La Junta de Extremadura alegará los cambios en las Zepas para evitar el derribo de Valdecañas

La Junta de Extremadura seguirá peleando por Valdecañas. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha confirmado este jueves que el Ejecutivo autonómico alegará ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que las últimas modificaciones introducidas en la normativa que regula las Zonas de Especial Protección para las Aves (Zepa) en Extremadura avalan la legalidad del complejo turístico y que por tanto, no es necesario su derribo.

"Esa es la postura que vamos a defender ante el tribunal que se tiene que pronunciar ahora", ha señalado Manzano después de que el Tribunal Constitucional haya desestimado el recurso de amparo presentado por los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo contra la sentencia del Supremo que ordena la demolición. El Constitucional ya había rechazado anteriormente los recursos de los propietarios de las villas y la propia Junta de Extremadura, que insiste en que en base a la normativa actual no es necesario proceder al derribo.

Manzano se ha referido a dos decretos que están actualmente en tramitación para modificar los límites de medio centenar de Zepas y otros 13 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) tras detectar "errores cartográficos" en las delimitaciones iniciales. Ambos afectan al complejo Marina Isla Valdecañas.

Nuevos límites

El primero de ellos incluye 11 embalses donde la definición original de la zona protegida se realizó siguiendo la cartografía en papel disponible en el momento, ajustando sus límites a cotas de llenado máximas. En los años transcurridos desde aquella delimitación, el avance de la tecnología ha permitido detectar discrepancias entre las descripciones textuales de las zonas y su representación gráfica. Para resolver esas incongruencias, los técnicos de la Junta han empleado modelos digitales del terreno generados mediante tecnología LiDAR (Laser Imaging Detection and Ranging), que permiten una precisión mucho mayor y una correspondencia exacta entre la realidad física del terreno y los límites administrativos.

El segundo decreto cambia los límites de 39 Zepa y propone a la Comisión Europea la modificación de otros 13 LIC cuyas zonas urbanas no se habían delimitado con rigor y se incluyeron al completo en la Red Natura 2000 "sin que realmente tuvieran valores naturales que justificasen ese alto nivel de protección". Como consecuencia, los municipios afectados "no pueden construir infraestructuras básicas como parques o residencias de ancianos ni ampliar polígonos industriales o cementerios", de forma que el Ejecutivo plantea una corrección para levantar las restricciones y permitir el desarrollo urbanístico.

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Críticas de Fondenex

Las organizaciones ecologistas han mostrado ya su rechazo a la tramitación de ambos decretos al considerar que se trata de una "maniobra" para salvar Valdecañas y este jueves, también el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) se ha sumado a las críticas y ha pedido la demolición del complejo.

El colectivo considera que tras la última decisión del Tribunal Constitucional "ya no se pueden dar más largas" a la ejecución del derribo. A su juicio, la sentencia "deja como única salida" la demolición completa del complejo y la restauración de la isla y de las márgenes del embalse. "La urbanización fue autorizada a sabiendas de que se construía en una Zepa", ha recordado.

Fondenex ha destacado el valor ambiental de este entorno, "que alberga la mayor concentración invernal de cormorán grande de España, con alrededor de 4.000 ejemplares, además de somormujos lavancos, garcetas comunes, garzas reales, cigüeñas negras, pagazas piconegras o charrancitos". A ellos se añaden la presencia en sus márgenes de especies como águilas imperiales, buitres negros, sisones, gangas y carracas.