la primera votación de investidura e incluso coincidir en fechas con la sesión plenaria, donde un solo voto puede ser clave.

Conocer ya la fechas del juicio ha despejado parte de la incertidumbre que planeaba sobre la campaña de Miguel Ángel Gallardo, pero aún no está todo dicho. El 21D abre una nueva vía para que el caso David Sánchez se derive al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), lo que implicaría primero un retraso en las fechas previstas hasta decidir sobre la cuestión competencial y después, en caso afirmativo, el cambio de instancia judicial.

Y a ello hay que añadir la posibilidad de que la defensa de David Sánchez, como ya ha avanzado, solicite la recusación del tribunal. El abogado Emilio Cortés aprecia «cierta pérdida de imparcialidad» y un cambio en la composición del tribunal puede motivar también un retraso.

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El aforamiento de Gallardo

El TSJEx ya rechazó asumir la causa que investiga la contratación del hermano del presidente del Gobierno al considerar un «fraude de ley» el aforamiento exprés del líder socialista, pero tras el 21D y no habrá género de dudas: el fuero especial se activará de forma automática en el momento en que recoja su nueva credencial de diputado electo, sin necesidad de esperar a la sesión constitutiva de la Asamblea para tomar posesión.

El escrutinio general —que realizan las juntas electorales provinciales el quinto día después de las elecciones— se celebrará el viernes 26 de diciembre, justo el primer día hábil tras la festividad de Navidad. Poco después (normalmente el siguiente día hábil), las juntas electorales proclaman a los 65 diputados electos y emiten sus credenciales, con las que los nuevos parlamentarios —Gallardo incluido— adquirirán todos los derechos y prerrogativas del cargo, incluido el aforamiento. El líder socialista es el número 1 de la lista por la provincia de Badajoz, de forma que se da por supuesto que conseguirá el escaño.

El calendario político

El calendario político dependerá en última instancia del resultado electoral. No es lo mismo disponer de una mayoría suficiente para elegir sin sobresaltos la Mesa de la Asamblea y después investir al presidente de la Junta que tener que negociar cada paso, como ocurrió en 2023. Hace dos años, con PSOE y PP empatados a 28 escaños, la Asamblea se constituyó el 20 de junio, 23 días después de las elecciones. La investidura tuvo lugar el 14 de julio, 47 días después tras un periodo de tensas negociaciones entre el PP y Vox.

Quien tiene la potestad de activar los tiempos es María Guardiola. La sesión constitutiva de la Asamblea la convoca el presidente de la Junta en funciones mediante decreto y debe hacerlo dentro de los 15 días siguientes a las elecciones, en este caso entre el 22 de diciembre y el 5 de enero.