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Consejo de Política Fiscal y Financiera

Extremadura pide crear grupos de trabajo sobre el nuevo sistema de financiación y el Gobierno lo descarta

La consejera de Hacienda, Elena Manzano, defiende un sistema consensuado que sea "justo y garantice los principios de autonomía financiera"

En el centro, la consejera de Hacienda de la Junta, Elena Manzano

En el centro, la consejera de Hacienda de la Junta, Elena Manzano / Juntaex

Mérida

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha reclamado este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la creación inmediata de grupos de trabajo técnicos para abordar la reforma del modelo de financiación autonómica, una herramienta prevista en el artículo 5 del reglamento del órgano. Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha rehusado esta petición del Ejecutivo extremeño. "Me ha dicho que grupos de trabajo no, que hablará con nosotros, pero nada de elaborar conjuntamente el sistema", ha lamentado.

En el encuentro, que ha durado unas cuatro horas, Montero ha trasladado a las comunidades su intención de presentar un nuevo modelo de financiación autonómica en los próximos dos meses, que combinaría la multilateralidad con la bilateralidad. "No ha sido muy concreta en cuanto a las fechas, nos ha dicho que en 2026 presentarán un avance y que su objetivo es que esté en vigor antes de 2027", ha indicado. "He propuesto que hubiera grupos de trabajo para trabajar ya en todo, en porcentajes de cesión, puntos de conexión, los fondos del sistema... La idea es un modelo unilateral por parte del Estado", ha señalado.

En su intervención, Manzano ha vuelto a defender la necesidad de un nuevo sistema de financiación autonómica que "sea justo y que garantice los principios de autonomía financiera" a todos los territorios. Ha recordado que el actual sistema de financiación autonómica data del año 2009, hace ya "demasiado tiempo", por ello urge un nuevo modelo que se negocie con todas las comunidades y que "garantice recursos suficientes para prestar los servicios públicos en nuestra región". "Tenemos que tener capacidad para determinar cuáles son nuestros ingresos, capacidad normativa para poder regular las principales figuras impositivas", ha subrayado.

Alegaciones

Por otra parte, Manzano ha recordado que los consejeros de Hacienda del PP han presentado alegaciones al acta del anterior CPFF, celebrado el pasado 26 de febrero, "porque se indican cosas que no sucedieron, se interpreta la situación a favor del Gobierno y en contra de las comunidades autónomas". En ese encuentro, los dirigentes populares abandonaron la sala cuando se iba a debatir el punto relativo al Impuesto a la Banca, sobre el que Extremadura ha interpuesto un recurso de iinconstitucionalidad porque "atiende a criterios de reparto totalmente inéditos e injustos y vulneran el principio de igualdad"; y el de la"falsa condonación de la deuda, que es el perdón a la mala gestión del separatismo catalán".

"¿Qué es lo que recoge ese acta? Pues no recoge nada de esto, no recoge esa disconformidad, sino que lo que recoge es que esa ausencia equivale a una abstención", ha criticado Manzano. "Lo primero que hemos hecho ha sido rebatir ese acta, decir que la ausencia jamás equivale a una abstención, que así se manifiesta en el propio reglamento de funcionamiento del Consejo, pero lo que nos ha indicado la vicepresidenta es que ellos entienden que la ausencia equivale a una abstención y que la combatamos en la vía jurídica, cosa que por supuesto vamos a realizar", ha avanzado.

Entre otros asuntos, Montero les ha planteado a las comunidades autónomas un déficit del 0,1% para los años 2026, 2027 y 2028, lo que supone dotar a las regiones de un margen fiscal que alcanza los 5.485 millones. "Lo que hemos manifestado ha sido lo mismo que en otras ocasiones, pedir un reparto proporcionado de ese objetivo de déficit y poner encima de la mesa, pues esa contradicción que existe entre el objetivo de déficit y la regla de gasto", ha advertido. En este punto, ha insistido en que las comunidades soportan competencias esenciales como sanidad y educación, que imposibilitan cumplir con el 0,1%, mientras el Estado mantiene un 2%.

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