UPA-UCE pide que se dé marcha atrás en la equiparación del tabaco calentado con los cigarrillos tradicionales

La organización agraria UPA-UCE ha pedido revisar el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre pasado cuyo contenido equipara aquellos productos de menor riesgo con el tabaco tradicional, "bloqueando" de esta forma "el desarrollo de innovaciones que dependen directamente de la hoja de tabaco nacional".

En el marco de su octavo congreso regional, esta organización agraria ha publicado este miércoles una declaración para defender un cultivo “estratégico” para la región. Desde UPA-UCE se señala que el sector tabaquero atraviesa un momento de profunda incertidumbre, que se ha visto agravado por iniciativas regulatorias que, de mantenerse en los términos actuales, pueden “comprometer seriamente la viabilidad económica, social y territorial de una actividad estratégica para miles de familias, especialmente en Extremadura”.

En este sentido, se arguye que esta equiparación normativa frena la evolución de productos alternativos, como el tabaco calentado, ”que hoy constituyen la principal vía de futuro para mantener la demanda de hoja española. Tratar de igual manera productos con usos, características y efectos claramente diferenciados supone cerrar la puerta a la diversificación y condenar al sector productor a la pérdida de un mercado esencial para la sostenibilidad del cultivo”.

Este colectivo agrario asegura compartir “plenamente la necesidad de proteger la salud pública y combatir el tabaquismo, especialmente entre menores”. No obstante, se puntualiza, el anteproyecto de ley “resulta desproporcionado y no incorpora adecuadamente el impacto real sobre el empleo, la innovación, el tejido rural y la sostenibilidad del cultivo. Las medidas previstas ponen en riesgo un sector legal, estructurante y esencial para la continuidad de servicios y actividad económica en territorios sin alternativas reales”.

Un marco regulatorio estable

Igualmente, UPA-UCE pide garantizar un marco regulatorio estable, que permita a los productores planificar con seguridad y continuar adaptándose a las nuevas exigencias ambientales y de mercado, al tiempo que reconocer el valor económico, social y ambiental de este cultivo especialmente en Extremadura. Un aspecto que, esgrime, habría que tener en cuenta en cualquier reforma legal que pueda afectar a su viabilidad. También plantea, por un lado, promover un equilibrio real entre la protección de la salud pública "y la supervivencia de un sector estratégico que sostiene miles de empleos, fija población en el medio rural y contribuye a la cohesión territorial; por otro, abrir un proceso de diálogo con el sector agrario, a través de sus organizaciones representativas, para garantizar que la futura normativa "responda a criterios de proporcionalidad, conocimiento técnico y sostenibilidad".